PICICA: "La disidencia es, clásicamente, la construcción de un lugar que se
posiciona frente a un centro de poder. En América Latina, la disidencia
puede pensarse en distintos momentos como figuras cambiantes, como
itinerarios que abren a descomposiciones y recomposiciones de la
topografía política. Esto supone una tesis: el poder muta en relación a
esas figuras disruptivas, tratando alternativamente de subsumirlas,
metamorfosearlas, quebrarlas y/o disolverlas. Está siempre a su espera,
atento a lo que ellas producen y simultáneamente probando su propia
capacidad de captura."
por Verónica Gago y Diego Sztulwark
De la resistencia al impasse
La disidencia es, clásicamente, la construcción de un lugar que se
posiciona frente a un centro de poder. En América Latina, la disidencia
puede pensarse en distintos momentos como figuras cambiantes, como
itinerarios que abren a descomposiciones y recomposiciones de la
topografía política. Esto supone una tesis: el poder muta en relación a
esas figuras disruptivas, tratando alternativamente de subsumirlas,
metamorfosearlas, quebrarlas y/o disolverlas. Está siempre a su espera,
atento a lo que ellas producen y simultáneamente probando su propia
capacidad de captura.
Durante la década del 90, en Argentina, la disidencia constituía un
variopinto repertorio de contestaciones y resistencias al esquema
neoliberal de gobierno que era, básicamente, la explicitación de
reformas que habían tenido su origen en las dictaduras militares y en el
genocidio perpetrado por el terrorismo estatal. La disidencia,
entonces, estaba claramente nutrida y difundida por una red de prácticas
que planteaban en el plano de la justicia y la memoria, de los derechos
humanos, laborales y sociales, una apuesta de acción política no
institucional. Esto suponía, en lo concreto, desarrollar formas de
antagonismo que iban más allá de las fronteras delimitadas por el Estado
para aquello designado como espacio político. También, este proceso nos
llevó, de un modo, a trazar una genealogía (o una historia no lineal)
con las luchas de los años 60/701. Entre la transición democrática (y su fallido proyecto de reconciliación nacional) de
los años 80 a la explicitación del proyecto neoliberal durante los 90,
la disidencia tomó la forma de una pluralidad resistente.
Podemos ubicar el inicio de un segundo momento en el pasaje de la resistencia a la crisis como acontecimiento que
hizo visible y audible una multiplicidad de sujetos y espacios
políticos de nuevo tipo. La crisis de 2001 en Argentina fue el momento
donde esa red de prácticas resistentes toma cuerpo en la lucha
callejera, se abre a un protagonismo marcado por la presencia de los
sectores de desocupados que van más allá de su mera definición como
excluídos y donde las iniciativas de los diversos movimientos sociales
se convierten en una forma de hacer, pensar y proponer que redefine y
organiza de manera radical el conflicto político. Tal dinámica
desplegada en iniciativas concretas (del piquete al escrache, de la
asamblea a la red de trueque) renueva las imágenes y las nociones de la
política desde abajo.
Es entonces cuando el antagonismo se vuelve destituyente: el
protagonismo social declara el fin de la legitimidad política del
neoliberalismo e inaugura un verdadero inicio de la posdictadura2 al
comienzo del siglo. La disidencia, entonces, se convierte en la
constatación popular de la representación vaciada del sistema político
y, en contraposición, en la propuesta de modos de resolución de la vida
concreta a partir de dispositivos (comunitarios, organizativos, de
movilización y negociación) de los propios movimientos sociales. La
disidencia, como figura política, deviene propositiva y, más que una
fórmula negativa o de desplazamiento continuo, se encarna en la dinámica
de creación social en marcha. La disidencia funciona simultáneamente como una modalidad de innovación política y de crítica institucional. Y es, sobre todo, una posición inmanente: no se trata de una forma de distancia crítica o prudente,
sino de un proceso de inmersión, una perspectiva interior, a la
dinámica propia de crisis e invención desde posiciones también múltiples
que se apropian del espacio público y sus dilemas.
