PICICA - Blog do Rogelio Casado - "Uma palavra pode ter seu sentido e seu contrário, a língua não cessa de decidir de outra forma" (Charles Melman) PICICA - meninote, fedelho (Ceará). Coisa insignificante. Pessoa muito baixa; aquele que mete o bedelho onde não deve (Norte). Azar (dicionário do matuto). Alto lá! Para este blogueiro, na esteira de Melman, o piciqueiro é também aquele que usa o discurso como forma de resistência da vida.
outubro 31, 2009
Solidaridad con la Federación Anarquista Gaucha (FAG) del Brasil
La CGT hace un llamamiento internacional de solidaridad y apoyo ante la agresión por parte de la policía a la sede de la FAG
En el día de ayer, jueves 29 de octubre, la policía civil de RÍo Grande do Sul, comando de la Gobernadora Yeda Crusius irrumpió en el local de la Federación Anarquista Gaucha. La policía incautó diverso material como carteles, actas de reuniones, la CPU de un ordenador y hasta residuos que había en la sede. También intentó intimidar a aquellos que sólo prestaban su solidaridad y figuraban en los registros de la página web de la organización. Hay dos compañeros procesados.
Los compañeros y compañeras de la FAG llevan años luchando contra la exclusión y contra la precariedad, defendiendo la justicia y unas condiciones de vida dignas. Es de sobra conocido su trabajo con los Catadores (recolectores de cartón y residuos reciclables) con los Sin Techo, Sin Tierra. En definitiva un trabajo que llevan realizando años con los de abajo.
Este es el motivo por el cual la policía del Estado de RÍo Grande do Sul ha ejercido la represión contra los compañeros y compañeras de la FAG, un Estado inmerso en escándalos de corrupción y que adopta una aptitud represora ante colectivos y organizaciones que ejercen libremente la libertad de expresión para criticar las diferentes políticas antipopulares del gobierno. Esta es la respuesta gubernamental ante el rechazo social. Y la FAG no es la primera agredida, debemos recordar el asesinato del campesino sin tierra Elton Brum o la muerte de Marcelo Cavalcante el pasado febrero.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) del Estado Español queremos mostrar nuestra más enérgica repulsa ante estos actos represivos, queremos denunciar la incongruencia de la política gubernamental brasileña, una política de derechas con discurso de izquierdas. Una política que se rige por los mismos parámetros económicos que dictan las multinacionales y por tanto sus mismas tácticas militaristas y represoras.
No sólo rechazamos la represión gubernamental, sino que también queremos manifestar nuestra solidaridad y apoyo a los compañeros y compañeras de la FAG por el trabajo que realizan con las gentes sencillas de su pueblo, un trabajo constante y tenaz que los poderes gubernamentales y policiales han pretendido callar por medio del terror, la intimidación y la represión, pero estamos seguros que no lo van a conseguir.
En estos momentos consideramos importante las muestras de apoyo y solidaridad, por tanto desde la CGT hacemos un llamamiento a las diferentes organizaciones y colectivos para que hagan visible su rechazo ante estas agresiones.
Arriba los que luchan
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Fonte: kaosenlared.net
En el día de ayer, jueves 29 de octubre, la policía civil de RÍo Grande do Sul, comando de la Gobernadora Yeda Crusius irrumpió en el local de la Federación Anarquista Gaucha. La policía incautó diverso material como carteles, actas de reuniones, la CPU de un ordenador y hasta residuos que había en la sede. También intentó intimidar a aquellos que sólo prestaban su solidaridad y figuraban en los registros de la página web de la organización. Hay dos compañeros procesados.
Los compañeros y compañeras de la FAG llevan años luchando contra la exclusión y contra la precariedad, defendiendo la justicia y unas condiciones de vida dignas. Es de sobra conocido su trabajo con los Catadores (recolectores de cartón y residuos reciclables) con los Sin Techo, Sin Tierra. En definitiva un trabajo que llevan realizando años con los de abajo.
Este es el motivo por el cual la policía del Estado de RÍo Grande do Sul ha ejercido la represión contra los compañeros y compañeras de la FAG, un Estado inmerso en escándalos de corrupción y que adopta una aptitud represora ante colectivos y organizaciones que ejercen libremente la libertad de expresión para criticar las diferentes políticas antipopulares del gobierno. Esta es la respuesta gubernamental ante el rechazo social. Y la FAG no es la primera agredida, debemos recordar el asesinato del campesino sin tierra Elton Brum o la muerte de Marcelo Cavalcante el pasado febrero.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) del Estado Español queremos mostrar nuestra más enérgica repulsa ante estos actos represivos, queremos denunciar la incongruencia de la política gubernamental brasileña, una política de derechas con discurso de izquierdas. Una política que se rige por los mismos parámetros económicos que dictan las multinacionales y por tanto sus mismas tácticas militaristas y represoras.
No sólo rechazamos la represión gubernamental, sino que también queremos manifestar nuestra solidaridad y apoyo a los compañeros y compañeras de la FAG por el trabajo que realizan con las gentes sencillas de su pueblo, un trabajo constante y tenaz que los poderes gubernamentales y policiales han pretendido callar por medio del terror, la intimidación y la represión, pero estamos seguros que no lo van a conseguir.
En estos momentos consideramos importante las muestras de apoyo y solidaridad, por tanto desde la CGT hacemos un llamamiento a las diferentes organizaciones y colectivos para que hagan visible su rechazo ante estas agresiones.
Arriba los que luchan
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Fonte: kaosenlared.net
Exército pressiona comunidades a deixar o Puraquequara
Solidariedade - Moradores do Puraquequara e Rio Amazonas estão sendo pressionados pelo Exército brasileiro a se retirarem de suas comunidades. Com esse gentil convite, pretende-se assentá-los em loteamento do INCRA.
Os moradores da região conseguiram, juntamente com seus aliados (CÁRITAS, CPT, Gabinete do Senador João Pedro entre outros), marcar audiência pública na Vila do Puraquequara, que teria acontecido no dia 21.10.2009.
Como não recebemos mais nenhuma informação, estamos sem saber o desfecho dessa história. Pedimos aos companheir@s da Cáritas Arquidiocesana que se manifestem, para que possamos estabelecer o arco da solidariedade.
Os moradores da região conseguiram, juntamente com seus aliados (CÁRITAS, CPT, Gabinete do Senador João Pedro entre outros), marcar audiência pública na Vila do Puraquequara, que teria acontecido no dia 21.10.2009.
Como não recebemos mais nenhuma informação, estamos sem saber o desfecho dessa história. Pedimos aos companheir@s da Cáritas Arquidiocesana que se manifestem, para que possamos estabelecer o arco da solidariedade.
A Amazônia sob a ótica de Pesquisadores Amazônidas
A Amazônia sob a ótica de Pesquisadores Amazônidas
Experiências compartilhadas, tensões sociais e perspectivas
Local: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/ PUC-SP
Campus Monte Alegre - Rua Ministro Godoi, 969. Perdizes
Programação
Dia 11 de novembro – das 19:00 às 21:30h.- Sala 500 (Prédio Novo)
Questões indígenas na Amazônia: meio ambiente, terra, educação e saúde
Daniel Munduruku (povo Munduruku/PA) Escritor e doutorando do programa de Educação, USP - Participante do Movimento Indigena
Edson Brito (povo Kayapó/AP) – Doutorando do programa EHPS, PUC-SP – Sindicalista e Participante do Movimento Indigena
Sarlene Soares (povo Makuxi/RR) – Mestranda do Programa de Ciências Sociais, PUC-SP – Participante do Movimento Indigena
Elio Pereira (povo Piratapuia/AM) – Mestrando do programa EHPS, PUC-SP – Participante do Movimento Indigena
Dia 12 de novembro – das 19:00 às 21:30h - Sala 500 (Prédio Novo)
Amazônia, sociedades caboclas e ribeirinhos: educação, modos de vida, mineração e conflitos
Lucélia Guimarães (Pará) – Doutoranda do programa de Educação: Currículo, PUC-SP – Fórum Paraense de Educação do Campo
Francisco Assis (Acre) – Doutorando do programa de História, PUC-SP Vice Presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Acre
Antônio Torrinha (Amapá) – Mestrando do programa de História, PUC-SP – Sindicalista
Experiências compartilhadas, tensões sociais e perspectivas
Local: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/ PUC-SP
Campus Monte Alegre - Rua Ministro Godoi, 969. Perdizes
Programação
Dia 11 de novembro – das 19:00 às 21:30h.- Sala 500 (Prédio Novo)
Questões indígenas na Amazônia: meio ambiente, terra, educação e saúde
Daniel Munduruku (povo Munduruku/PA) Escritor e doutorando do programa de Educação, USP - Participante do Movimento Indigena
Edson Brito (povo Kayapó/AP) – Doutorando do programa EHPS, PUC-SP – Sindicalista e Participante do Movimento Indigena
Sarlene Soares (povo Makuxi/RR) – Mestranda do Programa de Ciências Sociais, PUC-SP – Participante do Movimento Indigena
Elio Pereira (povo Piratapuia/AM) – Mestrando do programa EHPS, PUC-SP – Participante do Movimento Indigena
Dia 12 de novembro – das 19:00 às 21:30h - Sala 500 (Prédio Novo)
Amazônia, sociedades caboclas e ribeirinhos: educação, modos de vida, mineração e conflitos
Lucélia Guimarães (Pará) – Doutoranda do programa de Educação: Currículo, PUC-SP – Fórum Paraense de Educação do Campo
Francisco Assis (Acre) – Doutorando do programa de História, PUC-SP Vice Presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Acre
Antônio Torrinha (Amapá) – Mestrando do programa de História, PUC-SP – Sindicalista
Resistência no Santuário dos Pajés
A especulação imobiliária no Distrito Federal atingiu um nível extremo com a construção do setor Noroeste. Destroem mais ainda o cerrado e querem exterminar a população Indígena que vive no local há 40 anos. Colabore com a resistência: www.santuariodospajes.org
Fonte: http://www.youtube.com/user/santuariodospajes
Rios pela Vida! Terceiro Encontro Internacional dos Atingidos por Barragens e seus Aliados
GUARDE ESTA DATA!
Rios pela Vida! Terceiro Encontro Internacional dos Atingidos por Barragens e seus Aliados
Temacapulín, México, 1-7 de outubro, 2010
Convidamos vocês de participar no Terceiro Encontro Internacional dos Atingidos por Barragens e seus Aliados, que acontecerá em Temacapulín, Mexico em outubro de 2010. A comunidade de Temacapulín se encontra em plena mobilização para impedir a construção da hidrelétrica El Zapotillo. Eles estarão recebendo militantes do movimento internacional contra as barragens na sua aldéia e nas suas casas para esta reunião importante.
Mais de 300 atingidos por barragens, representantes de ongs e especialistas do mundo inteiro deveriam reunir para compartir experiências e informação, desenvolver estrategias em comúm, e fortalecer o movimento internacional em proteção dos rios e os direitos das populações ribeirinhas.
Por favor marcar a data nos seus calendários e planeje sua participação. Os recursos para financiar a participação de entidades do Sul são muito limitados. Seria importante que vocês prioritizem a busca de recursos para possibilitar sua viagem e participação. Se tiver possibilidades de buscar recursos para outros participantes, por favor entrar em contato com susanne@internationalrivers.org.
**************************************************************
QUÊ: Terceiro Encontro Internacional dos Atingidos por Barragens e seus Aliados
QUANDO: 1-7 de outubro de 2010. O dia 1 e 7 serão dedicados às chegadas e saídas de pessoal. Vai ter quatro dias de reuniões e oficinas, além de uma saída de um dia para visitar com atingidos e aprender mais sobre a luta das comunidades regionais contra as barragens.
ONDE: Temacapulín, México. O aeroporto mais próxmo é de Guadalájara.
QUEM: Atingidos por barragens e ativistas do mundo inteiro.
PORQUE: Os primeiros dois encontros de atingidos por barragens e seus aliados tiveram muita influência, ajudando no fortelecimento do movimento internacional contra as barragens. O movimento já comemorou várias vitórias desde o último encontro na Tailândia em 2003. Porém, ainda enfrentamos graves ameaças aos nossos rios e aos nossos direitos. Uma nova geração de barragens estão sendo financiadas pelos governos do Sul, e por empresas que desmostram pouca preocupação em cumprir a legislação nacional e os direitos dos povos. As barragens estão sendo colocadas como se fossem soluções aos câmbios climáticos, apesar de dúvidas sobre como as mudanças climáticas deveriam afetar o seu desempenho.
Agora é o momento para juntarmos em solidaridade para compartir experiências e desenvolver estratégias em comúm para proteger os nossos rios e defender os nossos direitos.
**************************************************************
PARA MAIS INFORMAÇÃO
Visite o nosso site www.internationalrivers.org/riversforlife3. Estaremos atualizando as informações sobre o evento. Qualquer dúvida, entre em contato com o Movimento dos Atingidos por Barragens, ou contatar Susanne Wong na International Rivers, susanne@internationalrivers.org.
AJUDEM COM A DIVULGAÇÃO! especialmente às comunidades de atingidos por barragens.
*****************************************************************
O comitê organizativo inclui a International Rivers, três parceiros da região, e um comitê internacional:
Parceiros locais:
Instituto Mexicano para Desarrollo Comunitário (IMDEC)
Comitê para Salvar Temaca, Acasico ty Palmarejo
Movimiento Mexicano de los Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Comitê Internacional:
Sena Alouka, Young Volunteers for the Environment, Togo
Robert Kugonza, Africa Rivers Network, Uganda
Ercan Ayboga, Initiative to Save Hasankeyf, Turkey/Germany
Catriona Vine, Kurdish Human Rights Project, United Kingdom
Lata Anantha, River Research Centre, India
Tek Vannara, Culture and Environment Preservation Association, Cambodia
Luiz dalla Costa, Movimento dos Atingidos por Barragens, Brasil
Roberto Epple, European Rivers Network, France
Gustavo Castro Soto, MAPDER y Otros Mundos, México
Marco von Borstel e Carmen Diaz, IMDEC, México
Susanne Wong e Berklee Lowrey-Evans, International Rivers, USA
Glenn Switkes,
Director, Amazon Program
International Rivers
São Paulo, Brazil
glenn@internationalrivers.org
www.internationalrivers.org
tel: +55 11 3666 7084
skype glennswitkes1
Rios pela Vida! Terceiro Encontro Internacional dos Atingidos por Barragens e seus Aliados
Temacapulín, México, 1-7 de outubro, 2010
Convidamos vocês de participar no Terceiro Encontro Internacional dos Atingidos por Barragens e seus Aliados, que acontecerá em Temacapulín, Mexico em outubro de 2010. A comunidade de Temacapulín se encontra em plena mobilização para impedir a construção da hidrelétrica El Zapotillo. Eles estarão recebendo militantes do movimento internacional contra as barragens na sua aldéia e nas suas casas para esta reunião importante.
Mais de 300 atingidos por barragens, representantes de ongs e especialistas do mundo inteiro deveriam reunir para compartir experiências e informação, desenvolver estrategias em comúm, e fortalecer o movimento internacional em proteção dos rios e os direitos das populações ribeirinhas.
Por favor marcar a data nos seus calendários e planeje sua participação. Os recursos para financiar a participação de entidades do Sul são muito limitados. Seria importante que vocês prioritizem a busca de recursos para possibilitar sua viagem e participação. Se tiver possibilidades de buscar recursos para outros participantes, por favor entrar em contato com susanne@internationalrivers.org.
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QUÊ: Terceiro Encontro Internacional dos Atingidos por Barragens e seus Aliados
QUANDO: 1-7 de outubro de 2010. O dia 1 e 7 serão dedicados às chegadas e saídas de pessoal. Vai ter quatro dias de reuniões e oficinas, além de uma saída de um dia para visitar com atingidos e aprender mais sobre a luta das comunidades regionais contra as barragens.
ONDE: Temacapulín, México. O aeroporto mais próxmo é de Guadalájara.
QUEM: Atingidos por barragens e ativistas do mundo inteiro.
PORQUE: Os primeiros dois encontros de atingidos por barragens e seus aliados tiveram muita influência, ajudando no fortelecimento do movimento internacional contra as barragens. O movimento já comemorou várias vitórias desde o último encontro na Tailândia em 2003. Porém, ainda enfrentamos graves ameaças aos nossos rios e aos nossos direitos. Uma nova geração de barragens estão sendo financiadas pelos governos do Sul, e por empresas que desmostram pouca preocupação em cumprir a legislação nacional e os direitos dos povos. As barragens estão sendo colocadas como se fossem soluções aos câmbios climáticos, apesar de dúvidas sobre como as mudanças climáticas deveriam afetar o seu desempenho.
