INFO 565 23 de agosto de 2010 informativo@attac.org http://attac-info.blogspot.com
Hoy la tierra vale más que la gente
No olvidemos a Haití
Mundo
ESTADOS UNIDOS SE SUME EN LA OSCURIDAD. Las luces se apagan en todo Estados Unidos, literalmente. La consecuencia lógica de tres décadas de retórica antigubernamental, un discurso persistente que ha convencido a numerosos votantes de que un dólar recaudado en concepto de impuestos es siempre un dólar malgastado, que el sector público es incapaz de hacer algo bien, ha dado resultados.
“HOY LA TIERRA VALE MÁS QUE LA GENTE”. Los países ricos buscan una solución financiera a una crisis financiera, lo que implica usar los impuestos de la ciudadanía para darles dinero a los bancos, y eso empobrece al Estado y a la ciudadanía: los impuestos de los ciudadanos, en vez de usarse para el desarrollo social, económico, el medio ambiente, van a los bancos.
ESTRELLA ROJA SOBRE AFGANISTÁN. El partido comunista (maoísta) clandestino afgano ha anunciado que muy pronto comenzará a combatir a los “ocupantes imperialistas” pero también a los “reaccionarios teocráticos islámicos”. Dentro de muy poco las tropas de ocupación de la OTAN tendrán que combatir no solo contra los talibán y los jihadistas sino también contra los guerreros comunistas. Esto es al menos lo que se deduce de un reciente comunicado del partido comunista (maoísta) afgano, una formación clandestina creada en 2004.
Latinoamérica
EL PASADO Y EL PRESENTE DE LA PRENSA BRASILEÑA. La revista Epoca hizo lo que se espera de O Globo, uno de los pilares de la dictadura militar: rescató la agenda de la Guerra Fría y puso en primera plana el “pasado de Dilma”. El huevo de la serpiente está siempre presente en la sociedad brasileña. Lo que debería ser tema de orgullo para una sociedad democrática se muestra en una de las principales revistas del país con aires sospechosos.
CORTE COLOMBIANA DECLARA INCONSTITUCIONAL EL ACUERDO MILITAR CON ESTADOS UNIDOS De acuerdo con lo previsto, la Corte Constitucional colombiana divulgó ayer (17) el resultado de la sentencia sobre la inconstitucionalidad del acuerdo militar que permitía a Estados Unidos operar en siete bases colombianas, desde el 30 de octubre de 2009. El acuerdo, que ya se encuentra sin efecto desde ayer, necesitará ser aprobado por el Congreso Nacional para que sea afirmada o negada su validez.
ORQUESTA DE BARENBOIM DIFUNDE SU MENSAJE DE PAZ EN AMÉRICA LATINA"La Orquesta West-Eastern Divan ha demostrado que la música es capaz de derribar barreras consideradas infranqueables", dijo a IPS su director, el argentino-israelí Daniel Barenboim, a su paso por Ecuador. Leer en: http://attac-info.blogspot.com
Attac
COMUNICADO DE PRENSA del 6 de agosto de 2010, de Attac-Québec.
Mundo
ESTADOS UNIDOS SE SUME EN LA OSCURIDAD.
Por Paul Krugman.(*)
Las luces se apagan en todo Estados Unidos, literalmente. La consecuencia lógica de tres décadas de retórica antigubernamental, un discurso persistente que ha convencido a numerosos votantes de que un dólar recaudado en concepto de impuestos es siempre un dólar malgastado, que el sector público es incapaz de hacer algo bien, ha dado resultados. Según Paul Krugman, hoy las ciudades apagan su alumbrado púbico, recortan el sostenimiento de la salud y precarizan la enseñanza. Y esto no solo ocurre en Colorado Springs: abarca desde Filadelfia hasta Fresno.
Un país que en su día asombró al mundo con sus visionarias inversiones en transportes, desde el canal de Erie hasta el sistema de autopistas interestatales, ahora se halla en un proceso de despavimentado: en varios Estados, los Gobiernos locales están destruyendo carreteras que ya no pueden permitirse mantener y reduciéndolas a grava.
Y una nación que antaño valoraba la educación, que fue una de las primeras en ofrecer escolarización básica a todos sus niños, ahora está haciendo recortes. Los profesores están siendo despedidos, y los programas, cancelados. En Hawai, hasta el curso escolar se está acortando de manera drástica. Y todo apunta a que en el futuro se producirán todavía más ajustes.
Nos dicen que no tenemos elección, que las funciones gubernamentales básicas -servicios esenciales que se han proporcionado durante generaciones- ya no son viables. Y es cierto que los Gobiernos estatales y locales, duramente azotados por la recesión, están faltos de fondos. Pero no lo estarían tanto si sus políticos estuvieran dispuestos a considerar al menos algunas subidas de impuestos.