Esa fase de autonomía en ebullición es brutalmente interrumpida con el
crimen de dos militantes del movimiento de desocupados que busca
aleccionar por el terror: nuevamente, la masacre aparece como
posibilidad real y efectiva frente al avance territorial y experimental
de la organización popular3.
En el 2003, el período que se inicia con el gobierno de Néstor Kirchner
(tras una victoria con un bajísimo porcentaje de votos) opera como una
suerte de freno a la posibilidad de una escalada del conflicto social y
la represión estatal. En ese sentido, se propone una tregua que
rápidamente, por algunos signos fuertes desde el gobierno, apuesta al
reconocimiento de las luchas sociales como capital simbólico y se
traduce como signo y contenido de ciertas políticas estatales.
La polarización producida desde entonces movió el eje de la coyuntura,
reponiendo al gobierno y al Estado como vectores principales de la
topografía política. Esto fue posible gracias a que el gobierno operó
una política de doble reconocimiento: de las luchas sociales,
especialmente aquellas vinculadas a los derechos humanos, por un lado, y
de la necesidad de reconstrucción del sistema de gobierno, por el otro.
La resultante fue un esquema de nuevos alineamientos que debieron
pronunciarse a favor o en contra de la gestión en curso. Ya durante el
mandato siguiente de Cristina Fernández de Kirchner, una serie de
conflictos fuertemente corporativos (con los sectores vinculados al
campo, con algunos sectores sindicales, etc.) tensó aún más ese esquema
de alineamientos, a partir del cual el sistema de representación recobró
una vitalidad que había estado ausente por un largo tiempo y los
movimientos sociales quedaron atravesados –y en general partidos- por
esa nueva línea divisoria impulsada desde arriba.
Entre el gobierno y su antagonismo formal, emergen figuras de la oposición, se desarrolla el lugar delcrítico.
Entre los movimientos sociales más autónomos que no se ajustan
exactamente a esas posiciones, se produjo una situación de impasse4 que
inmovilizó y neutralizó buena parte de los lenguajes y las prácticas
anteriores. Una cierta desorientación se apoderó de quienes rehusaron
pronunciarse al interior del binarismo que delimita el tablero de juego
según clasificaciones preestablecidas. El problema es que esta
polarización política acentuada durante los últimos años presiona en
favor de una simplificación que opera por un dualismo excluyente a la
hora de abordar los problemas que surcan los diferentes territorios. Y
ese binarismo tiene, sobre todo, un espacio de ultra-centrismo5 organizado
por tres polos: un polo exportador-extractivita generador de divisas,
un polo fundado en una retórica tecnológica-industrialista, y un polo
fundado en la dinámica de “derechos” (sociales y humanos).
De este modo, por ejemplo, o bien se es sensible a las luchas que se
desarrollan en torno a la nueva economía neo-extractivista; o bien se da
crédito a las dinámicas ligadas a retórica de la ampliación los
derechos sociales sin reparar críticamente en lo que podríamos llamar la
“base económica” del modelo --como si el desafío no consistiese,
justamente, en articular (y no en enfrentar) lo que cada territorio
enuncia como rasgo democrático y vital.
El potencial de riquezas de los procesos actuales se juega en la
posibilidad de combinar los diferentes ritmos y tonos de las
politizaciones, en la capacidad de articular lo que hoy se presenta como
las disyunciones campo-ciudad, interior-capital, consumo-empleo, etc.
Así como en reconocer las premisas transversales a las luchas por la
reapropiación de recursos naturales, los diferentes procesos de
valorización de los servicios, de la producción, y de las redes sociales
como fuentes de la riqueza común y disputa por una infraestructura
popular en los territorios.