Agora é o momento para juntarmos em solidaridade para compartir experiências e desenvolver estratégias em comúm para proteger os nossos rios e defender os nossos direitos.
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PARA MAIS INFORMAÇÃO
Visite o nosso site www.internationalrivers.org/riversforlife3. Estaremos atualizando as informações sobre o evento. Qualquer dúvida, entre em contato com o Movimento dos Atingidos por Barragens, ou contatar Susanne Wong na International Rivers, susanne@internationalrivers.org.
AJUDEM COM A DIVULGAÇÃO! especialmente às comunidades de atingidos por barragens.
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O comitê organizativo inclui a International Rivers, três parceiros da região, e um comitê internacional:
Parceiros locais:
Instituto Mexicano para Desarrollo Comunitário (IMDEC)
Comitê para Salvar Temaca, Acasico ty Palmarejo
Movimiento Mexicano de los Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Comitê Internacional:
Sena Alouka, Young Volunteers for the Environment, Togo
Robert Kugonza, Africa Rivers Network, Uganda
Ercan Ayboga, Initiative to Save Hasankeyf, Turkey/Germany
Catriona Vine, Kurdish Human Rights Project, United Kingdom
Lata Anantha, River Research Centre, India
Tek Vannara, Culture and Environment Preservation Association, Cambodia
Luiz dalla Costa, Movimento dos Atingidos por Barragens, Brasil
Roberto Epple, European Rivers Network, France
Gustavo Castro Soto, MAPDER y Otros Mundos, México
Marco von Borstel e Carmen Diaz, IMDEC, México
Susanne Wong e Berklee Lowrey-Evans, International Rivers, USA
Glenn Switkes,
Director, Amazon Program
International Rivers
São Paulo, Brazil
glenn@internationalrivers.org
www.internationalrivers.org
tel: +55 11 3666 7084
skype glennswitkes1
Homenagem a Paulo Leminski, Alice Ruiz e Itamar Assumpção na Saraiva MegaStore Manaus
Homenagem a Paulo Leminski, Alice Ruiz e Itamar Assumpção na Saraiva Mega
Na quarta-feira, 4, a com Cia. Navalha na Liga, Nada na Barriga apresentará o espetáculo Sabe o que é?, uma interpretação cênico-musical sobre a obra do casal de poetas Alice Ruiz e Paulo Leminski e do compositor Itamar Assumpção. A apresentação será às 19h30, no Espaço Cultural Thiago de Mello (Saraiva MegaStore/Manauara Shopping).
O experimento poético-musical mistura músicas e poemas dos escritores . É um show onde toca-se, recita-se e atua-se de forma descontraída.
A Cia Navalha na Liga, Nada na Barriga é formada pela atriz, arte-educadora e contadora de história Lígia Marina e pelo músico-compositor Guilherme Furtado. Ambos são de São Paulo mas estão passando uma temporada em Manaus. A dupla formou-se este ano unindo uma vasta experiência teatral e musical de ambos.
Contato: Lígia Marina limarina70@yahoo.com.br
Andreia Mayumi
Assistente de comunicação
Saraiva MegaStore Manaus
(92) 3236 9200 R-2033 / 8102 7432
andreiam@livrariasaraiva.com.br
Na quarta-feira, 4, a com Cia. Navalha na Liga, Nada na Barriga apresentará o espetáculo Sabe o que é?, uma interpretação cênico-musical sobre a obra do casal de poetas Alice Ruiz e Paulo Leminski e do compositor Itamar Assumpção. A apresentação será às 19h30, no Espaço Cultural Thiago de Mello (Saraiva MegaStore/Manauara Shopping).
O experimento poético-musical mistura músicas e poemas dos escritores . É um show onde toca-se, recita-se e atua-se de forma descontraída.
A Cia Navalha na Liga, Nada na Barriga é formada pela atriz, arte-educadora e contadora de história Lígia Marina e pelo músico-compositor Guilherme Furtado. Ambos são de São Paulo mas estão passando uma temporada em Manaus. A dupla formou-se este ano unindo uma vasta experiência teatral e musical de ambos.
Contato: Lígia Marina limarina70@yahoo.com.br
Andreia Mayumi
Assistente de comunicação
Saraiva MegaStore Manaus
(92) 3236 9200 R-2033 / 8102 7432
andreiam@livrariasaraiva.com.br
3 de novembro: inauguração do CAPS Tereza Noronha... em Pernambuco
Nota do blog: No aprazível litoral pernambucano tem uma cidade de nome Paulista (foto) onde os "doidos" (expressão pop) comiam o pão que o diabo amassou. O hospício da cidade fechou, tamanha foi a pressão do movimento de luta por uma sociedade sem manicômios. Em seu lugar - não no mesmo lugar, bem entendido - será implantado o serviço substitutivo conhecido como Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). É o segundo CAPS 24 horas - também conhecido como CAPS III - do estado de Pernambuco (Manaus só tem um; na verdade um CAPS meia boca, que só funciona em dois turnos). Nelma Melo, da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, mais feliz do que aquele pintinho da história, é quem enviou o convite abaixo da Prefeitura do Município de Paulista. A propósito: quando sai o CAPS do município de Manaus? E quantos sairão até o fim da administração atual? A partir de agora o CAPS de Paulista passará pelo processo de credenciamento. O Ministério da Saúde cadastrou, recentemente, 73 novos CAPS, de tipos I, II e III. Com isto, o total de CAPS cadastrados é de 1.467, e a cobertura Brasil passa para para 0.60 Caps por 100.000 habitantes. Ainda é pouco, para substituir o modelo de confinamento. Mexam-se militantes! Alô, Ministério Público, alguém na escuta?
Valeu o esforço de todos os municípios e dos(as) colegas que implantaram os serviços, enfrentando dificuldades, como todos(as) sabem.
Valeu o esforço de todos os municípios e dos(as) colegas que implantaram os serviços, enfrentando dificuldades, como todos(as) sabem.
CONVITE
O Prefeito do Paulista, Yves Ribeiro de Albuquerque,
e o Secretário de Saúde do Município,
Nelson Falcão de Melo convidam V.Sª. para
a inauguração
do CAPS III Tereza Noronha (24 horas),
que irá acontecer no dia 03 de novembro
às 16:00h, na Av. Beira Mar 3419
(Janga – Paulista – PE)
Conferência Nacional de Comunicação - AMAZONAS - etapa estudual
Manaus, 30 de outubro de 2009
CONVITE
Nesta próxima terça-feira (3 de novembro), a partir da 11h, será realizado na Assembléia Legislativa do Amazonas (ALEAM), sessão de tempo para discutir a realização da 1ª Conferência Estadual de Comunicação (Confecom). A sessão de tempo foi solicitada pelo deputado Luiz Castro (PPS).
Venha discutir com o parlamento amazonense a comunicação que você deseja para o país e para o Amazonas. Mudanças nas grades de programação, universalização do acesso a internet, regulamentação da profissão de jornalista com exigência do diploma em Jornalismo, mudança da legislação e financiamento para as rádios e tvs comunitárias, enfim, a democratização da comunicação.
A Confecom do Amazonas irá acontecer nos dias 17 e 18 de novembro. Desta Confecom sairão os delegados e representantes para a Confecom Brasil marcada para os dias 14 a 17 de dezembro em Brasília.
Não perca. Terça-feira, (3), a partir das 11h, na ALEAM:
Sessão de tempo sobre Conferência Estadual de Comunicação
Comunicação é um direito humano.
Comissão Estadual Pró-Conferência de Comunicação
CONVITE
Nesta próxima terça-feira (3 de novembro), a partir da 11h, será realizado na Assembléia Legislativa do Amazonas (ALEAM), sessão de tempo para discutir a realização da 1ª Conferência Estadual de Comunicação (Confecom). A sessão de tempo foi solicitada pelo deputado Luiz Castro (PPS).
Venha discutir com o parlamento amazonense a comunicação que você deseja para o país e para o Amazonas. Mudanças nas grades de programação, universalização do acesso a internet, regulamentação da profissão de jornalista com exigência do diploma em Jornalismo, mudança da legislação e financiamento para as rádios e tvs comunitárias, enfim, a democratização da comunicação.
A Confecom do Amazonas irá acontecer nos dias 17 e 18 de novembro. Desta Confecom sairão os delegados e representantes para a Confecom Brasil marcada para os dias 14 a 17 de dezembro em Brasília.
Não perca. Terça-feira, (3), a partir das 11h, na ALEAM:
Sessão de tempo sobre Conferência Estadual de Comunicação
Comunicação é um direito humano.
Comissão Estadual Pró-Conferência de Comunicação
Coolateral dá dica de cinema: Besouro
Nota do blog: A dica do filme da semana é do Coolateral, blog de uma rapaziada de Sampa, onde você vai encontrar um decálogo sobre Coisas de Macho, da hora, mano! Visite o blog e não deixe de curtir os trailers e joguinhos feitos para promover o filme: Besouro.
Garota veste minissaia, vai à faculdade, e sofre assédio moral da plebe rude e ignara
Nota do blog: "Puta, puta, puta!...", assim foi saudada a garota, estudante de turismo, que resolveu ir de minissaia para uma faculdade do ABC paulista. A patuléia não perdoou. A psicanálise nomeia como contra-identificação esse tipo de manifestacão. Moral da história: putas não têm vez numa sociedade intolerante à diferença. Quanto à moça, espero que ela não abra mão de mover um processo contra a barbárie desse Brasil varonil... il... il... il.
***
A roupa de uma estudante causou tumulto em uma faculdade em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo). Toda confusão foi provocada pelo uso de uma minissaia.
A garota ouviu insultos de centenas de alunos da faculdade, que se juntaram no pátio para vê-la e xingá-la.
A garota teve que se esconder em uma sala e só foi retirada, com um avental de professor, escoltada pela Polícia Militar.
Fonte: http://www.youtube.com/user/cinefran21
Ficção e verdade
Fernando Meirelles pretende filmar a vida dos irmãos Villas Boas. Dois atores globais farão o papel desses importantes personagens da história recente da república. A escolha do atores recaiu sobre Selton Mello e Rodrigo Santoro. Já tem anarquista de meia tigela criticando a escolha dos atores, especialmente o premiado Selton por ter "estuprado" uma índia no filme Arido Movie, como se a cena não fizesse parte da realidade brasileira. Vai ver que a cena acima é pura ficção. Qual é bróder?
outubro 30, 2009
Drug Decriminalization in Portugal
Nota do blog: Todo o Brasil habituou-se a ouvir no Congresso Nacional um homem franzino que se agigantava a cada discurso proferido, sobretudo quando se dirigia contra o comportamento político de seus pares. Sua morte comoveu o país, onde parlamentares vivem a deslizar na ética. Jefferson Peres, senador pelo Amazonas, encarnou o desejo da maioria silenciosa e dos que ousaram levantar a bandeira da ética na política, que a cada dia que passa torna-se peça de ficção. O senador amazonense, que tinha uma coluna no jornal "A Crítica", um belo dia surpreendeu ao defender a tese da descriminalização das drogas. Vindo de alguém com perfil conservador, ressalve-se a coragem da atitude. Dizia desconhecer o tema, mas dava crédito aos especialistas que advogavam mudanças na legislação. Seu raciocínio embasava-se na leitura de revista The Economist. Segundo a prestigiada revista inglesa, a descriminalização iria reduzir em 10% o número de presos por porte de maconha nas terras de Sua Majestade Elizabeth II (vale registrar que a defesa de mudança na legislação incidia apenas sobre a cannabis sativa); com isso sobraria dinheiro para projetos educacionais e geração de renda, entre outras medidas a ser adotadas. Para mim, o único senão no raciocínio do senador era a questão do paraíso fiscal onde são lavados o dinheiro do tráfico internacional. Defendi, e defendo, que a ação deveria ser internacional para evitarmos o cenário pós-liberação de drogas ocorrido na Holanda nos anos 1990. Entrentato, devo reconhecer que o exemplo de Portugal (texto abaixo) aponta uma perspectiva por mim miseravelmente desprezada: todo conhecimento, e sua práticas, está sujeito a mudança; é ele quem não permite a repetição da história, o que quando acontece ocorre como tragédia ou farsa. O exemplo de Portugal, desde 2001, está aí não mais como aposta no futuro, mas como um presente que só volta atrás se ultra-conservadores assumirem outra vez o poder (o exemplo do Rio Grande do Sul, onde parlamentares tucanos querem destruir a primeira Lei de Saúde Mental do país, segunda da América Latina, tá mais pra farsa do que pra tragédia; mas é bom não bobear). Já não é uma luz no fim do túnel, mas a própria iluminação desses tempos líquidos. E eu que estava a pensar em montar um esquadra, atravessar o Atlântico, e tomar posse do Portugal, desisto da idéia para dar vivas à terra de meu avós maternos Tereza de Jesus Barbosa e Antônio Barbosa, pais de Tereza (minha mãe), Pátria e Lusitânia Barbosa. Viva Portugal!
Descriminalização das Drogas em Portugal - Primeiros Relatos
Em 01 de julho de 2001, Portugal adotou política antiproibicionista, descriminalizando o porte de drogas para consumo - inclusive para drogas consideradas 'pesadas' como cocaína e heroína. As primeiras conclusões, a partir de dados empíricos, é de que a Legislação trouxe inúmeros benefícios, sobretudo no que tange à implementação de política de redução de danos.
Mas o interessante dos dados é a possibilidade de refutar os discursos sensacionalistas de pânico moral.
A Lei, considerada pelos políticos conservadores de Portugal, como ultra-liberal, foi acusada, na época, de criar condições de consumo o que redundaria no incremento do uso de drogas pela juventude portuguesa e o incentivo de 'drug tourists'.
Importante estudo do Cato Institute esclarece os efeitos e o impacto da Lei, para o pânico dos empresários morais.
A pesquisa, realizada por Glenn Greenwald, mereceu destaque na edição de 27 de agosto do The Economist.
A íntegra do estudo pode ser acessada via web (clique aqui).
Fonte: http://antiblogdecriminologia.blogspot.com/
Descriminalização das Drogas em Portugal - Primeiros Relatos
Em 01 de julho de 2001, Portugal adotou política antiproibicionista, descriminalizando o porte de drogas para consumo - inclusive para drogas consideradas 'pesadas' como cocaína e heroína. As primeiras conclusões, a partir de dados empíricos, é de que a Legislação trouxe inúmeros benefícios, sobretudo no que tange à implementação de política de redução de danos.
Mas o interessante dos dados é a possibilidade de refutar os discursos sensacionalistas de pânico moral.
A Lei, considerada pelos políticos conservadores de Portugal, como ultra-liberal, foi acusada, na época, de criar condições de consumo o que redundaria no incremento do uso de drogas pela juventude portuguesa e o incentivo de 'drug tourists'.
Importante estudo do Cato Institute esclarece os efeitos e o impacto da Lei, para o pânico dos empresários morais.
A pesquisa, realizada por Glenn Greenwald, mereceu destaque na edição de 27 de agosto do The Economist.
A íntegra do estudo pode ser acessada via web (clique aqui).
Fonte: http://antiblogdecriminologia.blogspot.com/
A mudança na legislação e na política de drogas é urgente
A mudança na legislação e na política de drogas é urgente
Discurso feito no Grande Expediente da Câmara dos Deputados no dia 28 de outubro
Venho a essa tribuna para discutir o tema da violência e a sua associação com o comercio ilegal das drogas, duas questões que estão intimamente vinculadas e que tanto preocupam a sociedade brasileira.
Neste mês de outubro assistimos a cenas preocupantes de violência no Rio de Janeiro, com a derrubada de um helicóptero, que matou três policiais militares: o soldado Marcos Stadler Macedo, o soldado Edney Canazaro de Oliveira, e o cabo Izo Gomes Patrício, quando a aeronave foi atingida por um tiro desferido a partir do Morro dos Macacos.
Foi morto, em outro episódio, também o coordenador da ONG Cultural Afroreggae Evandro João da Silva, que assaltado, levou um tiro e, encontrado agonizante, foi abandonado por policiais que liberaram os suspeitos do homicídio e ainda ficaram com a jaqueta e o tênis da vítima.
Até agora já foram mortos mais de 40 pessoas somente nos últimos dez dias, entre elas crianças, mulheres, jovens, vitimadas apenas por estarem perto dos fatos, sem qualquer envolvimento com o crime.
Ao nos debruçarmos sobre a violência no Rio de Janeiro, podemos encontrar raízes nas profundas desigualdades sociais, na ausência do Estado em comunidades pobres, na baixa perspectiva de emprego para os jovens, no despreparo da polícia e na questão das drogas associada ao tema da violência.
Quero tratar aqui da relação drogas e violência e a necessidade de uma nova abordagem desse tema. O modelo atual de tratamento da questão das drogas fracassou!