Y en el Gobierno federal, que puede vender bonos a largo plazo protegidos contra la inflación con un tipo de interés de solo el 1,04%, no escasea el dinero en absoluto. Podría y debería ofrecer ayuda a los Gobiernos locales y proteger el futuro de nuestras infraestructuras y de nuestros hijos.
Pero Washington está prestando ayuda con cuentagotas, y hasta eso lo hace a regañadientes. Debemos dar prioridad a la reducción del déficit, dicen los republicanos y los demócratas centristas. Y luego, casi a renglón seguido, afirman que debemos mantener las subvenciones fiscales para los muy adinerados, lo cual tendrá un coste presupuestario de 700.000 millones de dólares durante la próxima década.
¿Cómo hemos llegado a este punto? Es la consecuencia lógica de tres décadas de retórica antigubernamental, una retórica de la derecha política que ha convencido a numerosos votantes de que un dólar recaudado en concepto de impuestos es siempre un dólar malgastado, que el sector público es incapaz de hacer algo bien.
En la práctica, buena parte de nuestra clase política está demostrando cuáles son sus prioridades: cuando se les da a elegir entre pedir que el 2% de los estadounidenses más acaudalados vuelvan a pagar los mismos impuestos que durante la expansión de la era Clinton o permitir que se derrumben los cimientos de la nación -de manera literal en el caso de las carreteras y figurada en el de la educación-, se decantan por esto último.
Es una decisión desastrosa tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, esos recortes estatales y locales suponen un pesado lastre para la economía y perpetúan el desempleo, que es devastadoramente elevado.
Es crucial tener en mente a los Gobiernos estatal y local cuando oímos a la gente despotricar sobre el desbocado gasto público durante la presidencia de Obama. Sí, el Gobierno federal estadounidense gasta más, aunque no tanto como cabría pensar. Pero los Gobiernos estatales y locales están haciendo recortes. Y si los sumamos, resulta que los únicos incrementos relevantes en el gasto público han sido en programas de protección social, como el seguro por desempleo, cuyos costes se han disparado por culpa de la gravedad de la crisis económica.
Es decir que, a pesar de lo que dicen sobre el fracaso del estímulo, si observamos el gasto gubernamental en su conjunto, apenas vemos estímulo alguno. Y ahora que el gasto federal se reduce, a la vez que continúan los grandes recortes de gastos estatales y locales, vamos marcha atrás.
Pero ¿no es también una forma de estímulo el mantener bajos los impuestos para los ricos? No como para notarlo. Cuando salvamos el puesto de trabajo de un profesor, eso ayuda al empleo sin lugar a dudas; cuando, por el contrario, damos más dinero a los multimillonarios, es muy posible que la mayor parte de ese dinero quede inmovilizado.
¿Y qué hay del futuro de la economía? Todo lo que sabemos acerca del crecimiento económico dice que una población culta y una infraestructura de alta calidad son cruciales para el crecimiento. Las naciones emergentes están realizando enormes esfuerzos por mejorar sus carreteras, puertos y colegios. Sin embargo, en Estados Unidos estamos retrocediendo..
¿Cómo hemos llegado a este punto? Es la consecuencia lógica de tres décadas de retórica antigubernamental, una retórica que ha convencido a numerosos votantes de que un dólar recaudado en concepto de impuestos es siempre un dólar malgastado, que el sector público es incapaz de hacer algo bien.
Todo lo que sabemos acerca del crecimiento económico dice que una población culta y una infraestructura de alta calidad son cruciales para el crecimiento. Las naciones emergentes están realizando enormes esfuerzos por mejorar sus carreteras, puertos y colegios. En Estados Unidos estamos reculando.
La campaña contra el Gobierno siempre se ha planteado como una oposición al despilfarro y el fraude, a los cheques enviados a reinas de la Seguridad Social que conducen lujosos Cadillac y a grandes ejércitos de burócratas que mueven inútilmente documentos de un lado a otro. Pero eso, cómo no, son mitos; nunca ha habido ni de lejos tanto despilfarro y fraude como aseguraba la derecha.
Y ahora que la campaña empieza a dar frutos, vemos lo que había realmente en la línea de fuego: servicios que todo el mundo, excepto los muy ricos, necesita, unos servicios que debe proporcionar el Gobierno o nadie lo hará, como el alumbrado de las calles, unas carreteras transitables y una escolarización decente para toda la ciudadanía.
Por tanto, el resultado final de la prolongada campaña contra el Gobierno es que hemos dado un giro desastrosamente equivocado. Ahora, EE UU transita por una carretera a oscuras y sin asfaltar que no conduce a ninguna parte.