América Latina en transición: disidencia en el postneoliberalismo
se vive una transición. La disidencia que
tiene como eje el neoliberalismo ha concluido para muchos. Más bien, se
trata de discutir y problematizar lo que se ha denominado
“post-neoliberalismo”. La disidencia frente al post-neoliberalismo
consiste en abrir los espacios de resistencia y debate sobre el
neodesarrollismo como modalidad en que el país se inserta en el mercado
mundial y las consecuencias que esto implica en términos de destrucción y
sumisión para ciertos modos de vida.
El neodesarrollismo no es un modelo económico, sino un ensamble objetivo-subjetivo entre tecno-ciencia aplicada tanto al bíos (modos de vida) como al zoé (vida
biológica). Su fuerza no es sencilla: proviene del ensamble de una
retórica de los derechos colectivos amalgamada con políticas de
contención social, financiadas con los ingresos de commodities. Pero
son esos modos de vida, de la vida metropolitana, la vida común (esa
que se pone en juego en la catástrofe de trenes en Once, o la que se
activa en la resistencia a la minería en Famatina) la que emerge como
clave disidente.
La vida política y el debate intelectual no han logrado, hasta ahora,
imaginar formas diferentes de la felicidad popular por fuera de un modo
único de instrumentación basado en la inserción del país en el mercado
global como exportador de materias primas tecnológicamente asistidas.
La apelación al crecimiento con que se han conquistado los consensos
políticos y la creencia de que la política, así entendida, basta para
transformar la realidad se ha convertido en el límite mismo, en el tope
de lo pensable, abriendo una interrogación difícil sobre el deseo social
que se viabiliza a través de estas configuraciones discursivas e
institucionales. A su vez, esta dinámica necesita confrontarse a un
dinamismo mayor: en los países llamados “emergentes”, el surgimiento de
un mundo capitalista “popular” está estrechamente ligado a la capacidad
de recuperar experiencias y prácticas de autogestión capaces de lidiar
con relaciones, transacciones y políticas no estatales en una sociedad
crecientemente heterogénea. Esta capacidad es regenerada una y otra vez
desde abajo, en relación directa con el mercado. Es esta realidad
creciente la que opera como contrapunto permanente de una formulación
institucional acabada y estable.
Volvamos a la cuestión: hoy ser disidente supone una diferencia respecto
de otras dos figuras ya mencionadas: el opositor y el crítico. El
opositor es interior a la realidad, es un pretendiente a ocupar un lugar
central en ella. El crítico es objetor, custodia un ideal, y quisiera
modificar esta o aquella cuestión. La disidencia, en cambio, atañe al
modo de vida, y por tanto no es un discurso, sino un estado subjetivo
capaz de dar cuenta de una materialidad concreta. El disidente no se
encuentra en estado de debate, sino de minorización: su sensibilidad y
su modo de pensar –en ese sentido, de vivir- no acaban de cuajar con la
realidad instituida y mediatizada a la vez que conecta con otras
dinámicas subterráneas pero no marginales.
El disidente precisa de un coraje muy particular. Debe sostener una
perspectiva en contra de la verdad que afirman ciertas opiniones
mayoritarias. Tiene que hacerse un cuerpo (común) capaz de sostenerse en
estas verdades minoritarias. Por lo tanto, la disidencia requiere de
una práctica, de una dimensión colectiva. Es fundamental este enlace
entre disidencia y común. En
el fondo la disidencia habla otra lengua. Se nutre de otros afectos.
Lee con otros prismas. Tiene otra memoria, y otra economía.
¿Tiempos excepcionales o tiempos de excepción?
¿Hay una relación entre disidencia y excepción? Se dice que vivimos en
estado de excepción permanente. El poder de esta afirmación surge de la
yuxtaposición de sentidos que la acosan. La excepcionalidad es, al mismo
tiempo, la norma y la historia de los “oprimidos” (Benjamin), y una
condición de reproducción del poder (estado de excepción, según Carl
Schmitt). Pero también es el brillo de toda singularidad y el nombre de
un momento reflexivo que intenta extenderse al conjunto de la
experiencia. Por allí vamos.