O número de mortes em conflitos relacionados ao mercado de drogas é muito maior do que as mortes que são provocadas pelo uso da droga em si. Apesar desta repressão, o consumo de drogas ilícitas no Brasil cresceu nos últimos anos e o número de presos condenados por atividades relacionadas à venda e ao consumo destas substâncias também está em ascensão.
Precisamos de respostas adequadas e pragmáticas, que tenham condições de diminuir o problema e tranquilizar a sociedade. É preciso abrir o debate para desenvolver um modelo mais adequado à nossa realidade, que diminua os danos associados ao uso e ao abuso de drogas.
Há uma procura por drogas em nosso país e um imenso mercado ilegal que lhe atende sem qualquer regulação de preço e qualidade. Isso faz com que os que lideram estas atividades tenham lucros astronômicos em razão do alto valor da substância. Por esta valorização se armam para proteger o produto em si e a sua atividade. Por estas razões, o comércio de drogas se relaciona ao uso da força e ao poder de corromper autoridades e reduzir o poder de ação da Segurança Pública. Exemplos disso são a violência e a rede criminosa que se formaram a partir da proibição do álcool na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, durante os anos 20 e 30, com o fortalecimento da atuação criminosa da máfia.
Uma atividade tão rentável e tão perigosa permite contratar, nas comunidades carentes, uma mão-de-obra que é atraída por uma remuneração elevada dentro para sua realidade. O comércio ilícito armado exerce seu poder e sua violência no domínio territorial, na cobrança de dívidas e na expansão de suas atividades. As pessoas que estão na base desta estrutura são as que geralmente acabam mortas em conflitos com a polícia ou presas no transporte ou na venda de drogas. Dificilmente, a atuação de repressão consegue alcançar quem organiza e financia estas atividades criminosas.
O impacto da situação atual é o alto número de mortes entre adolescentes e jovens na sociedade brasileira. Outro aspecto é a superlotação das cadeias. São 80 mil pessoas que estão presas hoje no Brasil por estarem de alguma forma relacionadas ao mercado das drogas. Atividade que tem aumentado também o número de jovens e de mulheres, das mais variadas idades, dentro do sistema prisional. Em São Paulo, o envolvimento no mercado de drogas é o segundo motivo de internações na Fundação Casa, a instituição responsável pela custódia de adolescentes em conflito com a lei. A ida de mulheres para as cadeias também acaba gerando um efeito que é ainda mais nocivo: o aumento do abandono familiar.
Há grande procura por drogas na sociedade brasileira. Parte do consumo destas substâncias ilícitas é eventual e não apresenta risco à sociedade. São pessoas que usam maconha, por exemplo, sem que o consumo prejudique a sua vida social e produtiva. Como no álcool, existe muita gente que faz o uso responsável e uma parte que acaba tendo problemas causados pelo abuso. A proibição também provoca que estes consumidores tenham um contato com criminosos que eles próprios, em muitos casos, não gostariam de ter. Por conta desta relação, os usuários passam a ser estigmatizados pela sociedade e, em muitas situações, apontados injustamente como responsáveis pelo financiamento do crime organizado.
Hoje, o consumo problemático de drogas está centrado principalmente no crack, uma substância capaz de provocar rapidamente uma forte dependência do usuário, com danos permanentes à sua saúde. A busca frenética por esta droga afasta as pessoas do convívio familiar e da vida profissional e as leva a ter comportamentos de risco à sua saúde e a cometer pequenos delitos para sustentar a sua dependência. Uma situação que não está mais apenas nas grandes cidades e passou a atingir também a classe média. Em menor escala, também há problemas relacionados ao uso de drogas sintéticas e de cocaína.
Historicamente, a questão do consumo de drogas no Brasil foi tratado apenas de forma repressiva, resultado da adesão completa à política de guerra às drogas iniciada nos Estados Unidos na década de 70, pelo então presidente Richard Nixon. O objetivo inicial desta ação foi enfraquecer os movimentos de contestação ao sistema, como os hippies e os grupos de oposição aos regimes militares na América Latina. Em um segundo momento, o combate às drogas ganha, além da força repressiva, uma abordagem médico-psiquiátrica, com internação compulsória e aplicação de medicamentos no seu tratamento. Um exemplo é a realidade apresentada no filme Bicho de Sete Cabeças, da diretora Lais Bodanzky. Baseado no livro Canto dos Malditos, de Austregésilo Carraro Bueno, o filme mostra a vida do autor, que foi internado à força em um hospital psiquiátrico depois que seu pai descobriu que ele era usuário de maconha.
Entre os anos 80 e 90, a política de repressão dos Estados Unidos ganha um contorno de militarização. Incapazes de conseguir reduzir o consumo interno e a demanda por drogas, os norte-americanos investem na tentativa de extinguir a produção de drogas, com a destruição de plantações em outras regiões, notadamente na América do Sul, em países vizinhos ao nosso, como Bolívia, Peru e Colômbia. Com a crise no modelo que ficou conhecido como “Milagre Econômico” e a adoção da regulação neoliberal, o aumento do desemprego e uma forte exclusão social, o Brasil sofreu os impactos desta ação e passou a ser uma rota do tráfico internacional e ter um mercado consumidor crescente.
Esta prioridade na repressão, que estigmatiza e criminaliza os usuários, impediu durante muito tempo que o Brasil desenvolvesse um sistema integrado de saúde capaz de lidar com o problema do abuso de drogas. Sem investimento em uma política pública, o Brasil tem poucos profissionais da saúde que se especializaram em tratar deste tipo de dependência química e poucos equipamentos dedicados a fazer o tratamento.
A política de guerra às drogas, hegemônica na última década, sofre uma forte contestação internacional devido a sua ineficácia. Na última conferência da ONU para as drogas, a Ungass, em Viena, houve um questionamento direto desta abordagem. Lá, o Brasil marcou a sua posição em defesa da construção de uma política voltada para a redução de danos. Vários países estão fazendo alterações importantes na sua estratégia, com grandes investimentos na redução de danos, que tem conseguido diminuir de forma expressiva o consumo de drogas. Esta nova política se baseia no aumento dos investimentos em prevenção, em diminuição da vulnerabilidade, atenção e tratamento para os usuários problemáticos. Reduzir danos significa diminuir a incidência de doenças associadas ao abuso de drogas como a AIDS, a hepatite e outras doenças sexualmente transmissíveis, assim como a violência associada ao mercado de drogas.
No Brasil, o governo Lula tomou medidas importantes para mudar a legislação, para despenalizar o usuário de drogas; investir em tratamento por meio da implantação de 250 centros de atendimento psicossocial de álcool e drogas. Com o Pronasci e o PAC, o nosso governo passou a atuar mais efetivamente nas regiões de alta vulnerabilidade social, levando alternativas e oportunidades para seus moradores. A gravidade da situação, no entanto, está exigindo mais esforços e soluções ousadas.
Para combater a violência associada ao uso de drogas é importante desarmar os grupos envolvidos nesta atividade e liberar os territórios, para garantir tranqüilidade para as populações que lá moram. As ações contra a lavagem de dinheiro precisam ser aprimoradas, para garantir a punição para pessoas que lucram com o tráfico sem precisar por a mão nas drogas. Afinal, como recitam os Racionais MC’s, na música Periferia é Periferia, a substância vem por aeroporto e cais e não há nas favelas donos de aeroportos. Por outro lado, é fundamental uma regulação para retirar do mercado ilegal o monopólio sobre a produção e a oferta destas substâncias. Assim, será possível desvincular este mercado da ação criminosa.
O Brasil é signatário de convenções internacionais que impedem a legalização, mas é importante que o Brasil possa levar ao plano internacional a discussão sobre a legalização de drogas leves. No caso da maconha, por exemplo, é possível legalizar sim, desde que tenhamos uma regulamentação mais severa do que a que existe hoje para o álcool e o tabaco.
É possível e necessário fazer uma política de transição entre o estágio atual e a legalização, com a descriminalização do uso e da posse de pequenas quantidades para o uso pessoal. É o que alguns países já têm feito com bons resultados, como Portugal. Os portugueses vinham de um aumento crescente no consumo de drogas e na violência relacionado a este mercado, assim como vivemos agora. Depois desta medida, houve uma redução no consumo e neste tipo de violência.
O México também alterou recentemente a sua legislação neste sentido. Isso leva com que os usuários passem a ser tratados definitivamente fora da esfera criminal. E, no caso do abuso, dentro do sistema de saúde. Defendo que o Brasil também faça a descriminalização do uso e do porte para consumo próprio.
Em relação ao mecanismo de acesso a algumas drogas, os Estados Unidos estabeleceram legislações estaduais que autorizam a plantação de pequenas quantidades de maconha para o uso pessoal, com o acompanhamento médico. Na Espanha, este cultivo é autorizado para cooperativas. O nosso país também precisa regular o autoplantio, com licenças concedidas pelo Ministério da Saúde e acompanhamento médico, para permitir que, as pessoas que queiram, possam consumir maconha sem ter de recorrer a criminosos para adquiri-la.
Outra experiência importante na Europa é não dividir as pessoas que tem contato com as drogas apenas entre usuários e traficantes, uma separação que nem sempre é simples e que pode gerar injustiças. Um usuário que em razão de uma dependência química passa a comercializar a substância para garantir o seu consumo não pode ser tratado da mesma forma do que a pessoa que busca o lucro nestas atividades, exerce controle territorial sobre regiões e usa de violência e mortes para cobrar eventuais dívidas.
No primeiro caso, a pena de prisão pode provocar mais danos à sociedade do que outra forma de punição, mais eficiente para combater esta dependência e com menos impactos na vida do indivíduo. O convívio em cadeias dominadas por organizações criminosas acaba fazendo com que estas pessoas passem a ter contato com outro tipo de criminalidade, capaz de atrai-las para cometer crimes mais graves a mando destas facções. Está em cartaz nos cinemas o filme Salve Geral – O Dia em que São Paulo Parou, do diretor Sérgio Rezende, que mostra muito bem como estes grupos conseguem atrair para si os presos e seus familiares em troca de um tratamento um pouco menos indigno para os condenados dentro do sistema prisional. Fora das cadeias, estas pessoas devem favores ao crime e passam a atuar para ele. Este filme mostra muito bem como funciona esta cooptação.
Para muitos especialistas, a aplicação automática da pena de prisão para a pessoa que agiu sozinha, desarmada e não tem antecedentes criminais fere a proporcionalidade na aplicação da pena, um dos princípios essenciais do Direito. A atual legislação brasileira já permite a redução da pena de prisão, mas proíbe a substituição por penas privativas de direito mesmo que o juiz entenda que é o caso. O Brasil precisa permitir que os magistrados possam aplicar penas alternativas a réus primários, que foram presos quando atuavam sozinhos e desarmados, se considerarem que esta é a melhor punição para aquele caso específico.
Como a aplicação da Justiça, a atuação da polícia contra este varejo pequeno e ocasional e a manutenção das pessoas de maneira desnecessária dentro do sistema prisional tem custos, esta mudança no modelo também vai permitir um maior investimento no tratamento da dependência química. Precisamos ampliar o atendimento para as pessoas no ambiente em que elas vivem, em meio aberto, como é feito nos Capes de álcool e drogas. A expansão deve se dar não só pelo aumento no número de vagas, mas também para garantir o acesso a este tipo de tratamento mesmo nas regiões mais remotas do país, já que os problemas com o abuso destas substâncias não são mais uma questão exclusiva dos grandes centros metropolitanos. Para atingir esta meta, será necessária também a aprovação da Emenda Constitucional 29, que aumenta os investimentos na saúde.
Os hospitais gerais também terão de ter leitos e profissionais preparados para atender os usuários de drogas que passarem por uma crise em razão do consumo abusivo. A partir desta “porta de entrada”, é preciso oferecer um trabalho de reabilitação que seja capaz de ajudá-los a construir projetos alternativos para suas vidas que lhes afastem deste uso abusivo e de suas consequências. Este atendimento exige um preparo específico não só dos médicos, mas de diversos profissionais da saúde. É importante que a comunidade médica brasileira discuta como fazer o tratamento do dependente crônico e problemático, inclusive com a análise de estratégias que deram certo em outros países, como os tratamentos de substituição de uma droga ilícita por substância lícita ou ilícita, a prescrição médica de substância ilícita e a criação de salas de uso seguro, para que as pessoas possam fazer o consumo seguro e com os efeitos da droga monitorados.
O governo precisa apoiar e ajudar no financiamento de pesquisas científicas, que poderiam ser feitas nas universidades federais, sobre o consumo de crack e as possibilidades para o tratamento das pessoas que fazem o seu uso. Hoje, o crack é um grave desafio para a saúde pública não só para o Brasil, mas também para diversos países das Américas, que já vivem uma epidemia em seu consumo. Apesar do tamanho do problema, os próprios especialistas admitem que ainda faltam conhecimentos técnicos sobre as formas de combater a dependência desta substância e de reduzir os seus efeitos na saúde do consumidor.
Por outro lado, é preciso estabelecer, dentro da área da assistência social, uma política de apoio às comunidades terapêuticas, que formam um importante sistema de atendimento complementar.
Mas, acima de tudo, é preciso combater a vulnerabilidade social, para que as pessoas conheçam os riscos do uso destas substâncias e possam ter condições de fazer as melhores escolhas para a sua vida. A vulnerabilidade é inimiga da autonomia e da liberdade para tomar decisões por conta própria. Para combater este problema que enfraquece a existência destas pessoas como cidadãos, é preciso levar informações, educação e cultura para estas regiões. O Estado Brasileiro não pode ser visto nestas partes das cidades apenas pela sua força repressiva, mas principalmente pela sua face social, para dar alternativas que garantam a todos a integralidade da cidadania e dos direitos humanos.
Vou encaminhar hoje as sugestões que estão neste discurso para o general Paulo Roberto Uchôa, secretário executivo do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, como uma colaboração na discussão das mudanças necessárias e urgentes na legislação sobre o tema. Espero que estas considerações ajudem a alavancar um aprimoramento nas nossas políticas.
Discurso feito no Grande Expediente da Câmara dos Deputados no dia 28 de outubro
Venho a essa tribuna para discutir o tema da violência e a sua associação com o comercio ilegal das drogas, duas questões que estão intimamente vinculadas e que tanto preocupam a sociedade brasileira.
Neste mês de outubro assistimos a cenas preocupantes de violência no Rio de Janeiro, com a derrubada de um helicóptero, que matou três policiais militares: o soldado Marcos Stadler Macedo, o soldado Edney Canazaro de Oliveira, e o cabo Izo Gomes Patrício, quando a aeronave foi atingida por um tiro desferido a partir do Morro dos Macacos.
Foi morto, em outro episódio, também o coordenador da ONG Cultural Afroreggae Evandro João da Silva, que assaltado, levou um tiro e, encontrado agonizante, foi abandonado por policiais que liberaram os suspeitos do homicídio e ainda ficaram com a jaqueta e o tênis da vítima.
Até agora já foram mortos mais de 40 pessoas somente nos últimos dez dias, entre elas crianças, mulheres, jovens, vitimadas apenas por estarem perto dos fatos, sem qualquer envolvimento com o crime.
Ao nos debruçarmos sobre a violência no Rio de Janeiro, podemos encontrar raízes nas profundas desigualdades sociais, na ausência do Estado em comunidades pobres, na baixa perspectiva de emprego para os jovens, no despreparo da polícia e na questão das drogas associada ao tema da violência.
Quero tratar aqui da relação drogas e violência e a necessidade de uma nova abordagem desse tema. O modelo atual de tratamento da questão das drogas fracassou!
O número de mortes em conflitos relacionados ao mercado de drogas é muito maior do que as mortes que são provocadas pelo uso da droga em si. Apesar desta repressão, o consumo de drogas ilícitas no Brasil cresceu nos últimos anos e o número de presos condenados por atividades relacionadas à venda e ao consumo destas substâncias também está em ascensão.
Precisamos de respostas adequadas e pragmáticas, que tenham condições de diminuir o problema e tranquilizar a sociedade. É preciso abrir o debate para desenvolver um modelo mais adequado à nossa realidade, que diminua os danos associados ao uso e ao abuso de drogas.
Há uma procura por drogas em nosso país e um imenso mercado ilegal que lhe atende sem qualquer regulação de preço e qualidade. Isso faz com que os que lideram estas atividades tenham lucros astronômicos em razão do alto valor da substância. Por esta valorização se armam para proteger o produto em si e a sua atividade. Por estas razões, o comércio de drogas se relaciona ao uso da força e ao poder de corromper autoridades e reduzir o poder de ação da Segurança Pública. Exemplos disso são a violência e a rede criminosa que se formaram a partir da proibição do álcool na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, durante os anos 20 e 30, com o fortalecimento da atuação criminosa da máfia.