(*)Paul Krugman. Nacido en 1953, es economista, divulgador y periodista norteamericano, cercano a los planteamientos neokeynesianos. Actualmente es profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton. Desde 2000 escribe una columna en el periódico New York Times. En 2008 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía.
Esta nota fue distribuida por El Arca Digital y publicada originalmente en el Suplemento Negocios de El País, edición del 15.08.10. PreNot 9039
“HOY LA TIERRA VALE MÁS QUE LA GENTE”
Entrevista a Saskia Sassen*
Javier Hermo
–¿Cómo se relacionan la crisis financiera global con la deuda y devastación en economías tradicionales de países pobres o periféricos?
–Creo que en ciertos casos hay relación. El vínculo más profundo tiene que ver con nuevos mecanismos de acumulación de capital. Los países ricos buscan una solución financiera a una crisis financiera, lo que implica usar los impuestos de la ciudadanía para darles dinero a los bancos, y eso empobrece al Estado y a la ciudadanía: los impuestos de los ciudadanos, en vez de usarse para el desarrollo social, económico, el medio ambiente, van a los bancos. El gobierno hace, lisa y llanamente, una extracción de impuestos de la ciudadanía para pagar a los bancos. En ese proceso, el Estado rico (Francia, Alemania, los Estados Unidos, España, etcétera) también se empobrece, y lo hace de manera gradual. Hoy emerge una dinámica nueva que tiene que ver con la expulsión de gente de sus tierras, de sus actividades económicas tradicionales. Las tierras adquieren más valor que la gente que está viviendo en ella. En la Argentina, por ejemplo, desde la época del imperio inglés, la Patagonia ha sido parcialmente comprada por intereses extranjeros, pero esta compra se intensificó muchísimo en los últimos diez años. Lo mismo sucede en otras partes de América Latina y en muchos lugares de África y ciertas partes de Asia. No es marginación ni exclusión social: es expulsión. De ahí sale una población hiperempobrecida de 2000 millones. Antes, ser pobre significaba que el terrenito no te alcanzaba para alimentar a la familia. Ahora, ser pobre significa tener sólo el cuerpo. En la Argentina, ustedes están usando una cantidad enorme de terrenos para comercializar soja. Por eso, por primera vez en 20 años, aparece el hambre campesino, no pobreza, sino hambre. La tierra, con sus minerales, sus metales y su agua, vale más que la gente. Cuando los grandes inversores la compran, no se pueden equivocar: lo hacen como inversión, para la agricultura o por el agua. Empresas como Coca–Cola o Pepsi necesitan grandes cantidades de agua. El empobrecimiento de los Estados ricos por prestarles a los bancos y el encarecimiento de la tierra son dinámicas muy serias.
–¿Estamos asistiendo a una economía extractiva?
–Creo que hay que encontrar un nombre distinto para esta economía. Lo queremos todo, la economía cuaternaria, la electrónica, pero queremos también mucha agua, muchos metales. Creo que estamos produciendo realidades muy complejas para, al fin y al cabo, ejecutar operaciones de extracción muy elementales. Por ejemplo, la batería del auto ecológico (el auto eléctrico) necesita 57 metales distintos. Conocemos 12 metales, pero sabemos que los otros están en la tierra. La telefonía celular también necesita tierra. Siempre se necesita la tierra. Eso es alarmante. Hay una desesperación por comprar tierra, tierra, tierra. No saben para qué la van a utilizar, pero saben que la van a necesitar. Tenés un montón de Estados comprando a otros Estados su tierra. El agua ya entra por otras rutas. La sociedad de consumo rica necesita una cantidad vastísima de agua: para producir un kilo de carne necesitás una vastísima cantidad de agua, y para producir un litro de Coca–Cola necesitás 15 litros de agua en la manufactura de la Coca–Cola. La sociedad rica de consumo tiene una conexión expandida con lo que son los recursos naturales, la materialidad de la bioesfera. Esta economía, y la sociedad de consumo que viene con ella, necesita la materialidad de la bioesfera a una escala que no hemos visto jamás. ¿Cómo llamamos a esta economía que mezcla la inmaterialidad de estilos de vida, computadora, etcétera, con una materialidad expandida?
–¿Hay nuevos actores políticos y sociales a escala global?