Sin embargo, cabe distinguir el presente como excepción de una retórica
del presente como excepcionalidad. Walter Benjamin se encuentra en el
cruce de un entuerto. Citado a favor del desarrollo, que apunta a un
mañana mejor, es un crítico radical de la noción evolutiva de progreso y
de toda política que se enuncie en nombre del futuro, desdeñando
sufrimientos del presente. Hay que liberar la excepcionalidad de la
ideología de la víctima. ¿No nos es necesario detectar los nuevos
peligros del presente que en la proliferación del homenaje institucional
quedan invisibles?, ¿no es cierto, acaso, que ciertos olvidos son
necesarios para la lucha y la creación?
La constitución de una nueva voluntad política-estatal (que no se da
sólo en la Argentina, sino que adopta diversas formas en la región y en
muchas partes del mundo) ha resultado eficaz a la hora de reconocer
actores y procesos históricos en el ámbito de la producción de derechos;
de legitimar el sistema institucional y político nacional, de incluir
contingentes sociales en la ampliación de la esfera del consumo; de
consumar procesos de inserción –sobre todo neo-extractivos y de
producción de alimentos- en el mercado global; y de integración política
regional. Sin embargo, su activismo no ha alcanzado a sustituir (ni por
“arriba” ni por “abajo”) el poder de la razón neoliberal. Por arriba,
porque los designios de los actores globales -tales como los mercados
financieros y las grandes empresas multinacionales- no han sido
desplazados por una nueva espacialidad social e institucional capaz de
regular los procesos estratégicos (como la determinación de precios y
regulación de contratos; la creación de dispositivos tecnológicos y
pautas de consumo); por abajo, porque la ampliación del consumo y de
derechos no ha venido de la mano de una nueva capacidad pública de
comprender y regular las prácticas depredatorias ligadas a la promesa de
“abundancia” (de la especulación inmobiliaria a las redes narcos; de
la economía informal a al lavado de dinero; del trabajo neo-esclavista, a
la trata de personas).
Estas paradojas determinan las prácticas discursivas a la vez que se
alimentan de ellas. Bien se concilia con las mismas admitiendo la
complejidad con la que nos toca lidiar, bien se toma conciencia de las
tendencias biopolíticas que ellas viabilizan (y que acaban por
reconfigurar la vida en común) y se las convierte en objeto de
investigación política.
La disidencia como perspectiva de un nuevo conflicto social
El nuevo conflicto social es
el marcador más visible y confiable a la hora de comprender la matriz
actual de la explotación de lo común, así como los límites del potencial
democrático que cabe atribuir a la regulación estatal.
Nos referimos, con ese término, a una serie de episodios violentos que
van desde el desalojo de campesinos de sus tierras a partir de la
extensión de los agro-negocios, así como al desplazamiento de
comunidades producto del avance de las inversiones extractivas de
mega-minería e hidrocarburos; pero también a la proliferación de
episodios criminales vinculados a la generalización del negocio de la
droga en los barrios, con complicidad de sectores de las policías, la
justicia y del poder político.
El nuevo conflicto social es
el reverso vergonzante y la contracara oscura del modo de acumulación
neo-desarrollista al menos en dos aspectos fundamentales: forma parte de
la constitución material de modos de vida y de explotación de la
riqueza común con la que inevitablemente se articulan las prácticas de
gobierno y, al mismo tiempo, comparte el énfasis de valores concernidos
en la retórica del crecimiento y de la ampliación del consumo entendido
en una perspectiva de generalización de prácticas mercantiles.
Esta “contracara” debilita la retórica de la “inclusión” en dos aspectos
esenciales: revela el régimen de expropiación despiadada de lo común
sobre la que se sustenta; y erosiona el imaginario mismo de un espacio
social fundado en la vigencia de la ecuación entre trabajo asalariado y
ciudadanía en el cual valdría la pena incluirse.