Uma atividade tão rentável e tão perigosa permite contratar, nas comunidades carentes, uma mão-de-obra que é atraída por uma remuneração elevada dentro para sua realidade. O comércio ilícito armado exerce seu poder e sua violência no domínio territorial, na cobrança de dívidas e na expansão de suas atividades. As pessoas que estão na base desta estrutura são as que geralmente acabam mortas em conflitos com a polícia ou presas no transporte ou na venda de drogas. Dificilmente, a atuação de repressão consegue alcançar quem organiza e financia estas atividades criminosas.
O impacto da situação atual é o alto número de mortes entre adolescentes e jovens na sociedade brasileira. Outro aspecto é a superlotação das cadeias. São 80 mil pessoas que estão presas hoje no Brasil por estarem de alguma forma relacionadas ao mercado das drogas. Atividade que tem aumentado também o número de jovens e de mulheres, das mais variadas idades, dentro do sistema prisional. Em São Paulo, o envolvimento no mercado de drogas é o segundo motivo de internações na Fundação Casa, a instituição responsável pela custódia de adolescentes em conflito com a lei. A ida de mulheres para as cadeias também acaba gerando um efeito que é ainda mais nocivo: o aumento do abandono familiar.
Há grande procura por drogas na sociedade brasileira. Parte do consumo destas substâncias ilícitas é eventual e não apresenta risco à sociedade. São pessoas que usam maconha, por exemplo, sem que o consumo prejudique a sua vida social e produtiva. Como no álcool, existe muita gente que faz o uso responsável e uma parte que acaba tendo problemas causados pelo abuso. A proibição também provoca que estes consumidores tenham um contato com criminosos que eles próprios, em muitos casos, não gostariam de ter. Por conta desta relação, os usuários passam a ser estigmatizados pela sociedade e, em muitas situações, apontados injustamente como responsáveis pelo financiamento do crime organizado.
Hoje, o consumo problemático de drogas está centrado principalmente no crack, uma substância capaz de provocar rapidamente uma forte dependência do usuário, com danos permanentes à sua saúde. A busca frenética por esta droga afasta as pessoas do convívio familiar e da vida profissional e as leva a ter comportamentos de risco à sua saúde e a cometer pequenos delitos para sustentar a sua dependência. Uma situação que não está mais apenas nas grandes cidades e passou a atingir também a classe média. Em menor escala, também há problemas relacionados ao uso de drogas sintéticas e de cocaína.
Historicamente, a questão do consumo de drogas no Brasil foi tratado apenas de forma repressiva, resultado da adesão completa à política de guerra às drogas iniciada nos Estados Unidos na década de 70, pelo então presidente Richard Nixon. O objetivo inicial desta ação foi enfraquecer os movimentos de contestação ao sistema, como os hippies e os grupos de oposição aos regimes militares na América Latina. Em um segundo momento, o combate às drogas ganha, além da força repressiva, uma abordagem médico-psiquiátrica, com internação compulsória e aplicação de medicamentos no seu tratamento. Um exemplo é a realidade apresentada no filme Bicho de Sete Cabeças, da diretora Lais Bodanzky. Baseado no livro Canto dos Malditos, de Austregésilo Carraro Bueno, o filme mostra a vida do autor, que foi internado à força em um hospital psiquiátrico depois que seu pai descobriu que ele era usuário de maconha.
Entre os anos 80 e 90, a política de repressão dos Estados Unidos ganha um contorno de militarização. Incapazes de conseguir reduzir o consumo interno e a demanda por drogas, os norte-americanos investem na tentativa de extinguir a produção de drogas, com a destruição de plantações em outras regiões, notadamente na América do Sul, em países vizinhos ao nosso, como Bolívia, Peru e Colômbia. Com a crise no modelo que ficou conhecido como “Milagre Econômico” e a adoção da regulação neoliberal, o aumento do desemprego e uma forte exclusão social, o Brasil sofreu os impactos desta ação e passou a ser uma rota do tráfico internacional e ter um mercado consumidor crescente.
Esta prioridade na repressão, que estigmatiza e criminaliza os usuários, impediu durante muito tempo que o Brasil desenvolvesse um sistema integrado de saúde capaz de lidar com o problema do abuso de drogas. Sem investimento em uma política pública, o Brasil tem poucos profissionais da saúde que se especializaram em tratar deste tipo de dependência química e poucos equipamentos dedicados a fazer o tratamento.
A política de guerra às drogas, hegemônica na última década, sofre uma forte contestação internacional devido a sua ineficácia. Na última conferência da ONU para as drogas, a Ungass, em Viena, houve um questionamento direto desta abordagem. Lá, o Brasil marcou a sua posição em defesa da construção de uma política voltada para a redução de danos. Vários países estão fazendo alterações importantes na sua estratégia, com grandes investimentos na redução de danos, que tem conseguido diminuir de forma expressiva o consumo de drogas. Esta nova política se baseia no aumento dos investimentos em prevenção, em diminuição da vulnerabilidade, atenção e tratamento para os usuários problemáticos. Reduzir danos significa diminuir a incidência de doenças associadas ao abuso de drogas como a AIDS, a hepatite e outras doenças sexualmente transmissíveis, assim como a violência associada ao mercado de drogas.
No Brasil, o governo Lula tomou medidas importantes para mudar a legislação, para despenalizar o usuário de drogas; investir em tratamento por meio da implantação de 250 centros de atendimento psicossocial de álcool e drogas. Com o Pronasci e o PAC, o nosso governo passou a atuar mais efetivamente nas regiões de alta vulnerabilidade social, levando alternativas e oportunidades para seus moradores. A gravidade da situação, no entanto, está exigindo mais esforços e soluções ousadas.
Para combater a violência associada ao uso de drogas é importante desarmar os grupos envolvidos nesta atividade e liberar os territórios, para garantir tranqüilidade para as populações que lá moram. As ações contra a lavagem de dinheiro precisam ser aprimoradas, para garantir a punição para pessoas que lucram com o tráfico sem precisar por a mão nas drogas. Afinal, como recitam os Racionais MC’s, na música Periferia é Periferia, a substância vem por aeroporto e cais e não há nas favelas donos de aeroportos. Por outro lado, é fundamental uma regulação para retirar do mercado ilegal o monopólio sobre a produção e a oferta destas substâncias. Assim, será possível desvincular este mercado da ação criminosa.
O Brasil é signatário de convenções internacionais que impedem a legalização, mas é importante que o Brasil possa levar ao plano internacional a discussão sobre a legalização de drogas leves. No caso da maconha, por exemplo, é possível legalizar sim, desde que tenhamos uma regulamentação mais severa do que a que existe hoje para o álcool e o tabaco.
É possível e necessário fazer uma política de transição entre o estágio atual e a legalização, com a descriminalização do uso e da posse de pequenas quantidades para o uso pessoal. É o que alguns países já têm feito com bons resultados, como Portugal. Os portugueses vinham de um aumento crescente no consumo de drogas e na violência relacionado a este mercado, assim como vivemos agora. Depois desta medida, houve uma redução no consumo e neste tipo de violência.
O México também alterou recentemente a sua legislação neste sentido. Isso leva com que os usuários passem a ser tratados definitivamente fora da esfera criminal. E, no caso do abuso, dentro do sistema de saúde. Defendo que o Brasil também faça a descriminalização do uso e do porte para consumo próprio.
Em relação ao mecanismo de acesso a algumas drogas, os Estados Unidos estabeleceram legislações estaduais que autorizam a plantação de pequenas quantidades de maconha para o uso pessoal, com o acompanhamento médico. Na Espanha, este cultivo é autorizado para cooperativas. O nosso país também precisa regular o autoplantio, com licenças concedidas pelo Ministério da Saúde e acompanhamento médico, para permitir que, as pessoas que queiram, possam consumir maconha sem ter de recorrer a criminosos para adquiri-la.
Outra experiência importante na Europa é não dividir as pessoas que tem contato com as drogas apenas entre usuários e traficantes, uma separação que nem sempre é simples e que pode gerar injustiças. Um usuário que em razão de uma dependência química passa a comercializar a substância para garantir o seu consumo não pode ser tratado da mesma forma do que a pessoa que busca o lucro nestas atividades, exerce controle territorial sobre regiões e usa de violência e mortes para cobrar eventuais dívidas.
No primeiro caso, a pena de prisão pode provocar mais danos à sociedade do que outra forma de punição, mais eficiente para combater esta dependência e com menos impactos na vida do indivíduo. O convívio em cadeias dominadas por organizações criminosas acaba fazendo com que estas pessoas passem a ter contato com outro tipo de criminalidade, capaz de atrai-las para cometer crimes mais graves a mando destas facções. Está em cartaz nos cinemas o filme Salve Geral – O Dia em que São Paulo Parou, do diretor Sérgio Rezende, que mostra muito bem como estes grupos conseguem atrair para si os presos e seus familiares em troca de um tratamento um pouco menos indigno para os condenados dentro do sistema prisional. Fora das cadeias, estas pessoas devem favores ao crime e passam a atuar para ele. Este filme mostra muito bem como funciona esta cooptação.
Para muitos especialistas, a aplicação automática da pena de prisão para a pessoa que agiu sozinha, desarmada e não tem antecedentes criminais fere a proporcionalidade na aplicação da pena, um dos princípios essenciais do Direito. A atual legislação brasileira já permite a redução da pena de prisão, mas proíbe a substituição por penas privativas de direito mesmo que o juiz entenda que é o caso. O Brasil precisa permitir que os magistrados possam aplicar penas alternativas a réus primários, que foram presos quando atuavam sozinhos e desarmados, se considerarem que esta é a melhor punição para aquele caso específico.
Como a aplicação da Justiça, a atuação da polícia contra este varejo pequeno e ocasional e a manutenção das pessoas de maneira desnecessária dentro do sistema prisional tem custos, esta mudança no modelo também vai permitir um maior investimento no tratamento da dependência química. Precisamos ampliar o atendimento para as pessoas no ambiente em que elas vivem, em meio aberto, como é feito nos Capes de álcool e drogas. A expansão deve se dar não só pelo aumento no número de vagas, mas também para garantir o acesso a este tipo de tratamento mesmo nas regiões mais remotas do país, já que os problemas com o abuso destas substâncias não são mais uma questão exclusiva dos grandes centros metropolitanos. Para atingir esta meta, será necessária também a aprovação da Emenda Constitucional 29, que aumenta os investimentos na saúde.
Os hospitais gerais também terão de ter leitos e profissionais preparados para atender os usuários de drogas que passarem por uma crise em razão do consumo abusivo. A partir desta “porta de entrada”, é preciso oferecer um trabalho de reabilitação que seja capaz de ajudá-los a construir projetos alternativos para suas vidas que lhes afastem deste uso abusivo e de suas consequências. Este atendimento exige um preparo específico não só dos médicos, mas de diversos profissionais da saúde. É importante que a comunidade médica brasileira discuta como fazer o tratamento do dependente crônico e problemático, inclusive com a análise de estratégias que deram certo em outros países, como os tratamentos de substituição de uma droga ilícita por substância lícita ou ilícita, a prescrição médica de substância ilícita e a criação de salas de uso seguro, para que as pessoas possam fazer o consumo seguro e com os efeitos da droga monitorados.
O governo precisa apoiar e ajudar no financiamento de pesquisas científicas, que poderiam ser feitas nas universidades federais, sobre o consumo de crack e as possibilidades para o tratamento das pessoas que fazem o seu uso. Hoje, o crack é um grave desafio para a saúde pública não só para o Brasil, mas também para diversos países das Américas, que já vivem uma epidemia em seu consumo. Apesar do tamanho do problema, os próprios especialistas admitem que ainda faltam conhecimentos técnicos sobre as formas de combater a dependência desta substância e de reduzir os seus efeitos na saúde do consumidor.
Por outro lado, é preciso estabelecer, dentro da área da assistência social, uma política de apoio às comunidades terapêuticas, que formam um importante sistema de atendimento complementar.
Mas, acima de tudo, é preciso combater a vulnerabilidade social, para que as pessoas conheçam os riscos do uso destas substâncias e possam ter condições de fazer as melhores escolhas para a sua vida. A vulnerabilidade é inimiga da autonomia e da liberdade para tomar decisões por conta própria. Para combater este problema que enfraquece a existência destas pessoas como cidadãos, é preciso levar informações, educação e cultura para estas regiões. O Estado Brasileiro não pode ser visto nestas partes das cidades apenas pela sua força repressiva, mas principalmente pela sua face social, para dar alternativas que garantam a todos a integralidade da cidadania e dos direitos humanos.
Vou encaminhar hoje as sugestões que estão neste discurso para o general Paulo Roberto Uchôa, secretário executivo do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, como uma colaboração na discussão das mudanças necessárias e urgentes na legislação sobre o tema. Espero que estas considerações ajudem a alavancar um aprimoramento nas nossas políticas.
APEOESP responde à última flor do fascio
APEOESP responde à última flor do fascio
Carta à Veja sobre a entrevista do secretário da Educação
Carta enviada à Veja sobre a entrevista do secretário Paulo Renato nas Páginas Amarelas.
Senhor editor,
A entrevista do secretário Paulo Renato (Veja, 28/10) apenas confirma que o governo do PSDB no estado de São Paulo está mais preocupado em fomentar a “competitividade” entre os professores e aplicar receitas empresariais ao sistema público de ensino do que com a melhoria da qualidade de ensino para todos os estudantes das escolas estaduais.
O secretário culpa os sindicatos de professores pela queda na qualidade de ensino, como forma de fugir de suas próprias responsabilidades. Ele já foi secretário de Educação no governo Franco Montoro e ministro da Educação por longos oito anos, no governo FHC. Seu viés é sempre o da exclusão. Quando criou o FUNDEF, deixou descobertas as duas pontas da educação básica: a educação infantil e o ensino médio, concentrando recursos apenas no ensino fundamental, praticando assim uma política de foco. Esta é a forma como vê a educação.
Um projeto que exclui, de imediato, 80% dos professores de reajustes salariais e, ainda assim, não assegura que os demais 20% terão mesmo direito à melhoria salarial (pois depende de disponibilidade orçamentária) não vai contribuir para a qualidade de ensino e sim para gerar mais revolta e desestímulo na categoria. Os professores tem como ofício educar e sua ferramenta é a educação; e a educação não está sendo valorizada.
As posições externadas pelo secretário estão na contramão de todos os avanços que se tem verificado na educação nacional nos últimos anos. Por certo são ainda insuficientes, mas apontam na direção da escola pública de qualidade.
Por outro lado, é difícil entender como, num Estado democrático de direito, todo o espaço é reservado apenas para um dos lados, que se permite fazer juízos de valor sobre o sindicato, sem que nos seja oferecido espaço equivalente.
O que queremos, em nome dos 178 mil associados da APEOESP, é que nos seja aberto espaço nesta revista para que nós próprios possamos expor nossas posições.
Não somos corporativistas. O que nos move é a qualidade da educação e a valorização dos profissionais que nela trabalham, pois a educação abrange bem mais que a relação professor-aluno em sala de aula. Entretanto, ainda que fôssemos corporativistas, o papel de um sindicato não é justamente defender os direitos e reivindicações da categoria que representa?
Aguardamos a publicação desta carta e a abertura de espaço para que possamos expor e defender nossos pontos de vista.
Atenciosamente,
Maria Izabel Azevedo Noronha
Presidenta da APEOESP
Membro do Conselho Nacional de Educação
Fonte: O esquerdopata
Carta à Veja sobre a entrevista do secretário da Educação
Carta enviada à Veja sobre a entrevista do secretário Paulo Renato nas Páginas Amarelas.
Senhor editor,
A entrevista do secretário Paulo Renato (Veja, 28/10) apenas confirma que o governo do PSDB no estado de São Paulo está mais preocupado em fomentar a “competitividade” entre os professores e aplicar receitas empresariais ao sistema público de ensino do que com a melhoria da qualidade de ensino para todos os estudantes das escolas estaduais.
O secretário culpa os sindicatos de professores pela queda na qualidade de ensino, como forma de fugir de suas próprias responsabilidades. Ele já foi secretário de Educação no governo Franco Montoro e ministro da Educação por longos oito anos, no governo FHC. Seu viés é sempre o da exclusão. Quando criou o FUNDEF, deixou descobertas as duas pontas da educação básica: a educação infantil e o ensino médio, concentrando recursos apenas no ensino fundamental, praticando assim uma política de foco. Esta é a forma como vê a educação.
Um projeto que exclui, de imediato, 80% dos professores de reajustes salariais e, ainda assim, não assegura que os demais 20% terão mesmo direito à melhoria salarial (pois depende de disponibilidade orçamentária) não vai contribuir para a qualidade de ensino e sim para gerar mais revolta e desestímulo na categoria. Os professores tem como ofício educar e sua ferramenta é a educação; e a educação não está sendo valorizada.