–Por un lado, el cuadro formal político que nos ofrece la democracia liberal, el sistema supranacional (Naciones Unidas y demás instituciones) puede cambiar. Pero, al fin de cuentas, no puede abarcar una creciente serie de procesos y de actores emergentes, buenos y malos. Los malos son los conflictos armados por drogas como en Río de Janeiro, Ciudad Juárez, el tráfico global de mujeres y niños para la industria del sexo, etcétera. La organización para alimentos de las Naciones Unidas (FAO) no logra tampoco parar la escalada de compra de tierra en el mundo, no es su proyecto. Y, por otro lado, hay nuevos actores muy interesantes: el tema de los derechos sociales (palabra amplia y ambigua) que abre mucho terreno para reconocer que hay proyectos políticos de reclamos y que hay actores emergentes que podemos llamar sociales, actores informales. Los aparatos formales no los manejan. Vamos a tener que encontrar nuevos marcos para encuadrar este tipo de lucha.
Quienes están en la cordillera, con lo que sucede allí con la compra de tierra y la minería, generalmente pierden porque no hay una ley que se ocupe de eso. La ley deja afuera los ataques violentos, las formas económicas violentas que matan lenta e indirectamente. Debemos encontrar nuevos marcos para reconocer a nuevos actores sociales (como los pueblos indígenas que luchan en contra de eso, a veces resistiéndose claramente a recibir dinero por sus tierras). Muchos reclamos necesitan una plataforma formal para poder ganar legitimidad. Esta es una nueva globalidad que se da de manera horizontal y distribuida. Hay pequeños actores por todos lados, incluso dentro de un país como la Argentina. Nos toca a nosotros hacer puente entre lo se reconoce como actor o reclamo y este otro mundo que no tiene plataforma reconocida. ¿Cómo lo hacemos? Muchas de estas batallas se van a dar en un campo de acción directa, no armada, como ocupar una fábrica. En esos casos nadie está esperando que la Legislatura desarrolle una ley que permita ocupar una fábrica que tiene mercado pero que fue abandonada por el empresario porque no le convenía seguir produciendo.
–¿Cómo ayudamos en Latinoamérica a que comiencen a aparecer actores desde la política con dimensión continental y capacidad de incidencia?
–Una cosa muy importante es recuperar la responsabilidad del Estado a distintas escalas (provincial, subprovincial) para asegurarse de que los medios mínimos estén a disposición de la ciudadanía, de los residentes. No es posible que les roben sus instrumentos de alimentación para sembrar soja. En Brasil, antes de Lula, era todo frijoles (porotos negros). Se exportaba, se vendía, pero era la alimentación del pueblo. El Estado debe intervenir. Ahora, formalmente se puede hacer. A Etiopía, la FAO le ha dado 100 millones de dólares en préstamo para alimentar a su gente. Hay casos tan extremos que el Estado debe intervenir. Y para eso, hay que desarrollar plataforma. Eso significa una nueva política de Estado, y es lo opuesto a lo que los Estados han estado haciendo. Bajo el gobierno de Menem se vendió muchísima tierra, minas o terrenos para abrir minas donde antes hubo un terreno de pequeña agricultura. Ahí, hay que hacer política. En el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, hay que empezar a hacer reclamos. Lo que pasa ahora es extremo. Por eso vemos un aumento desmedido del hambre en países donde nunca hubo hambre. Incluso en la Argentina. Hay que empezar a pensar en cómo generar coaliciones entre los Estados y, para eso, hay que tener un Estado, una clase política que entienda el problema, de lo contrario, también se va a ver perjudicada la clase política. Va a perder los recursos naturales porque hay un sistema en pie que está interesado en comprar todos los recursos naturales que pueda tener un país.
–Hay flujos migratorios, internos e internacionales. ¿Es factible pensar en soluciones globales que no sean sólo reflejo de las xenofobias domésticas?
–Es la única manera de salir de la situación en la que estamos. En los Estados Unidos hemos generado un espacio activo de persecución, porque las políticas domésticas llevan a eso. Si dejamos el manejo de las migraciones internacionales al rol unilateral de cada Estado, no llegamos a nada. He trabajado este tema durante 30 años y no hay salida razonable ni para las clases políticas de esos Estados, ni para los migrantes ni para la ciudadanía. Estamos como en un embotellamiento: nadie se puede mover. Inmovilización total, en Europa, y en los Estados Unidos. Hacen falta sistemas en los que el Estado colabore. Hay una nueva migración: la migración de los profesionales. Ahí se han desarrollado los recursos formales a través del sistema internacional, con todos los tratados de libre comercio que tienen una especificación de derechos formales portátiles para esta nueva clase trasnacional de profesionales. Lo hicimos empezando con la OIT, pero en el Mercosur los viejos tratados de libre comercio entre países latinoamericanos que existieron, todos tenían una especie de política de migración para los profesionales. Lo hemos hecho, pero para clases privilegiadas.
–La ciudad es, al mismo tiempo, un territorio de construcción de poder y de posibilidad de construcción ¿Cómo ves la posibilidad de que la ciudad sea una forma de contrapoder?