Este nuevo conflicto social ya no se calca de modo preciso sobre el
esquema con el cual hemos atravesado la crisis del 2001: estado contra
movimientos sociales. Sino que emerge de las nuevas condiciones de
relanzamiento capitalista y nuevos modos de producción de estatalidad y
de instrumentos de gobierno.
Estas condiciones se anudan, sobre todo, en la articulación entre
grandes negocios globales y una innovadora empresarialidad popular: se
trata de formidables generadores de ganancias enlazadas en torno a
distintos tipos de valorización rentística (que poco y nada tienen que
ver con la ideología industrializadora del modelo nacional y popular).
Pero también de modalidades salvajes de expropiación de la riqueza
común, y en la introducción de una dimensión de violencia terrorista en
la gestión de territorios.
Estas actividades empresariales, tan diferentes entre sí, sin dudas,
comparten además otras características importantes como el recurso a la
ilegalidad, su potencia de reorganización/valorización de los
territorios –muchas veces periféricos-, y su organización reticular,
reproducida desde arriba, pero también desde abajo.
Luego de dos décadas ininterrumpidas de acelerada acumulación, estas
nuevas tramas del poder económico poseen hoy una gran capacidad
desestabilizadora, y de refuncionalización de las fuerzas de seguridad a
sus servicios, como lo demuestra el caso paraguayo. La notable
modernidad de sus estructuras comerciales, contrasta con el contenido
conservador y despótico de sus modales políticos.
El nuevo conflicto social se extiende también al mundo del trabajo, en
la medida en que nos enseña a comprender el vínculo entre
súper-explotación/ consumo/producción de nuevos modos de vida que vemos
desarrollarse en el mundo de la industria y los servicios (de los
talleres textiles a la lógica del transporte). En ambos casos, la
creciente regulación estatal no altera significativamente, sino que se
enraíza en lo que podríamos llamar un neoliberalismo popular
acondicionado a nuevos modos de gobernar.
El nuevo conflicto social, decíamos, no se calca como un esquema siempre
vigente sobre los modos de politización que enfrentaron a gobierno y
movimientos sociales durante la crisis del 2001. Como cabe señalar, en
buena medida los movimientos sociales participan hoy del gobierno,
alterando la relación entre gobierno y territorio. Sin embargo, la
activación de organización social en torno a esta violencia
expropiatoria y terrorista no ha dejado de hacerse presente actualizando
la necesidad de la investigación militante y la producción de
conocimientos y iniciativas organizativas a la altura de las
circunstancias.
La disidencia, en este punto, se renueva como forma de la investigación
política: apuesta a la presencia de experiencias con la potencia
suficiente para disolver el espacio de la representación estatal y
mediática (en la medida en que la verdad y la justicia van unidas, la
investigación supone una ética contra la criminalidad del poder) y, al
mismo tiempo, recurso a una imaginación necesaria que nos ayuda a
comprender las capas más profundas de eso que podemos asumir como
verdad.
Apuntes finales para la investigación política
Muchas veces en nuestra actualidad la energía comunicacional y los
debates de la esfera pública parecen agotarse en la lucha política
inmediata en torno al control de la decisión política. La tarea de la
investigación política queda relegada del debate colectivo, y cae bajo
sospecha de operar en función directa de esta disputa. De este modo, la
primera víctima de la polarización política es la práctica del discurso
político no especializado, aplastado por el sistema de la opinión,
caracterizado por un lenguaje preelaborado por el mundo de los medios.
Marcamos aquí una primera paradoja: la ultra politización de la opinión
(régimen periodístico, militante, jurídico, etc.) va acompañada de una
pérdida relativa de la capacidad de elaborar lenguajes y preguntas de un
modo autónomo. Llamamos investigación política a la invención de
procesos de recuperación de potencia en relación con la capacidad de los
no especialistas de elaborar preguntas, lenguajes y saberes sobre la
existencia colectiva.