As posições externadas pelo secretário estão na contramão de todos os avanços que se tem verificado na educação nacional nos últimos anos. Por certo são ainda insuficientes, mas apontam na direção da escola pública de qualidade.
Por outro lado, é difícil entender como, num Estado democrático de direito, todo o espaço é reservado apenas para um dos lados, que se permite fazer juízos de valor sobre o sindicato, sem que nos seja oferecido espaço equivalente.
O que queremos, em nome dos 178 mil associados da APEOESP, é que nos seja aberto espaço nesta revista para que nós próprios possamos expor nossas posições.
Não somos corporativistas. O que nos move é a qualidade da educação e a valorização dos profissionais que nela trabalham, pois a educação abrange bem mais que a relação professor-aluno em sala de aula. Entretanto, ainda que fôssemos corporativistas, o papel de um sindicato não é justamente defender os direitos e reivindicações da categoria que representa?
Aguardamos a publicação desta carta e a abertura de espaço para que possamos expor e defender nossos pontos de vista.
Atenciosamente,
Maria Izabel Azevedo Noronha
Presidenta da APEOESP
Membro do Conselho Nacional de Educação
Fonte: O esquerdopata
Direitos Humanos na Mídia Comunitária
Cartilha
Direitos Humanos na Mídia Comunitária: a cidadania vivida no nosso dia a dia
Na semana em que se celebra a importância do Patrimônio Audiovisual, a UNESCO no Brasil, em parceria com a Oboré, lança a cartilha Direitos Humanos na Mídia Comunitária: a cidadania vivida no nosso dia a dia, e disponibiliza uma série de spots para download gratuito.
A função da cartilha, lançada exclusivamente em versão eletrônica, é apresentar, de forma clara e simples, noções básicas sobre:
* direitos civis;
* direitos políticos, e
* direitos econômicos, sociais e culturais.
São informações práticas e sugestões de temas a serem usados na sua rádio, na sua página eletrônica, nas reuniões da comunidade, da escola, na Igreja, no Sindicato etc. O importante é lembrar que reconhecer esses direitos é o primeiro passo para a promoção da cidadania, da ética, do respeito e de atitudes de não-violência.
Esta cartilha foi pensada para ser uma ferramenta de comunicação para você que assumiu o dever de divulgar notícias e informações de interesse da sua comunidade. Afinal, acreditamos que os comunicadores comunitários são os grandes e verdadeiros mediadores dos assuntos locais.
Por sua vez, os spots complementam e ilustram os conteúdos abordados na cartilha. Eles apresentam informações de utilidade pública que podem ser utilizados livremente no seu meio de comunicação.
Clique aqui
1. para fazer o download da cartilha gratuitamente:
http://www.brasilia.unesco.org/areas/ci/Cartilha-DH-radio-comunitaria-2009l.pdf
2. para fazer o download dos spots gratuitamente:
http://www.brasilia.unesco.org/areas/ci/spots
Direitos Humanos na Mídia Comunitária: a cidadania vivida no nosso dia a dia
Na semana em que se celebra a importância do Patrimônio Audiovisual, a UNESCO no Brasil, em parceria com a Oboré, lança a cartilha Direitos Humanos na Mídia Comunitária: a cidadania vivida no nosso dia a dia, e disponibiliza uma série de spots para download gratuito.
A função da cartilha, lançada exclusivamente em versão eletrônica, é apresentar, de forma clara e simples, noções básicas sobre:
* direitos civis;
* direitos políticos, e
* direitos econômicos, sociais e culturais.
São informações práticas e sugestões de temas a serem usados na sua rádio, na sua página eletrônica, nas reuniões da comunidade, da escola, na Igreja, no Sindicato etc. O importante é lembrar que reconhecer esses direitos é o primeiro passo para a promoção da cidadania, da ética, do respeito e de atitudes de não-violência.
Esta cartilha foi pensada para ser uma ferramenta de comunicação para você que assumiu o dever de divulgar notícias e informações de interesse da sua comunidade. Afinal, acreditamos que os comunicadores comunitários são os grandes e verdadeiros mediadores dos assuntos locais.
Por sua vez, os spots complementam e ilustram os conteúdos abordados na cartilha. Eles apresentam informações de utilidade pública que podem ser utilizados livremente no seu meio de comunicação.
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1. para fazer o download da cartilha gratuitamente:
http://www.brasilia.unesco.org/areas/ci/Cartilha-DH-radio-comunitaria-2009l.pdf
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Federação Anarquista denuncia ação da Polícia e apreensão de propaganda contra governo Yeda
Federação Anarquista denuncia ação da Polícia e apreensão de propaganda contra governo Yeda
Oct 29th, 2009
by Marco Aurélio Weissheimer.
Neste exato momento a Polícia Civil do Rio Grande do Sul sob o comando da governadora Yeda Crusius promove diligência na sede da Federação Anarquista Gaúcha (FAG). O mandado de segurança do governo busca apreender material de propaganda política contra o governo acusado de corrupção. Os cartazes abordam o empréstimo junto ao Banco Mundial e o assassinato do sem-terra Elton Brum. Este ato é pura provocação do Executivo gaúcho, atravessado por atos de corrupção e situações até hoje sem explicação, como a morte de Marcelo Cavalcante em fevereiro desse ano.
Conclamamos as forças vivas da esquerda gaúcha para reagirmos de forma unificada contra mais esse desmando.
Segundo o mesmo relato, militantes da Federação Anarquista foram encaminhados, agora à tarde, para depor na 17 Delegacia de Polícia, localizada na rua Voluntários da Pátria, 1500, perto da Rodoviária de Porto Alegre. A Polícia apreendeu material impresso, chapas de cartazes e inclusive a CPU do computador da sede. Diante disso, a Federação Anarquista afirma:
“Era de se esperar uma reação como essa, em função da FAG sempre haver atuado com modéstia, mas tenacidade, sendo das mais aguerridas em todas as circunstâncias na defesa dos interesses e objetivos estratégicos do povo gaúcho. Vamos fazer uma denúncia pública e provar para as classes oprimidas do RS a natureza desse ataque vil sob ordem de um governo acusado dos mais graves crimes”.
Conversei por telefone com Cândida, militante da Federação Anarquista, e ela me deu o seguinte relato. A Polícia entrou na sede da Federação (na rua Lopo Gonçalves, Cidade Baixa), hoje à tarde, munida de um mandado de busca e apreensão para recolher material de propaganda contra a governadora Yeda Crusius, que decidiu mover uma ação por injúria, calúnia e difamação. A ação teria sido motivada por cartazes onde a governadora é responsabilizada pelo assassinato do sem terra Elton Brum da Silva. Além dos cartazes, segundo Cândida, foram apreendidos outros materiais e documentos que não tem relação com esse caso. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Gravataí, em um endereço que aparece no site da entidade. Há dois advogados acompanhando os integrantes da Federação.
_____________________
1ª nota
5ª, 29 de outubro de 2009, a partir das 16 hs
Solidariedade com a Federação Anarquista Gaúcha - FAG
Neste exato momento a Polícia Civil do RS sob o comando da governadora Yeda Crusius promove diligência na sede da Federação Anarquista Gaúcha (FAG). O mandado de segurança do governo busca apreender material de propaganda política contra o governo acusado de corrupção. Os cartazes abordam o empréstimo junto ao Banco Mundial e o assassinato do sem-terra Eltom Brum. Este ato é pura provocação do Executivo gaúcho, atravessado por atos de corrupção e situações até hoje sem explicação, como a morte de Marcelo Cavalcante em fevereiro desse ano. Conclamamos as forças vivas da esquerda gaúcha para reagirmos de forma unificada contra mais esse desmando.
Solidariamente, Federação Anarquista Gaúcha
http://www.vermelhoenegro.org/fag
_______________________
2ª nota
Material de propaganda e CPU da FAG apreendidos
NESSE MOMENTO, 29 DE OUTUBRO 2009, 17.31 TEMOS COMPAS DEPONDO NA 17a DP, LOCALIZADA NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1500, PERTO DA RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE. A POLÍCIA CIVIL APREENDEU MATERIAL IMPRESSO, CHAPAS DE CARTAZES E INCLUSIVE A CPU DO COMPUTADOR DA SEDE. ISSO SE TRATA DE UMA CONSPIRAÇÃO OFICIAL PARA ATACAR UMA DAS FORÇAS DA ESQUERDA NÃO PARLAMENTAR E COM BASE SOCIAL REAL NO RS!
ERA DE SE ESPERAR UMA REAÇÃO COMO ESSA, EM FUNÇÃO DA FAG SEMPRE HAVER ATUADO COM MODÉSTIA MAS TENACIDADE, SENDO DAS MAIS AGUERRIDAS EM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS NA DEFESA DOS INTERESSES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO POVO GAÚCHO. VAMOS FAZER UMA DENÚNCIA PÚBLICA E PROVAR PARA AS CLASSES OPRIMIDAS DO RS A NATUREZA DESSE ATAQUE VIL SOB ORDEM DE UM GOVERNO ACUSADO DOS MAIS GRAVES CRIMES.
NÃO TÁ MORTO QUEM PELEIA!
FEDERAÇÃO ANARQUISTA GAÚCHA!
____________________
3ª Nota
TODA A SOLIDARIEDADE PARA COM A FAG! ANTES A REPRESSÃO FOI CONTRA O SEM TERRA ELTOM, HOJE É NA SEDE DA FAG, AMANHÃ QUEM SERÁ???
A REPRESSÃO DO GOVERNO YEDA FOI ALÉM DO ESPERADO. DOIS COMPAS FORAM PROCESSADOS E RESPONDERAM A PROCESSO DE PARTE DE UM GOVERNO ACUSADO DE DEZENAS DE CRIMES, E ALVO DE INVESTIGAÇÕES FEDERAIS EM SEQÜÊNCIA. ATÉ A REPRESSÃO DO ESTADO LIBERAL-BURGUÊS VÊ A ESTA GESTÃO COMO ALEGANDO INVESTIGAR UMA PROPAGANDA CONTRA A SUA GESTÃO, A POLÍCIA CIVIL DO RS APREENDEU DOCUMENTOS INTERNOS DA FEDERAÇÃO ANARQUISTA GAÚCHA, INTIMOU AQUELES QUE MESMO PRESTANDO APENAS A SUA SOLIDARIEDADE CONSTAVAM DE REGISTROS DA PÁGINA DE INTERNET DA ORGANIZAÇÃO. NÃO BASTASSE A APREENSÃO DA CPU E DO BACK UP DO COMPUTADOR, LEVARAM DOCUMENTOS INTERNOS (COMO ATA DE REUNIÕES), MATERIAL DE PROPAGANDA PÚBLICO E ATÉ OS RESÍDUOS QUE ESTAVAM NA LIXEIRA DA SEDE.
IMEDIATAMENTE A SOLIDARIEDADE DE CLASSE SE FEZ NOTAR, REPERCUTINDO NO RIO GRANDE DO SUL, POR TODO O BRASIL, NA AMÉRICA LATINA E, A PARTIR DA ESPANHA, POR ORGANIZAÇÕES ANARQUISTAS E MOVIMENTOS POPULARES DE TODO O MUNDO.
PEDIMOS A SOLIDARIEDADE DE COMPANHEIRAS E COMPANHEIROS PARA DIFUNDIREM E TRADUZIREM ESTA TRÊS NOTAS EM SEQÜÊNCIA.
SOLIDARIAMENTE, FEDERAÇÃO ANARQUISTA GAÚCHA
WWW.VERMELHOENEGRO.ORG/FAG
Oct 29th, 2009
by Marco Aurélio Weissheimer.
Neste exato momento a Polícia Civil do Rio Grande do Sul sob o comando da governadora Yeda Crusius promove diligência na sede da Federação Anarquista Gaúcha (FAG). O mandado de segurança do governo busca apreender material de propaganda política contra o governo acusado de corrupção. Os cartazes abordam o empréstimo junto ao Banco Mundial e o assassinato do sem-terra Elton Brum. Este ato é pura provocação do Executivo gaúcho, atravessado por atos de corrupção e situações até hoje sem explicação, como a morte de Marcelo Cavalcante em fevereiro desse ano.
Conclamamos as forças vivas da esquerda gaúcha para reagirmos de forma unificada contra mais esse desmando.
Segundo o mesmo relato, militantes da Federação Anarquista foram encaminhados, agora à tarde, para depor na 17 Delegacia de Polícia, localizada na rua Voluntários da Pátria, 1500, perto da Rodoviária de Porto Alegre. A Polícia apreendeu material impresso, chapas de cartazes e inclusive a CPU do computador da sede. Diante disso, a Federação Anarquista afirma:
“Era de se esperar uma reação como essa, em função da FAG sempre haver atuado com modéstia, mas tenacidade, sendo das mais aguerridas em todas as circunstâncias na defesa dos interesses e objetivos estratégicos do povo gaúcho. Vamos fazer uma denúncia pública e provar para as classes oprimidas do RS a natureza desse ataque vil sob ordem de um governo acusado dos mais graves crimes”.
Conversei por telefone com Cândida, militante da Federação Anarquista, e ela me deu o seguinte relato. A Polícia entrou na sede da Federação (na rua Lopo Gonçalves, Cidade Baixa), hoje à tarde, munida de um mandado de busca e apreensão para recolher material de propaganda contra a governadora Yeda Crusius, que decidiu mover uma ação por injúria, calúnia e difamação. A ação teria sido motivada por cartazes onde a governadora é responsabilizada pelo assassinato do sem terra Elton Brum da Silva. Além dos cartazes, segundo Cândida, foram apreendidos outros materiais e documentos que não tem relação com esse caso. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Gravataí, em um endereço que aparece no site da entidade. Há dois advogados acompanhando os integrantes da Federação.
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1ª nota
5ª, 29 de outubro de 2009, a partir das 16 hs
Solidariedade com a Federação Anarquista Gaúcha - FAG
Neste exato momento a Polícia Civil do RS sob o comando da governadora Yeda Crusius promove diligência na sede da Federação Anarquista Gaúcha (FAG). O mandado de segurança do governo busca apreender material de propaganda política contra o governo acusado de corrupção. Os cartazes abordam o empréstimo junto ao Banco Mundial e o assassinato do sem-terra Eltom Brum. Este ato é pura provocação do Executivo gaúcho, atravessado por atos de corrupção e situações até hoje sem explicação, como a morte de Marcelo Cavalcante em fevereiro desse ano. Conclamamos as forças vivas da esquerda gaúcha para reagirmos de forma unificada contra mais esse desmando.
Solidariamente, Federação Anarquista Gaúcha
http://www.vermelhoenegro.org/fag
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2ª nota
Material de propaganda e CPU da FAG apreendidos
NESSE MOMENTO, 29 DE OUTUBRO 2009, 17.31 TEMOS COMPAS DEPONDO NA 17a DP, LOCALIZADA NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1500, PERTO DA RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE. A POLÍCIA CIVIL APREENDEU MATERIAL IMPRESSO, CHAPAS DE CARTAZES E INCLUSIVE A CPU DO COMPUTADOR DA SEDE. ISSO SE TRATA DE UMA CONSPIRAÇÃO OFICIAL PARA ATACAR UMA DAS FORÇAS DA ESQUERDA NÃO PARLAMENTAR E COM BASE SOCIAL REAL NO RS!
ERA DE SE ESPERAR UMA REAÇÃO COMO ESSA, EM FUNÇÃO DA FAG SEMPRE HAVER ATUADO COM MODÉSTIA MAS TENACIDADE, SENDO DAS MAIS AGUERRIDAS EM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS NA DEFESA DOS INTERESSES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO POVO GAÚCHO. VAMOS FAZER UMA DENÚNCIA PÚBLICA E PROVAR PARA AS CLASSES OPRIMIDAS DO RS A NATUREZA DESSE ATAQUE VIL SOB ORDEM DE UM GOVERNO ACUSADO DOS MAIS GRAVES CRIMES.
NÃO TÁ MORTO QUEM PELEIA!
FEDERAÇÃO ANARQUISTA GAÚCHA!
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3ª Nota
TODA A SOLIDARIEDADE PARA COM A FAG! ANTES A REPRESSÃO FOI CONTRA O SEM TERRA ELTOM, HOJE É NA SEDE DA FAG, AMANHÃ QUEM SERÁ???