–Cuanto más se globalizan las grandes empresas del sistema financiero, más necesitan un espacio expandido muy territorial en estas ciudades. De esto surge una especie de desnacionalización del espacio de las ciudades que, en ciertas situaciones, permite a los excluidos, a los discriminados un espacio de reivindicación. Es un espacio desnacionalizado. En la ciudad global, los propietarios no son solamente los ricos de la ciudad. En esa desnacionalización puede haber también una militancia, un activismo de los actores más pobres, como las villas. Yo armé un nuevo curso en la Columbia University: Ciudades globales y villas (o favelas), que se vuelven lugares globales, como la Villa 31, la Rosihna de Río, y otras, que se vuelven actores. Enormes villas que están en la ciudad global de un país, se proyectan a nivel global. Hay activistas que viven en esas villas, no serán ricos, no tienen plataforma formal para hacer reclamos, pero tienen proyección global. Esas son las contradicciones básicas que hemos visto a través de los siglos con el capitalismo. Así surgieron los sindicatos, la gran mina, la gran fábrica de metal, que eran los mejores lugares para organizar a los trabajadores –
–En la Argentina, muchas organizaciones sociales han comenzado a trabajar incluso desde una perspectiva sindical vinculando los temas de la vivienda, el territorio y la organización espacial.
–Es muy importante que esto pase: demuestra que podemos sobrevivir, pero sobre la base de nuestra propia concepción de cómo hacer alguna cosa económica sustentable, como cuando en fábricas ocupadas lograron sostener la ocupación. ¿Por qué tenemos que acatar una economía que más y más se va saliendo del nivel de la comunidad?
Hay elementos que podemos ir relocalizando a nivel ciudad, vecindario, región. Relocalizar ciertos componentes de la economía. Y crear cooperativas de créditos: no recurrir siempre a los bancos donde se cae por necesidad.
*Investigadora social holandesa
ESTRELLA ROJA SOBRE AFGANISTÁN
Enrico Piovesana
El partido comunista (maoísta) clandestino afgano ha anunciado que muy pronto comenzará a combatir a los “ocupantes imperialistas” pero también a los “reaccionarios teocráticos islámicos”. Dentro de muy poco las tropas de ocupación de la OTAN tendrán que combatir no solo contra los talibán y los jihadistas sino también contra los guerreros comunistas. Esto es al menos lo que se deduce de un reciente comunicado del partido comunista (maoísta) afgano, una formación clandestina creada en 2004.
“El partido está por dar comienzo a la guerra popular en Afganistán, cuyo carácter específico en la actual coyuntura es el de una guerra popular revolucionaria contra los ocupantes imperialistas y su régimen fantoche.
Así concluye un comunicado del PC (m) publicado el 15 de julio pasado en “Shola Jawwid” (Llama eterna), órgano del partido para conmemorar al compañero Azad, histórico portavoz de los guerrilleros maoístas indios “Naxaliti”, muerto en acción el pasado primero de julio.
El partido comunista (maoísta) afgano, - cuya dirigencia ha permanecido hasta ahora en la clandestinidad - es el fruto de un lento proceso de reunificación y de revitalización de los restos de los grandes movimientos maoístas afganos de los años 60 y 70, exterminados luego por los comunistas filo-soviéticos y por los integristas filo-americanos. Un proceso que comenzó luego de la invasión aliada del 2001, con el objeto de instalar una guerra de liberación nacional “autónoma” con relación a los grupos armados islámicos y en nombre de una “tercera vía” alternativa ajena tanto a la ocupación extranjera como a la teocracia islámica.
“Si las masas afganas continúan pensando que las únicas alternativas son la rendición ante el ocupante extranjero o el apoyo a los Talibán y a Al-Qaeda, la miseria de nuestro pueblo no tendrá fin” se lee en un documento de 2002. “Nuestro partido ha decidido movilizarse autónomamente para resistir a la invasión imperialista como etapa necesaria hacia una revolución neo-democrática en Afganistán. Debemos sin embargo considerar como enemigos nuestros no solo a los imperialistas usamericanos y sus aliados, sino también a los reaccionarios teocrático-islámicos, a los Taliban y a los jihadistas que son los que controlan actualmente al país”
El PC (m) como moderno heredero de los Sholay (llamas): los militantes maoístas de la Organización de jóvenes progresistas (Sazman-e Jawanan-e Mutarraqi) creada en 1965 por Akram Yari, maestro hazara originario de Jaghori (Ghazni)
Los Sholai – del nombre de su popular revista estudantil. Shola Jawid – nacieron como un movimiento juvenil de protesta contra la monarquía de Zahir Shah, los fundamentalistas islámicos de Gulbuddin Hekmatyar y el comunismo filo-soviético del Partido democrático del pueblo afgano (PDPA) convirtiéndose muy pronto en el mayor movimiento de masas del país.