De este modo, una primera orientación que proponemos apunta a reconocer
una disposición indispensable para la praxis de la investigación
política: lo que podríamos llamar la “arbitrariedad” (palabra en la que
insistía el filósofo argentino León Rozitchner), es decir, las formas de
la autorización que nos damos para advertir peligros. Para avisar sobre
la connotación negativa que pueden tener determinadas prácticas, aunque
nazcan de zonas queridas de nuestra propia experiencia.
Una segunda orientación fundamental refiere a la dirección de nuestra
atención hacia lo que podríamos llamar, inspirados en la filosofía de
Nietzsche, las “zonas oscuras” de la existencia social, aquellas en las
que se elaboran las fuerzas que luego nos afectan, y nos fuerzan a
pensar. Esta dimensión opaca puede referir a zonas de la subjetividad,
de la política y de la economía, a aquello escapa a la legalidad y a los
umbrales de visibilidad instaurados por el régimen de la opinión.
Una tercera indicación tiene que ver con el método de la
“problematización”, pretendidamente extra moral (al decir de Foucault),
que indaga en las mutaciones de las prácticas (prácticas discursivas)
para evaluar tanto aquello que, en contacto con nuevas realidades,
estamos dejando de ser, como aquello que estamos comenzando a ser.
Una cuarta observación: se trata de tomar en serio el mundo de las
intensidades, no sólo el de las significaciones discursivas, Se tiene
que poner en el primer lugar “afectos” (y “hábitos”, es decir,
articulación entre afectos), en contra posición con la inflación de
“linguismo” que caracteriza a la idea de “hegemonía” o “batalla
cultural” de las retóricas del llamado “populismo” sudamericano.
Una quinta orientación refiere a profundizar en las articulaciones menos
visibles de lo que en un sentido amplio podemos llamar la “maquinaria”
de gobierno de lo social, de la producción de imágenes, del gobierno de
la moneda, de cómo funcionan y se multiplican las soberanías en los
territorios, de la gestión del consumo, etc. De ese modo, la
investigación se liga a su propia vocación de participar de las formas
actuales de politización.
Finalmente, si los “movimientos sociales” ya no guardan el aspecto de
antaño y más bien tienden a ser parte de esta frágil mecánica del
gobierno, la propia investigación militante se ve forzada a mutar al
menos en dos direcciones diferentes y simultáneas: hacia la
problematización de las nuevas formas de gobierno; y hacia la activación
de lo que podemos llamar las nuevas movilidades sociales,
que de un modo completamente diferente al de los movimientos de la
década pasada, prefiguran un nuevo mapa de luchas y de lenguajes para
sus formas de hacer y, sobre todo, de problematizar la actualidad. La
disidencia, si habría que repensarla bajo esta luz, refiere a un modo de
problematizar los consensos de la época (siempre un determinado
ensamblaje entre lo que se ve y lo que se oye) y de construir una
inteligencia común sobre las injusticias del presente.
Verónica Gago y Diego Sztulwark pertenecen al Colectivo Situaciones (Argentina), un colectivo de investigación militante.
Notas
1 Nos referimos al amplio ciclo de
luchas de radicalización política que incluye a diversas organizaciones
que tenían la hipótesis de un cambio revolucionario en nuestro país. La
violencia del terrorismo estatal es la respuesta contrainsurgente a este
proceso.
2 Se puede ver el desarrollo de esta idea en Colectivo Situaciones (2002): 19 & 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social, Buenos Aires: De Mano en mano. Disponible en http://tintalimon.com.ar/
3 Nos referimos a la masacre del 26
de junio de 2002, en el Puente Pueyrredón, donde fueron asesinados por
la policía los militantes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío
Santillán, pertenecientes a los Movimientos de Trabajadores Desocupados
de Guernica y Lanús, del sur del conurbano bonaerense.
4 Ver al respecto AAVV (2009):
Conversaciones en el impasse. Dilemas políticos del presente, Tinta
Limón: Buenos Aires. Disponible en www.tintalimon.com.ar
Fonte: Lobo Suelto!