A REPRESSÃO DO GOVERNO YEDA FOI ALÉM DO ESPERADO. DOIS COMPAS FORAM PROCESSADOS E RESPONDERAM A PROCESSO DE PARTE DE UM GOVERNO ACUSADO DE DEZENAS DE CRIMES, E ALVO DE INVESTIGAÇÕES FEDERAIS EM SEQÜÊNCIA. ATÉ A REPRESSÃO DO ESTADO LIBERAL-BURGUÊS VÊ A ESTA GESTÃO COMO ALEGANDO INVESTIGAR UMA PROPAGANDA CONTRA A SUA GESTÃO, A POLÍCIA CIVIL DO RS APREENDEU DOCUMENTOS INTERNOS DA FEDERAÇÃO ANARQUISTA GAÚCHA, INTIMOU AQUELES QUE MESMO PRESTANDO APENAS A SUA SOLIDARIEDADE CONSTAVAM DE REGISTROS DA PÁGINA DE INTERNET DA ORGANIZAÇÃO. NÃO BASTASSE A APREENSÃO DA CPU E DO BACK UP DO COMPUTADOR, LEVARAM DOCUMENTOS INTERNOS (COMO ATA DE REUNIÕES), MATERIAL DE PROPAGANDA PÚBLICO E ATÉ OS RESÍDUOS QUE ESTAVAM NA LIXEIRA DA SEDE.
IMEDIATAMENTE A SOLIDARIEDADE DE CLASSE SE FEZ NOTAR, REPERCUTINDO NO RIO GRANDE DO SUL, POR TODO O BRASIL, NA AMÉRICA LATINA E, A PARTIR DA ESPANHA, POR ORGANIZAÇÕES ANARQUISTAS E MOVIMENTOS POPULARES DE TODO O MUNDO.
PEDIMOS A SOLIDARIEDADE DE COMPANHEIRAS E COMPANHEIROS PARA DIFUNDIREM E TRADUZIREM ESTA TRÊS NOTAS EM SEQÜÊNCIA.
SOLIDARIAMENTE, FEDERAÇÃO ANARQUISTA GAÚCHA
WWW.VERMELHOENEGRO.ORG/FAG
outubro 29, 2009
Por que a Justiça não pune os ricos?
Nota do blog: A matéria abaixo, publicada na revista Caros Amigos, foi enviada pela minha querida Miriam Abou-Yd, que divide com Rosimeire Silva a Coordenação de Saúde Mental de Belo Horizonte (aproveito a oportunidade para agradecê-las pelo maravilhoso livro da exposição "A dois palmos do chão", realizada em Belo Horizonte pela Coordenação de Saúde Mental; o livro é uma demonstração de que há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a vã tentativa de impor um retrocesso à luta contra os manicômios, liderada pelo neo-conservadorismo psiquiátrico). Quanto à indagação feita pela jornalista Tatiana Merlino em matéria que lhe valeu o Prêmio Wladmir Herzog, resolvi consultar Zefofinho de Ogum, sociólogo e orientador espiritual deste PICICA - atualmente residindo em Petropólis-RJ. Sua resposta foi curta e, sobretudo, grossa: "Meu caro, se o cara for preto, pobre e "pinel", não tem lugar pra essas criaturas na sociedade do espetáculo, do hedonismo, da cultura de massa e do culto ao corpo; quanto mais lugar que promova justiça para quem dela tem fome. Esse povo num tá mais comendo nem o pão que o diabo amassou; tá morrendo é de inanição".
Por que a Justiça não pune os ricos?
por Tatiana Merlino, na Caros Amigos
Maria Aparecida evita olhar para sua imagem refletida no espelho. Faz quatro anos que a jovem paulistana saiu da cadeia, mas, nem que quisesse, conseguiria esquecer o que sofreu durante um ano de detenção. Seu reflexo remonta ao ocorrido no Cadeião de Pinheiros, onde esteve presa após tentar furtar um xampu e um condicionador que, juntos, valiam 24 reais. Lá, Maria Aparecida de Matos pagou por seu “crime”: ficou cega do olho direito.
Portadora de “retardo mental moderado”, a ex-empregada doméstica foi detida em flagrante em abril de 2004, quando tinha 23 anos. Na delegacia, não deixaram que telefonasse para a família. Foi mandada diretamente para a prisão, onde passou a dividir uma cela com outras 25 mulheres. Em surto, a jovem não dormia durante a noite, comia o que encontrava pelo chão, urinava na roupa.
Passado algum tempo, para tentar encerrar um tumulto, a careeragem lançou uma bomba de gás lacrimogêneo na área das detentas. Uma delas resolveu jogar água no rosto de Maria Aparecida, e a mistura do gás com o líquido fez com que seu olho fosse sendo queimado pouco a pouco. “Parecia que tinha um bicho me comendo lá dentro”, conta.
A pedido das colegas de pavilhão, que não agüentavam mais os gritos de dor e os barulhos provocados pela moça, ela foi transferida para o “seguro”, onde ficam as presas ameaçadas de morte. Maria Aparecida passou a apanhar dia e noite. “Eu chorava muito de dor no olho, e elas começaram a me bater com cabo de vassoura”, relembra, emocionada. Somente quando compareceu à audiência do seu caso, sete meses depois de ter sido detida, sua transferência para a Casa de Custódia de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi autorizada. Lá, diagnosticaram que havia perdido a visão do olho direito.
Foi nessa época que sua irmã Gisleine procurou a Pastoral Carcerária, que a encaminhou para a advogada Sônia Regina Arrojo e Drigo, vice-presidente do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC). Sônia entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi negado. Apelou, então, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em maio de 2005, concedeu liberdade provisória à jovem, 13 meses depois de ter sido presa por causa de 24 reais.
A advogada também entrou com um pedido de extinção da ação, baseando-se no “princípio da insignificância”, aplicado quando o valor do patrimônio furtado é tão baixo que não vale a pena a justiça dar continuidade ao caso. No entanto, até hoje, o processo não foi julgado, e Maria Aparecida continua em liberdade provisória.
A situação indigna Gisleine. “É um descaso muito grande. Já era para esse julgamento ter acontecido. Minha irmã pagou muito caro por esse xampu que não chegou a utilizar”, critica. “Tem gente que não precisa estar na cadeia. Existem penas alternativas e o caso dela não seria de prisão, mas sim de internação, já que desde os 14 anos ela toma medicação controlada”, afirma.
Justiça seletiva
O mesmo recurso jurídico – o habeas corpus – pedido pela advogada Sônia Drigo para que Maria Aparecida respondesse ao processo em liberdade foi solicitado e concedido, em 24 horas, a outra mulher. Mas um “pouco” mais rica: a empresária Eliana Tranchesi, proprietária da butique de luxo Daslu, em São Paulo, condenada em primeira instância a uma pena de 94.5 anos de prisão. Três pelo crime de formação de quadrilha, 42 por descaminho consumado (importação fraudulenta de um produto lícito), 13,5 anos por descaminho tentado e mais 36 por falsidade ideológica.
Somando impostos, multas e juros, a Justiça diz que a Daslu deve aos cofres públicos 1 bilhão de reais. Os representantes da empresa contestam esse valor, mas afirmam que já começaram a pagar as dívidas. A sentença inclui ainda o irmão de Eliana, Antônio Carlos Piva de Albuquerque, diretor financeiro da Daslu na época dos fatos, e Celso de Lima, dono da maior das importadoras envolvidas com as fraudes, a Multimport.
A prisão de Tranchesi foi conseqüência da Operação Narciso, desencadeada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público em julho de 2005, com o objetivo de buscar indícios dos crimes de formação de quadrilha, falsidade material e ideológica e lesão à ordem tributária cometida pelos sócios da butique.
De acordo com juristas e analistas ouvidos pela reportagem da Caros Amigos, a diferença de tratamento dispensado a casos como o de Maria Aparecida e Eliana Tranchesi acontece porque, embora na teoria a lei seja a mesma para todos, na prática, ela funciona de forma bem distinta para os representantes da elite e para os pobres.
Sonia Drigo ressalta, entretanto, que não existe uma justiça para ricos e outra para as camadas mais humildes. “Ela é uma só, mas é aplicada diferentemente”. Segundo o cientista político e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Andrei Koerner, a questão do acesso à justiça no Brasil é histórica. “Sempre houve uma grande diferença de tratamento dos cidadãos de diferentes classes sociais pelas instituições judiciárias”.
Ele explica que dentro do judiciário há distinções no andamento e efetividade dos processos, que variam com a classe social dos envolvidos. Segundo ele, um dos maiores problemas do poder é sua morosidade. No entanto, “isso não significa que os processos dos ricos são mais ágeis. Depende dos interesses e efeitos produzidos pelos processos”. Ou seja, a Justiça, quando interessa às classes dominantes, também pode ser lenta. Como exemplo, o professor cita “o longo tempo de uma execução para cobranças de dívidas de impostos, de contribuições previdenciárias”.
Em relação a casos penais, isso também ocorre, “como quando uma pessoa com muitos recursos financeiros é acusada – Paulo Maluf, por exemplo. Nesse caso, ela é capaz de bloquear o andamento do processo até que a pena esteja prescrita. A agilidade em decidir a prisão ou soltura de uma pessoa também varia, de acordo com sua classe social”, aponta Koerner. A diferença é que “um acusado de classe menos favorecida não será capaz de usar as oportunidades permitidas pelo processo”.
Servilismo versus repressão
O juiz criminal Sérgio Mazina, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), acredita que o sistema judiciário reserva, aos pobres, o espaço da justiça criminal. “Essa desigualdade, mais servil aos interesses dos poderosos e mais repressiva em relação aos mais necessitados, acirra-se ainda mais em países como o Brasil, que tem uma sociedade baseada num sistema escravista”.
De acordo com Roberto Kant de Lima, Professor Titular de Antropologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), existem “moralidades” distintas por parte dos agentes de segurança pública e justiça criminal no tratamento à criminalidade, quando ela está ligada ou não ao patrimônio. “Os latrocínios [roubo seguido de morte], por exemplo, são julgados por um juiz singular, enquanto que os outros homicídios são julgados pelo júri popular”. Segundo o professor, que coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, pode-se concluir que as várias “moralidades” afetam desigualmente a aplicação da lei, sendo que algumas dessas desigualdades estão registradas em tipos processuais explícitos, enquanto outras, não.
Mazina sustenta que a justiça brasileira é constituída para não ser popular. Em sua avaliação, desde a formação da legislação, há uma preocupação muito maior com a preservação patrimonial em detrimento da proteção da integridade física. Isso contribui, portanto, para a criminalização das camadas mais baixas da população, mais propensas, por sua condição social, a cometerem delitos contra o patrimônio. “Há um acirramento da legislação para os crimes cometidos pelos pobres. O código penal brasileiro criminaliza a pobreza”, denuncia Mazina.
Sônia Drigo acredita que há uma dupla criminalização, pois “a exclusão já é uma criminalização. Isso me lembra a diferença de tratamento dado para um sem-teto e para aquele que mora numa mansão. Vamos penalizar aquele que não tem endereço, nem carteira assinada. Então, vamos bater nele, torturá-lo porque não teve condições de estudar e trabalhar”.
O caso da ex-empregada doméstica Maria Aparecida não deixa dúvidas a respeito de como isso acontece na prática. Na casa de sua irmã, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, a moça pouco fala. Mantém-se de cabeça baixa, cabelos longos e negros escondendo parte de seu rosto. Às vezes, esboça um sorriso ingênuo. Sua expressão é de uma menina.
Quando faz um balanço da prisão, da tortura e da perda da visão, muda a fisionomia: “Tudo isso por conta de um xampu. Minha vida acabou”. Maria Aparecida compara-se com Eliana Tranchesi. “Eu peguei só um xampu e fiquei lá. Ela, cheia de dinheiro, saiu logo, e teve do bom e do melhor”.
A alegação que foi dada à família de Maria Aparecida para a perda da visão foi de que a jovem havia batido com o rosto no trinco de uma porta. “Mas isso é mentira, não tinha porta com trinco nenhum lá”, afirma Gislaine. Quando a moça foi transferida da cadeia para o manicômio em Franco da Rocha, fizeram um exame de corpo de delito, que atestou lesões corporais leves. “Ela perdeu um órgão vital, não a socorreram. Gostaria de saber o que seria a lesão corporal grave, entregá-la num caixão para a família?”, questiona Gislaine, indignada.
Propriedade, o grande valor do direito penal
De acordo com a juíza Kenarik Boujikian Felippe, integrante da Associação de Juizes para a Democracia (AJD), “a propriedade é o grande valor do direito penal. Basta ver que a pena do furto é maior do que a pena de tortura. Para o direito penal, pegar algo da sua bolsa é mais grave do que a tortura”, avalia. Ou seja, para a justiça brasileira, é mais importante proteger um xampu e um condicio-nador de alguma loja que a integridade física de Maria Aparecida.
A “sagrada” defesa da propriedade privada acaba sendo utilizada como argumento para criminalizar movimentos sociais, como no caso das organizações como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). “Na medida em que esses movimentos possam a reivindicar uma redistribuição de riquezas, há sua criminalização. Se tiverem apresentando um reclamo como o da proteção do meio ambiente, não há necessidade de criminalizá-lo. Mas se eles questionam a estrutura econômica da sociedade, há uma propensão à sua criminalização”.
Para Kenarik, a diferença de tratamento dispensado a ricos e pobres pode ser atribuída, ainda, a um “judiciário extremamente conservador, ideológico, que acha que pobre, por sua natureza, tem que estar preso. Ninguém assume isso, mas existe. É algo que vem de 500 anos de historia”.
Especialistas ouvidos pela reportagem acreditam que, muitas vezes, os magistrados estão imbuídos de preconceito quando vão lidar com pessoas das classes menos favorecidas. De acordo com o defensor público Rafael Cruz, a exigência de endereço fixo e de trabalho para conceder liberdade provisória a uma pessoa que está sendo processada é um exemplo típico. “Na justiça federal, onde tem os crimes tributários, isso não acontece. Há uma seletividade, como se os crimes contra o patrimônio fossem mais graves que os crimes tributários”.
Na avaliação do juiz Sérgio Mazina, aqueles que não têm bons antecedentes e não são proprietários acabam sendo estigmatizados. “Então, o discurso do juiz, dos policiais, é voltado para a priorização de quem tem condições econômicas, e para a punição do mais carente”.
Sônia Drigo resume: a lógica, na cabeça dos magistrados, funciona assim: “vamos ver se esta pessoa não está envolvida em outros casos, se o endereço dela é este mesmo. É como se um morador de rua não tivesse cidadania para responder em liberdade qualquer processo que venha a ser instaurado contra ele”.
Casos arbitrários é que não faltam. Desde 2005, após conseguir um habeas corpus para Maria Aparecida, Sônia trabalha defendendo voluntariamente mulheres acusadas de cometer pequenos furtos. O trabalho, segundo ela, não tem fim, pois sempre aparece um caso novo, o que evidencia o comportamento do Judiciário. “É como se a Justiça dissesse: ‘Por que ela roubou picanha e não carne moída? Ela disse que estava com fome, mas quem garante?’. A dúvida sempre é contra aquela pessoa. Sempre se faz mau juízo, e não garante a ela os benefícios que são garantidos para aqueles que têm informação, instrução”, critica.
Uma das mulheres que Sônia defende também se chama Maria Aparecida, e foi presa em flagrante por tentativa de furto de seis desodorantes de uma loja em São Paulo. Condenada a 14 meses, sua pena está próxima do fim.
A moça está na Penitenciária Feminina de Santana, a mesma onde Eliana Tranchesi esteve presa. A diferença é que a última teve ha-beas corpus concedido, enquanto a primeira não. Uma, era acusada de sonegar 1 bilhão em impostos. A outra, tentou subtrair objetos que não chegavam a totalizar 30 reais.
“A pena adequada não seria de privação de liberdade, e além disso, a liberdade provisória poderia ter vindo em favor dela 48 horas depois. Mas não veio. E aqui também seria aplicável o principio da insignificân-cia”, diz Sônia. Se o caso chegar ao STF, será anulado, garante. No entanto, a mulher já terá cumprido toda a sua pena.
“Ninguém vai prejudicar o patrimônio de uma grande rede de supermercados porque tentou furtar seis desodorantes que não foram usados, o chocolate que não foi comido, a picanha que não foi assada, o brinquedo que não foi usado. Há crimes contra a vida, homicidas famosos que têm o direito da liberdade provisória garantida. Já essas pessoas não, pois ousaram atingir o patrimônio de alguém”.
Relações perigosas
O preconceito dos membros da Justiça com as classes mais pobres também é fruto da relação histórica entre representantes da elite e do Judiciário, afirmam os analistas. “No Brasil, ele é formado por quadros da classe dominante, especificamente no século 19. Havia a necessidade da formação de quadros, e eles vieram da elite agrária”, lembra Mazina.
Na avaliação do Professor Titular de Antropologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), Roberto Kant de Lima, “em qualquer sociedade, os membros do Judiciário serão parte das elites, seja por sua posição original, seja por merecimento”. No entanto, ele avalia que a elite brasileira não é cidadã, pois reivindica sempre privilégios “como a aplicação particularizada e excepcional da lei no seu caso, ao invés de reivindicar a uniformidade na aplicação das normas para todos, sem distinção, característica de qualquer República”.