Sobrevivientes de la sanguinaria persecución, de la represión de la policía monárquica y de los grupos islámicos integristas, los maoístas Sholay fueron puestos fuera de la ley luego del golpe comunista de 1978: fueron arrestados por miles, torturados y asesinados. Entre ellos Ahram Yari, quién sin embargo logró dejar una importante herencia política a través de su discípulo Faiz Ahmad, fundador de la Organización para la Liberación de Afganistán (OLA), grupo armado maoísta que durante toda la década del 80 combatió a los ocupantes soviéticos (entrando formalmente en el Frente de los mujaidines combatientes por la libertad) pero que muy pronto entró en conflicto con los integristas islámicos de Hekmatyar.
Fueron exactamente los mujaidines de Hekmayar los que, en 1986, asesinaron a Faiz Ahmad, provocando de hecho el desmembramiento de OLA. De sus cenizas nacieron, a fines de los 80, varios movimientos maoístas revolucionarios y en 1991 el Partido Comunista de Afganisán (PCA) que recuperó la tradición “tercerista” de los Sholay de Akram Yari contra el “fascismo” y el “oscurantismo” de los integristas y contra el imperialismo de cualquier origen. En coherencia con esta posición, luego de la invasión usamericana de 2001, el PCA se convirtió en promotor del renacimiento de una resistencia armada maoísta tanto contra las tropas de la OTAN como contra los talibán y los señores de la guerra, dando lugar al proceso político que llevó, en 2004, a la creación del PCA (m).
El renacimiento del maoísmo en Afganistán se inserta en el generalizado fenómeno del despertar de los movimientos armados comunistas en muchos países pobres del continente asiático. Desde la India rural hasta Nepal, hasta las Filipinas, el maoísmo se ha mostrado capaz de interpretar las luchas campesinas e indígenas contra las “razzias” de las multinacionales y las injusticias del liberalismo global. En Afganistán en cambio se proponen como instrumento de liberación nacional y como alternativa a la teocracia feudal: un desafío no tan irreal teniendo en cuenta lo retrasado de la sociedad afgana y el resultado del fracasado experimento de democracia occidental.
Traducción Susana Merino http://it.peacereporter.net/articolo/23586/Stella+rossa+sull%27Afghanistan
LatinoaméricaEL PASADO Y EL PRESENTE DE LA PRENSA BRASILEÑA
Marco Aurelio Weisheimer
Las empresas de comunicaciones tienen la costumbre de presentarse como portavoces del interés público. ¿En qué medida una empresa privada cuyo principal objetivo es el lucro puede ser portavoz del interés público? Dichas empresas participan activamente en la vida política, económica y cultural del país, asumiendo posiciones, haciendo escuela, pretendiendo decirle a la población cómo debe ver el mundo. En el caso del Brasil, la historia reciente de muchas de esas empresas está marcada por su apoyo a violaciones constitucionales, a la destitución de gobernantes elegidos mediante el voto popular y por la complicidad con crímenes cometidos por la dictadura militar (complicidad muchas veces activa como en el caso del uso de vehículos de San Pablo durante la Operación Bandeirantes) Hasta ahora ninguna de esas empresas consideró necesario justificar su posicionamiento durante la dictadura. Muchas de ellas no usan actualmente la expresión “dictadura militar” al referirse a ese triste período de la historia brasileña sino que prefieren hablar del “régimen de excepción”. Actúan como sí su elección (de apoyar a la dictadura) y los beneficios que obtuvieron entonces sean también expresiones de “interés público”
¿Apoyar el golpe militar que derrocó al gobierno de Jango fue una expresión de interés público? Ser cómplice de una dictadura que pisoteó la Constitución brasileña, torturó y mató, es una credencial como para presentarse como defensor de la libertad? El silencio de esas empresas ante esas preguntas ya es una respuesta. Lo que es importante destacar es que la semilla del autoritarismo, de la perversidad y de la violencia subsisten, activos, como se vio este fin de semana (y prácticamente todos los días)
La revista Epoca hizo lo que se espera de O Globo(1) uno de los pilares de la dictadura militar: rescató la agenda de la Guerra Fría y puso en primera plana el “pasado de Dilma”(2). El huevo de la serpiente está siempre presente en la sociedad brasileña. Lo que debería ser tema de orgullo para una sociedad democrática se muestra en una de las principales revistas del país con aires sospechosos. Los editores de Epoca honran así el pasado autoritario y antidemocrático de su empresa y nos lo muestran vivo y activo.
Indemnizaciones a las víctimas de la dictadura
De modo similar, en Río Grande do Sul el diario Zero Hora, publicó un editorial apoyando la decisión del TCU(3) de cuestionar las indemnizaciones que se están pagando a las víctimas de persecuciones y malos tratos durante la dictadura o “régimen de excepción” como prefiere llamarla la publicación. Se trata según el RBS(4) de defender un “principio de razonabilidad”. “Nadie tiene derecho a indemnizaciones que son despilfarro ni a jubilaciones ni a pensiones que extrapolen criterios de prudencia, moderación y equilibrio” dice el texto. ¿Prudencia, moderación, equilibrio y razonabilidad, fueron los valores que llevaron al diario y a su empresa a cerrar filas junto a los militares que destruyeron la Constitución brasileña? ¿Cuánto dinero ganaron los propietarios de RBS apoyándolos? ¿No sería acaso razonable y considerado que fueran ellos los que indemnizaran a la sociedad brasileña por el daño que le hicieron a la democracia?
Es cansador pero necesario recordar. Siempre. Como la mayoría de los grandes medios brasileños, la empresa gaúcha apoyó el golpe que derrocó a Joao Goulart. El diario Zero Hora ocupó el lugar de última Hora, cerrado por los militares por apoyar a Jango. Esa fue la fecha de bautismo del nacimiento de Zero Hora , la violencia del Estado Democrático de Derecho. Tres días después del Acta Constitutiva nº 5 (13 de diciembre de 1968), Zero Hora publicó informaciones sobre el tema diciendo que “el gobierno federal viene recibiendo la solidaridad y el apoyo de diversos sectores de la vida nacional” El 1º de setiembre de 1969 el diario publica un editorial titulado “La preservación de los ideales” exaltando la “autoridad y la irreversibilidad de la Revolución”. La última frase del editorial habla por sí misma: “Los intereses nacionales deben ser preservados a cualquier precio y por encima de todo”
¿Intereses nacionales?
La expansión de la empresa se consolidó en 1970 con la creación de RBS. A partir de las buenas relaciones establecidas con los gobiernos de la dictadura militar y de la actividad articulada con la Red O Globo, RBS fue obteniendo nuevas concesiones y diversificando sus negocios.
Como la revista Epoca, Zero Hora es fiel a su pasado y practica uno de sus deportes favoritos pisotera la memoria del país y ofender la inteligencia ajena. El editorial trata de ser ingenioso y defiende las indemnizaciones como respondiendo a decisiones correctas y justas Pero luego los señores, comienzan a enumerar las exageraciones en las indemnizaciones de Ziraldo, Lula, Jaguar y Carlos Lamarca “otro caso aberrante según el procurador” La presión ejercida por sectores militares, el gobierno y el poder judicial y convenientemente omitida por el editorial que habla del “riesgo” de que las indemnizaciones se transformen en “un bolso amnistía”.
El presidente de la Comisión de amnistía del Ministerio de Justicia, Paulo Abrao Pires Junior, difundió una esclarecedora nota con relación a la decisión del TCU y de las presiones que están siendo ejercidas contra los procesos de las indemnizaciones. La tapa de la revista Epoca y el editorial de Zero Hora muestra que las empresas responsables de esas publicaciones siguen impregnadas del autoritarismo que alimento su nacimiento y expansión. Es muy triste ver que hay periodistas que prestan su pluma a los enemigos de la democracia y de la libertad. Pues es exactamente que de eso se trata. Ese es el contenido que todavía mora en la caja negra de buena parte de la prensa brasileña.
Notas:
(1) O Globo la más importante cadena de medios brasileña
(2) Dilma Rousseff , actual candidata a Presidente de Brasil
(3) TCU – Tribunal de Cuentas de la Unión –Gobierno de Brasil
(4) RBS _ Red Brasil Sul de Comunicaciones
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16886 - Traducción Susana Merino
CORTE COLOMBIANA DECLARA INCONSTITUCIONAL EL ACUERDO MILITAR CON ESTADOS UNIDOS
Natasha Pitts *
De acuerdo con lo previsto, la Corte Constitucional colombiana divulgó ayer (17) el resultado de la sentencia sobre la inconstitucionalidad del acuerdo militar que permitía a Estados Unidos operar en siete bases colombianas, desde el 30 de octubre de 2009. El acuerdo, que ya se encuentra sin efecto desde ayer, necesitará ser aprobado por el Congreso Nacional para que sea afirmada o negada su validez.
A comienzos de octubre de 2009, el Consejo de Estado ya había alertado al gobierno colombiano sobre la necesidad de que el ‘Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad’ fuese renegociado, ya que afectaba de manera evidente la soberanía nacional. Además, emitió un concepto en el que recomendó que los trámites fuesen resueltos en el Congreso de la República.