Desse modo, acredita, o poder econômico e as relações pessoais assumem um peso crítico, “pois são acionados mecanismos legais e morais que encontram respaldo na sociedade brasileira, socialmente hierarquizada, embora teoricamente republicana”.
Outro aspecto apontado é que quando se trata de crimes cometidos pela elite, como desvio de dinheiro, “parece que o acusado não é uma ameaça para a sociedade, e assim, não há um interesse para que o processo ande rapidamente”, avalia Sônia Drigo. Ela lembra que nunca se encarcerou tanto no país como hoje. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça, em 1995, havia 148 mil detidos nas penitenciárias e delegacias no país. Em junho de 2007, esse número subiu para 422.373. “Esses presos não são da elite e uma boa parte não deveria estar preso. 30% do total poderia estar em liberdade”.
No Brasil, é consenso entre a população que os ricos nunca vão presos, e que cadeia é coisa de pobre. “Aqui na justiça estadual [de São Paulo] não temos a competência de investigar crimes financeiros, colarinho branco. Eles correm na justiça federal. Aqui temos roubo, tráfico de entorpecentes”, relata a juíza Kenarik Boujikian Felippe. “Mas qual é o trabalho que a policia faz com eles?. O sistema policial funciona só para quem é pobre. Aquele que ganha rios de dinheiro eu não vejo, não sei quem é esse cara. Esses réus nem chegam aqui. Eles estão na esfera federal. E a policia sempre funcionou para isso, e acaba se refletindo.”
Para Sérgio Mazina, presidente do Ibccrim, o principal motivo de haver poucos rerepresentantes da elite processados e condenados é fundamentalmente político, mas é resultado, também, de um sistema falho. “Não temos uma policia preparada para investigar esse tipo de crime, ela é preparada para investigar e prender aquele que está te assaltando no meio da rua com revólver, querendo pegar sua bolsa ou celular”.
Já para ir atrás de crime cometido pelos representantes do poder econômico, segundo Mazina, não há estrutura, pessoal, equipamentos, e sequer formação para entender o delito que está sendo praticado, pois ele é, geralmente, complexo, por mexer com os aspectos tributário e financeiro. Assim, o sistema “se resume a fazer intervenções espetaculares, sensacionais, que acontecem em momentos da mídia, mas que são inconsistentes”.
O presidente do Ibccrim destaca que a punição precisa estar assentada em cima de provas. “Não adianta sair dando sentenças de um século para todo mundo, porque ela não vai subsistir e a justiça vai ficar desacreditada. Esse é o grande perigo”.
No caso de Maria Aparecida e Gisleine, isso já aconteceu. “O Judiciário precisa ser modificado. Tem que se tratar todos igualmente”, sentencia Gisleine. Já Maria Aparecida diz que a perda do olho abala muito sua vaidade: “Se pelo menos eu tivesse saído com a minha vista, nem precisava de nada mais”. Você se sente injustiçada? “Sim, muito”, responde, escondendo o rosto, lágrimas escorrendo.
O remédio para a falta de liberdade
Um dos aspectos sintomáticos da diferença de aplicação da Justiça para ricos e pobres é o habeas corpus. Considerado o mais importante instrumento judicial de defesa e proteção da liberdade individual, ele tem sido garantido em casos envolvendo ricos, famosos e poderosos, como a empresária Elia-na Tranchesi e o banqueiro Daniel Dantas. No entanto, pessoas como Maria Aparecida e centenas de outras não têm a mesma sorte.
De acordo com a advogada criminalista Sônia Drigo, a lei é uma só, mas quando se cumpre em favor de uma grande empresária, parece que houve privilégio. Segundo ela, a decretação da prisão de Tranchesi em decorrência de uma sentença de primeira instância é arbitrária. Portanto, a lei foi cumprida. Porém, para conseguir a aplicação desse direito, a dona da Daslu contou com uma equipe de advogados que a assessoraram, o que não acontece com a população pobre. “O que está errado é manter essas pessoas humildes, que não têm advogados, presas”, afirma Sônia.
Ela explica que o habeas corpus serve para remediar um constrangimento, e leva de duas a cinco semanas para ser impetrado. Acontece que uma pessoa da classe alta contrata uma banca de advogados que, a partir daquele momento, vai fazer todo o necessário para liberar o acusado. “E, uma vez que se entra com essa medida, a tramitação também é diferente, dentro do próprio judiciário, para quem tem mais ou menos condições”. Ou seja: quem tem menos dinheiro, dificilmente vai conseguir comprovante de endereço, certidão de nascimento ou documento de trabalho, requisitos exigidos para obter a liberdade provisória. Para reunir esses dados, é preciso entrar em contato com a família, algo bastante dificultado pela precariedade das defensorias públicas. “Muitas vezes essas pessoas conhecem o advogado no dia do interrogatório”.
Ao rebater as recentes críticas de que o Supremo Tribunal Federal (STF) só concedia habeas corpus para ricos, o ministro Gilmar Mendes afirmou que, no ano passado, 350 pessoas receberam tal direito, “ricos e pobres”. Ele disse, ainda, que pesquisou pessoalmente o assunto para descobrir que, entre os 350 habeas-corpus concedidos, 18 foram para casos em que “se aplicam o princípio da insignifi-cância: o furto da escova de dente, do bambolê, da pasta dental, do sabonete, do vídeo. Se esses casos não tivessem chegado ao Supremo, essas pessoas ainda estariam presas”, afirmou.
No entanto, Sônia questiona o raciocínio do Ministro. “Quantos habeas corpus não tiveram que ser pedidos até chegar a esses que foram julgados? Há inúmeros meandros para que se chegue até lá, e, nesse percurso todo, a pessoa já cumpriu pena. Há casos de acusados que ficam detidos nove, 11, 14 meses, e os habeas corpus não chegam ao STF”, relata.
De acordo com ela, ao conceder os tais 18 habeas corpus, o STF simplesmente cumpriu o que estava na lei. “O primeiro juiz que pegou o processo poderia ter feito a mesma coisa, mas não fez porque existem preconceito e repressão contra essas pessoas, além da falta de tempo dos defensores públicos”.
A juiza Kenarik Boujikian Felippe, integrante da Associação de Juizes para a Democracia (AJD), lembra que as arbitrariedades cometidas em casos envolvendo os mais pobres são grandes, “e o tempo dos mortais para chegar no Supremo é imenso. Tem muita gente que fica presa pelo bacalhau, pelo danoninho, pelo tender, biscoito”. Quem tem condições de contratar um advogado, explica ela, “vai a Brasília, despacha caso a caso com o ministro. Quem é pobre, vai esperar, porque a defensoria não tem gente suficiente para levar de caso em caso”.
A defesa dos humildes na penúria
Quem necessita de assistência jurídica, mas não tem dinheiro para pagar um advogado, pode, em tese, recorrer ao serviço da Defenso-ria Pública. De acordo com a Constituição Federal, qualquer pessoa que comprove a falta de recursos pode recorrer ao trabalho dos defensores. Apesar de cerca de 95% da população carcerária do país depender desse serviço para responder os processos nos tribunais, a instituição sofre com problemas estruturais e orçamentários.
Um diagnóstico do Ministério da Justiça revela que, a cada R$ 100 do Orçamento do Estado destinado às instituições jurídicas, somente R$ 3 vão para as Defensorias. De acordo com a Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep), no país existem cinco mil defensores públicos. Segundo o defensor Rafael Cruz, “por conta das dificuldades, não conseguimos atender como um advogado particular faria. Com o número de profissionais que temos, somos obrigados a estabelecer prioridades”, lamenta.
Na avaliação do juiz Sérgio Mazina, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), “aqueles que deveriam prestar assistência jurídica aos mais pobres estão na penúria. E, em comparação com as demais carreiras, são mal remunerados”. Os integrantes do Ministério Público (MP) ganham, em média, R$ 19 mil. Os defensores, entre R$ 7 mil e R$ 8 mil. Além disso, o MP, que tem a função de acusar, possui um orçamento oito vezes maior que a defensoria, que, ainda, conta com menos pessoal.
A juíza de direito e membro da Associação dos Juizes para a Democracia (AJD), Kenarik Bou-jikian Felippe, insiste na importância de se fortalecer a instituição. “Esse é um passo para tentar propiciar uma situação igualitária”. Ela lembra que, apesar de ser previsto em lei que toda prisão em flagrante deve ser comunicada à Defensoria num prazo de 24 horas, “ela não tem estrutura para dar atenção a esses flagrantes”.
Hoje, a Defensoria do Estado de São Paulo conta com 400 defensores públicos, que atendem, por ano, cerca de 850 mil pessoas. De acordo com estudos da própria instituição, caso houvesse 1.600 profissionais, ela poderia ter postos de atendimento em todas as comarcas.
Ainda segundo números da Defensoria paulista, a população alvo (maiores de 10 anos, com renda mensal de até três salários mínimos) é de 23.252.323 pessoas; e, para cada defensor público, existem 58.130 potenciais usuários (no Estado do Rio de Janeiro, essa proporção é de 1 para 13.886 usuários).
Judiciário em crise?
Brigas entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), desentendimentos entre juizes federais e tribunais superiores, divergências técnicas entre magistrados. Um manda prender, outro manda soltar. As recentes reviravoltas nos casos envolvendo processos contra representantes da elite trouxeram à tona conflitos entre diversos setores do Poder Judiciário.
De um lado, juizes criticam os tribunais superiores, que estariam impondo dificuldades para prender suspeitos de crimes financeiros, como a concessão de ha-beas corpus em favor do banqueiro Daniel Dantas, e a liberdade concedida à empresária Eliana Tranchesi, dona da butique Daslu. De outro; as instâncias superiores defendem que tais prisões foram arbitrárias, e que o habeas corpus é um direito constitucional, que deve ser garantido a todos os cidadãos. A indagação que se faz é: o Poder Judiciário está em crise?
Para o cientista político e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Andrei Koerner, “esses conflitos dentro do Judiciário são muito positivos, pois revelam que, a partir da redemocratização, a tradição jurídica brasileira tem sido posta em questão”. Segundo ele, houve o fortalecimento dos papéis e poderes das diversas instituições judiciais e a redistribuição entre elas. “Os processos de mudança devem continuar ocorrendo, com o engajamento crescente de profissionais na realização dos princípios, regras e objetivos da Constituição de 1988″.
Já o juiz de direito Sérgio Mazina, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), acredita que é normal que uma decisão de primeira instância não prospere quando levada a um tribunal superior. Mas é claro que, quando, “há duas decisões opostas num período de 48 horas, surja um debate público em torno das desavenças”, diz, referindo-se ao caso de Daniel Dantas.
Na avaliação da juíza Kenarik Boujikian Felippe, tais divergências fazem parte da produção do pensamento jurídico. No entanto, lembra que o princípio da presunção de inocência é um direito ao qual todos deveriam ter acesso.
Por que a Justiça não pune os ricos?
por Tatiana Merlino, na Caros Amigos
Maria Aparecida evita olhar para sua imagem refletida no espelho. Faz quatro anos que a jovem paulistana saiu da cadeia, mas, nem que quisesse, conseguiria esquecer o que sofreu durante um ano de detenção. Seu reflexo remonta ao ocorrido no Cadeião de Pinheiros, onde esteve presa após tentar furtar um xampu e um condicionador que, juntos, valiam 24 reais. Lá, Maria Aparecida de Matos pagou por seu “crime”: ficou cega do olho direito.
Portadora de “retardo mental moderado”, a ex-empregada doméstica foi detida em flagrante em abril de 2004, quando tinha 23 anos. Na delegacia, não deixaram que telefonasse para a família. Foi mandada diretamente para a prisão, onde passou a dividir uma cela com outras 25 mulheres. Em surto, a jovem não dormia durante a noite, comia o que encontrava pelo chão, urinava na roupa.
Passado algum tempo, para tentar encerrar um tumulto, a careeragem lançou uma bomba de gás lacrimogêneo na área das detentas. Uma delas resolveu jogar água no rosto de Maria Aparecida, e a mistura do gás com o líquido fez com que seu olho fosse sendo queimado pouco a pouco. “Parecia que tinha um bicho me comendo lá dentro”, conta.
A pedido das colegas de pavilhão, que não agüentavam mais os gritos de dor e os barulhos provocados pela moça, ela foi transferida para o “seguro”, onde ficam as presas ameaçadas de morte. Maria Aparecida passou a apanhar dia e noite. “Eu chorava muito de dor no olho, e elas começaram a me bater com cabo de vassoura”, relembra, emocionada. Somente quando compareceu à audiência do seu caso, sete meses depois de ter sido detida, sua transferência para a Casa de Custódia de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi autorizada. Lá, diagnosticaram que havia perdido a visão do olho direito.
Foi nessa época que sua irmã Gisleine procurou a Pastoral Carcerária, que a encaminhou para a advogada Sônia Regina Arrojo e Drigo, vice-presidente do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC). Sônia entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi negado. Apelou, então, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em maio de 2005, concedeu liberdade provisória à jovem, 13 meses depois de ter sido presa por causa de 24 reais.
A advogada também entrou com um pedido de extinção da ação, baseando-se no “princípio da insignificância”, aplicado quando o valor do patrimônio furtado é tão baixo que não vale a pena a justiça dar continuidade ao caso. No entanto, até hoje, o processo não foi julgado, e Maria Aparecida continua em liberdade provisória.
A situação indigna Gisleine. “É um descaso muito grande. Já era para esse julgamento ter acontecido. Minha irmã pagou muito caro por esse xampu que não chegou a utilizar”, critica. “Tem gente que não precisa estar na cadeia. Existem penas alternativas e o caso dela não seria de prisão, mas sim de internação, já que desde os 14 anos ela toma medicação controlada”, afirma.
Justiça seletiva
O mesmo recurso jurídico – o habeas corpus – pedido pela advogada Sônia Drigo para que Maria Aparecida respondesse ao processo em liberdade foi solicitado e concedido, em 24 horas, a outra mulher. Mas um “pouco” mais rica: a empresária Eliana Tranchesi, proprietária da butique de luxo Daslu, em São Paulo, condenada em primeira instância a uma pena de 94.5 anos de prisão. Três pelo crime de formação de quadrilha, 42 por descaminho consumado (importação fraudulenta de um produto lícito), 13,5 anos por descaminho tentado e mais 36 por falsidade ideológica.
Somando impostos, multas e juros, a Justiça diz que a Daslu deve aos cofres públicos 1 bilhão de reais. Os representantes da empresa contestam esse valor, mas afirmam que já começaram a pagar as dívidas. A sentença inclui ainda o irmão de Eliana, Antônio Carlos Piva de Albuquerque, diretor financeiro da Daslu na época dos fatos, e Celso de Lima, dono da maior das importadoras envolvidas com as fraudes, a Multimport.
A prisão de Tranchesi foi conseqüência da Operação Narciso, desencadeada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público em julho de 2005, com o objetivo de buscar indícios dos crimes de formação de quadrilha, falsidade material e ideológica e lesão à ordem tributária cometida pelos sócios da butique.
De acordo com juristas e analistas ouvidos pela reportagem da Caros Amigos, a diferença de tratamento dispensado a casos como o de Maria Aparecida e Eliana Tranchesi acontece porque, embora na teoria a lei seja a mesma para todos, na prática, ela funciona de forma bem distinta para os representantes da elite e para os pobres.
Sonia Drigo ressalta, entretanto, que não existe uma justiça para ricos e outra para as camadas mais humildes. “Ela é uma só, mas é aplicada diferentemente”. Segundo o cientista político e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Andrei Koerner, a questão do acesso à justiça no Brasil é histórica. “Sempre houve uma grande diferença de tratamento dos cidadãos de diferentes classes sociais pelas instituições judiciárias”.
Ele explica que dentro do judiciário há distinções no andamento e efetividade dos processos, que variam com a classe social dos envolvidos. Segundo ele, um dos maiores problemas do poder é sua morosidade. No entanto, “isso não significa que os processos dos ricos são mais ágeis. Depende dos interesses e efeitos produzidos pelos processos”. Ou seja, a Justiça, quando interessa às classes dominantes, também pode ser lenta. Como exemplo, o professor cita “o longo tempo de uma execução para cobranças de dívidas de impostos, de contribuições previdenciárias”.
Em relação a casos penais, isso também ocorre, “como quando uma pessoa com muitos recursos financeiros é acusada – Paulo Maluf, por exemplo. Nesse caso, ela é capaz de bloquear o andamento do processo até que a pena esteja prescrita. A agilidade em decidir a prisão ou soltura de uma pessoa também varia, de acordo com sua classe social”, aponta Koerner. A diferença é que “um acusado de classe menos favorecida não será capaz de usar as oportunidades permitidas pelo processo”.