Aún con todas las orientaciones y recomendaciones e ignorando al Consejo de Estado, el gobierno de Álvaro Uribe pasó por encima de la Constitución colombiana y firmó el contrato con el gobierno estadounidense, dando el aval para la entrada de cerca de 800 militares, 600 civiles, además de naves y aviones del ejército de Estados Unidos.
"De esta forma se comprueba que sí tenían fundamento los cuestionamientos que amplios sectores democráticos de la población colombiana y estadounidense venían haciendo sobre el acuerdo militar y sobre la forma mansa con que el gobierno de Uribe, con su entonces Ministro de Defensa, hoy presidente, Juan Manuel Santos, pretendía renunciar a la soberanía nacional", reflexiona la Coalición Colombia No Bases, que nació para combatir la instalación de bases militares en el territorio colombiano.
Por la confluencia de todas las ilegalidades, el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, declaró que el acuerdo es contrario a las praxis constitucionales y por no haber sido garantizado por el Congreso no puede surtir efectos en la orden jurídica interna del país hasta que no sea sanada la exigencia. Conforme lo agregado por la Coalición Colombia No Bases en noticia publicada ayer, como el acuerdo ya venía siendo ejecutado "deberán retirarse las tropas y equipos extranjeros de las bases militares colombianas".
El acuerdo fue devuelto al Presidente Juan Manuel Santos y a partir de la fecha de la liberación de la sentencia, el gobierno tendrá un año para rectificarlo y para que el mismo trámite ante el Congreso. En el caso de ser enviado y aprobado por el Congreso, de mayoría oficialista, deberá ser sometido a un nuevo examen del tribunal.
Conciente del resultado de la sentencia, el gobierno nacional, por medio del Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anunció que acata la sentencia y "estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del derecho internacional, de los acuerdos vigentes y de las demás normas aplicables".
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com - Adital -
Attac
COMUNICADO DE PRENSA del 6 de agosto de 2010, de Attac-Québec. 32 organismos están exigiendo más transparencia y más consultas públicas sobre la negociación de un acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea
Reunidos en el seno de la Red para el Comercio Justo, 32 organizaciones en Quebec y Canadá, incluyendo ATTAC-Québec enviaron una carta a todos los primeros ministros en ocasión de la reunión de verano del Consejo de la Federación pidiendoles que soliciten y obtengan el apoyo de la población previamente informada antes de seguir adelante con estas negociaciones.
"Creemos que las provincias y territorios ya han presentado sus ofertas iniciales para el Acuerdo Económico Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (GCSU) al gobierno federal, y que el acuerdo en cuestión está en el Orden del Día de la próxima reunión del Consejo de la Federación en Winnipeg ",expresaban en la carta.
"Nos dirigimos a ustedes para exhortarlos a realizar una consulta amplia y pública en sus respectivas jurisdicciones sobre lo que tratan estas ofertas. La gente que ustedes representan necesitan conocer que es lo que el gobierno espera lograr a través de las negociaciones de la GCSU, y cuáles son las opciones. Es fundamental para la democracia que los miembros interesados del público puede hacer preguntas, expresar sus preocupaciones e influir en la posición de su gobierno con respecto al GCSU. "
La Red para el comercio justo se creó en febrero pasado con el objeto de plantear un debate nacional sobre los efectos potenciales del acuerdo sobre, entre otros, los servicios públicos, la contratación pública, la cultura, el empleo, el medio ambiente, los derechos de la población aborigen, la soberanía alimentaria.
"Las negociaciones con la Unión Europea GCSU van mucho más allá de las cuestiones comerciales. (...) Además, en los medios y en los estudios del proyecto de acuerdo comercial propuesto por Canadá y la Unión Europea se han planteado algunas preguntas en lo relativo a si las ganancias proyectadas han sido exageradas, en cuyo caso podría muy bien significar más pérdidas que ganancias potenciales para las provincias y territorios. La mejor manera de hacerlo es propiciar un debate público abierto, inclusivo y amplio sobre la "GCSU”, precisan.
La carta concluye en que a pesar de la participación directa de las provincias y territorios en las negociaciones, por primera vez los canadienses no han sido adecuadamente consultados sobre dicho acuerdo. "Habría mucho más trabajo por hacer a nivel provincial de modo a buscar y obtener un mandato claro y el consenso de la población informada sobre cómo proceder, si hubiere lugar para continuar las negociaciones con la Unión Europea AÉGC ".
Fuente: Claude Vaillancourt, ATTAC-Québec
quebec@attac.org - www.quebec.attac.org