Servilismo versus repressão
O juiz criminal Sérgio Mazina, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), acredita que o sistema judiciário reserva, aos pobres, o espaço da justiça criminal. “Essa desigualdade, mais servil aos interesses dos poderosos e mais repressiva em relação aos mais necessitados, acirra-se ainda mais em países como o Brasil, que tem uma sociedade baseada num sistema escravista”.
De acordo com Roberto Kant de Lima, Professor Titular de Antropologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), existem “moralidades” distintas por parte dos agentes de segurança pública e justiça criminal no tratamento à criminalidade, quando ela está ligada ou não ao patrimônio. “Os latrocínios [roubo seguido de morte], por exemplo, são julgados por um juiz singular, enquanto que os outros homicídios são julgados pelo júri popular”. Segundo o professor, que coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, pode-se concluir que as várias “moralidades” afetam desigualmente a aplicação da lei, sendo que algumas dessas desigualdades estão registradas em tipos processuais explícitos, enquanto outras, não.
Mazina sustenta que a justiça brasileira é constituída para não ser popular. Em sua avaliação, desde a formação da legislação, há uma preocupação muito maior com a preservação patrimonial em detrimento da proteção da integridade física. Isso contribui, portanto, para a criminalização das camadas mais baixas da população, mais propensas, por sua condição social, a cometerem delitos contra o patrimônio. “Há um acirramento da legislação para os crimes cometidos pelos pobres. O código penal brasileiro criminaliza a pobreza”, denuncia Mazina.
Sônia Drigo acredita que há uma dupla criminalização, pois “a exclusão já é uma criminalização. Isso me lembra a diferença de tratamento dado para um sem-teto e para aquele que mora numa mansão. Vamos penalizar aquele que não tem endereço, nem carteira assinada. Então, vamos bater nele, torturá-lo porque não teve condições de estudar e trabalhar”.
O caso da ex-empregada doméstica Maria Aparecida não deixa dúvidas a respeito de como isso acontece na prática. Na casa de sua irmã, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, a moça pouco fala. Mantém-se de cabeça baixa, cabelos longos e negros escondendo parte de seu rosto. Às vezes, esboça um sorriso ingênuo. Sua expressão é de uma menina.
Quando faz um balanço da prisão, da tortura e da perda da visão, muda a fisionomia: “Tudo isso por conta de um xampu. Minha vida acabou”. Maria Aparecida compara-se com Eliana Tranchesi. “Eu peguei só um xampu e fiquei lá. Ela, cheia de dinheiro, saiu logo, e teve do bom e do melhor”.
A alegação que foi dada à família de Maria Aparecida para a perda da visão foi de que a jovem havia batido com o rosto no trinco de uma porta. “Mas isso é mentira, não tinha porta com trinco nenhum lá”, afirma Gislaine. Quando a moça foi transferida da cadeia para o manicômio em Franco da Rocha, fizeram um exame de corpo de delito, que atestou lesões corporais leves. “Ela perdeu um órgão vital, não a socorreram. Gostaria de saber o que seria a lesão corporal grave, entregá-la num caixão para a família?”, questiona Gislaine, indignada.
Propriedade, o grande valor do direito penal
De acordo com a juíza Kenarik Boujikian Felippe, integrante da Associação de Juizes para a Democracia (AJD), “a propriedade é o grande valor do direito penal. Basta ver que a pena do furto é maior do que a pena de tortura. Para o direito penal, pegar algo da sua bolsa é mais grave do que a tortura”, avalia. Ou seja, para a justiça brasileira, é mais importante proteger um xampu e um condicio-nador de alguma loja que a integridade física de Maria Aparecida.
A “sagrada” defesa da propriedade privada acaba sendo utilizada como argumento para criminalizar movimentos sociais, como no caso das organizações como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). “Na medida em que esses movimentos possam a reivindicar uma redistribuição de riquezas, há sua criminalização. Se tiverem apresentando um reclamo como o da proteção do meio ambiente, não há necessidade de criminalizá-lo. Mas se eles questionam a estrutura econômica da sociedade, há uma propensão à sua criminalização”.
Para Kenarik, a diferença de tratamento dispensado a ricos e pobres pode ser atribuída, ainda, a um “judiciário extremamente conservador, ideológico, que acha que pobre, por sua natureza, tem que estar preso. Ninguém assume isso, mas existe. É algo que vem de 500 anos de historia”.
Especialistas ouvidos pela reportagem acreditam que, muitas vezes, os magistrados estão imbuídos de preconceito quando vão lidar com pessoas das classes menos favorecidas. De acordo com o defensor público Rafael Cruz, a exigência de endereço fixo e de trabalho para conceder liberdade provisória a uma pessoa que está sendo processada é um exemplo típico. “Na justiça federal, onde tem os crimes tributários, isso não acontece. Há uma seletividade, como se os crimes contra o patrimônio fossem mais graves que os crimes tributários”.
Na avaliação do juiz Sérgio Mazina, aqueles que não têm bons antecedentes e não são proprietários acabam sendo estigmatizados. “Então, o discurso do juiz, dos policiais, é voltado para a priorização de quem tem condições econômicas, e para a punição do mais carente”.
Sônia Drigo resume: a lógica, na cabeça dos magistrados, funciona assim: “vamos ver se esta pessoa não está envolvida em outros casos, se o endereço dela é este mesmo. É como se um morador de rua não tivesse cidadania para responder em liberdade qualquer processo que venha a ser instaurado contra ele”.
Casos arbitrários é que não faltam. Desde 2005, após conseguir um habeas corpus para Maria Aparecida, Sônia trabalha defendendo voluntariamente mulheres acusadas de cometer pequenos furtos. O trabalho, segundo ela, não tem fim, pois sempre aparece um caso novo, o que evidencia o comportamento do Judiciário. “É como se a Justiça dissesse: ‘Por que ela roubou picanha e não carne moída? Ela disse que estava com fome, mas quem garante?’. A dúvida sempre é contra aquela pessoa. Sempre se faz mau juízo, e não garante a ela os benefícios que são garantidos para aqueles que têm informação, instrução”, critica.
Uma das mulheres que Sônia defende também se chama Maria Aparecida, e foi presa em flagrante por tentativa de furto de seis desodorantes de uma loja em São Paulo. Condenada a 14 meses, sua pena está próxima do fim.
A moça está na Penitenciária Feminina de Santana, a mesma onde Eliana Tranchesi esteve presa. A diferença é que a última teve ha-beas corpus concedido, enquanto a primeira não. Uma, era acusada de sonegar 1 bilhão em impostos. A outra, tentou subtrair objetos que não chegavam a totalizar 30 reais.
“A pena adequada não seria de privação de liberdade, e além disso, a liberdade provisória poderia ter vindo em favor dela 48 horas depois. Mas não veio. E aqui também seria aplicável o principio da insignificân-cia”, diz Sônia. Se o caso chegar ao STF, será anulado, garante. No entanto, a mulher já terá cumprido toda a sua pena.
“Ninguém vai prejudicar o patrimônio de uma grande rede de supermercados porque tentou furtar seis desodorantes que não foram usados, o chocolate que não foi comido, a picanha que não foi assada, o brinquedo que não foi usado. Há crimes contra a vida, homicidas famosos que têm o direito da liberdade provisória garantida. Já essas pessoas não, pois ousaram atingir o patrimônio de alguém”.
Relações perigosas
O preconceito dos membros da Justiça com as classes mais pobres também é fruto da relação histórica entre representantes da elite e do Judiciário, afirmam os analistas. “No Brasil, ele é formado por quadros da classe dominante, especificamente no século 19. Havia a necessidade da formação de quadros, e eles vieram da elite agrária”, lembra Mazina.
Na avaliação do Professor Titular de Antropologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), Roberto Kant de Lima, “em qualquer sociedade, os membros do Judiciário serão parte das elites, seja por sua posição original, seja por merecimento”. No entanto, ele avalia que a elite brasileira não é cidadã, pois reivindica sempre privilégios “como a aplicação particularizada e excepcional da lei no seu caso, ao invés de reivindicar a uniformidade na aplicação das normas para todos, sem distinção, característica de qualquer República”.
Desse modo, acredita, o poder econômico e as relações pessoais assumem um peso crítico, “pois são acionados mecanismos legais e morais que encontram respaldo na sociedade brasileira, socialmente hierarquizada, embora teoricamente republicana”.
Outro aspecto apontado é que quando se trata de crimes cometidos pela elite, como desvio de dinheiro, “parece que o acusado não é uma ameaça para a sociedade, e assim, não há um interesse para que o processo ande rapidamente”, avalia Sônia Drigo. Ela lembra que nunca se encarcerou tanto no país como hoje. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça, em 1995, havia 148 mil detidos nas penitenciárias e delegacias no país. Em junho de 2007, esse número subiu para 422.373. “Esses presos não são da elite e uma boa parte não deveria estar preso. 30% do total poderia estar em liberdade”.
No Brasil, é consenso entre a população que os ricos nunca vão presos, e que cadeia é coisa de pobre. “Aqui na justiça estadual [de São Paulo] não temos a competência de investigar crimes financeiros, colarinho branco. Eles correm na justiça federal. Aqui temos roubo, tráfico de entorpecentes”, relata a juíza Kenarik Boujikian Felippe. “Mas qual é o trabalho que a policia faz com eles?. O sistema policial funciona só para quem é pobre. Aquele que ganha rios de dinheiro eu não vejo, não sei quem é esse cara. Esses réus nem chegam aqui. Eles estão na esfera federal. E a policia sempre funcionou para isso, e acaba se refletindo.”
Para Sérgio Mazina, presidente do Ibccrim, o principal motivo de haver poucos rerepresentantes da elite processados e condenados é fundamentalmente político, mas é resultado, também, de um sistema falho. “Não temos uma policia preparada para investigar esse tipo de crime, ela é preparada para investigar e prender aquele que está te assaltando no meio da rua com revólver, querendo pegar sua bolsa ou celular”.
Já para ir atrás de crime cometido pelos representantes do poder econômico, segundo Mazina, não há estrutura, pessoal, equipamentos, e sequer formação para entender o delito que está sendo praticado, pois ele é, geralmente, complexo, por mexer com os aspectos tributário e financeiro. Assim, o sistema “se resume a fazer intervenções espetaculares, sensacionais, que acontecem em momentos da mídia, mas que são inconsistentes”.
O presidente do Ibccrim destaca que a punição precisa estar assentada em cima de provas. “Não adianta sair dando sentenças de um século para todo mundo, porque ela não vai subsistir e a justiça vai ficar desacreditada. Esse é o grande perigo”.
No caso de Maria Aparecida e Gisleine, isso já aconteceu. “O Judiciário precisa ser modificado. Tem que se tratar todos igualmente”, sentencia Gisleine. Já Maria Aparecida diz que a perda do olho abala muito sua vaidade: “Se pelo menos eu tivesse saído com a minha vista, nem precisava de nada mais”. Você se sente injustiçada? “Sim, muito”, responde, escondendo o rosto, lágrimas escorrendo.
O remédio para a falta de liberdade
Um dos aspectos sintomáticos da diferença de aplicação da Justiça para ricos e pobres é o habeas corpus. Considerado o mais importante instrumento judicial de defesa e proteção da liberdade individual, ele tem sido garantido em casos envolvendo ricos, famosos e poderosos, como a empresária Elia-na Tranchesi e o banqueiro Daniel Dantas. No entanto, pessoas como Maria Aparecida e centenas de outras não têm a mesma sorte.
De acordo com a advogada criminalista Sônia Drigo, a lei é uma só, mas quando se cumpre em favor de uma grande empresária, parece que houve privilégio. Segundo ela, a decretação da prisão de Tranchesi em decorrência de uma sentença de primeira instância é arbitrária. Portanto, a lei foi cumprida. Porém, para conseguir a aplicação desse direito, a dona da Daslu contou com uma equipe de advogados que a assessoraram, o que não acontece com a população pobre. “O que está errado é manter essas pessoas humildes, que não têm advogados, presas”, afirma Sônia.
Ela explica que o habeas corpus serve para remediar um constrangimento, e leva de duas a cinco semanas para ser impetrado. Acontece que uma pessoa da classe alta contrata uma banca de advogados que, a partir daquele momento, vai fazer todo o necessário para liberar o acusado. “E, uma vez que se entra com essa medida, a tramitação também é diferente, dentro do próprio judiciário, para quem tem mais ou menos condições”. Ou seja: quem tem menos dinheiro, dificilmente vai conseguir comprovante de endereço, certidão de nascimento ou documento de trabalho, requisitos exigidos para obter a liberdade provisória. Para reunir esses dados, é preciso entrar em contato com a família, algo bastante dificultado pela precariedade das defensorias públicas. “Muitas vezes essas pessoas conhecem o advogado no dia do interrogatório”.
Ao rebater as recentes críticas de que o Supremo Tribunal Federal (STF) só concedia habeas corpus para ricos, o ministro Gilmar Mendes afirmou que, no ano passado, 350 pessoas receberam tal direito, “ricos e pobres”. Ele disse, ainda, que pesquisou pessoalmente o assunto para descobrir que, entre os 350 habeas-corpus concedidos, 18 foram para casos em que “se aplicam o princípio da insignifi-cância: o furto da escova de dente, do bambolê, da pasta dental, do sabonete, do vídeo. Se esses casos não tivessem chegado ao Supremo, essas pessoas ainda estariam presas”, afirmou.
No entanto, Sônia questiona o raciocínio do Ministro. “Quantos habeas corpus não tiveram que ser pedidos até chegar a esses que foram julgados? Há inúmeros meandros para que se chegue até lá, e, nesse percurso todo, a pessoa já cumpriu pena. Há casos de acusados que ficam detidos nove, 11, 14 meses, e os habeas corpus não chegam ao STF”, relata.
De acordo com ela, ao conceder os tais 18 habeas corpus, o STF simplesmente cumpriu o que estava na lei. “O primeiro juiz que pegou o processo poderia ter feito a mesma coisa, mas não fez porque existem preconceito e repressão contra essas pessoas, além da falta de tempo dos defensores públicos”.
A juiza Kenarik Boujikian Felippe, integrante da Associação de Juizes para a Democracia (AJD), lembra que as arbitrariedades cometidas em casos envolvendo os mais pobres são grandes, “e o tempo dos mortais para chegar no Supremo é imenso. Tem muita gente que fica presa pelo bacalhau, pelo danoninho, pelo tender, biscoito”. Quem tem condições de contratar um advogado, explica ela, “vai a Brasília, despacha caso a caso com o ministro. Quem é pobre, vai esperar, porque a defensoria não tem gente suficiente para levar de caso em caso”.
A defesa dos humildes na penúria
Quem necessita de assistência jurídica, mas não tem dinheiro para pagar um advogado, pode, em tese, recorrer ao serviço da Defenso-ria Pública. De acordo com a Constituição Federal, qualquer pessoa que comprove a falta de recursos pode recorrer ao trabalho dos defensores. Apesar de cerca de 95% da população carcerária do país depender desse serviço para responder os processos nos tribunais, a instituição sofre com problemas estruturais e orçamentários.
Um diagnóstico do Ministério da Justiça revela que, a cada R$ 100 do Orçamento do Estado destinado às instituições jurídicas, somente R$ 3 vão para as Defensorias. De acordo com a Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep), no país existem cinco mil defensores públicos. Segundo o defensor Rafael Cruz, “por conta das dificuldades, não conseguimos atender como um advogado particular faria. Com o número de profissionais que temos, somos obrigados a estabelecer prioridades”, lamenta.
Na avaliação do juiz Sérgio Mazina, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), “aqueles que deveriam prestar assistência jurídica aos mais pobres estão na penúria. E, em comparação com as demais carreiras, são mal remunerados”. Os integrantes do Ministério Público (MP) ganham, em média, R$ 19 mil. Os defensores, entre R$ 7 mil e R$ 8 mil. Além disso, o MP, que tem a função de acusar, possui um orçamento oito vezes maior que a defensoria, que, ainda, conta com menos pessoal.
A juíza de direito e membro da Associação dos Juizes para a Democracia (AJD), Kenarik Bou-jikian Felippe, insiste na importância de se fortalecer a instituição. “Esse é um passo para tentar propiciar uma situação igualitária”. Ela lembra que, apesar de ser previsto em lei que toda prisão em flagrante deve ser comunicada à Defensoria num prazo de 24 horas, “ela não tem estrutura para dar atenção a esses flagrantes”.
Hoje, a Defensoria do Estado de São Paulo conta com 400 defensores públicos, que atendem, por ano, cerca de 850 mil pessoas. De acordo com estudos da própria instituição, caso houvesse 1.600 profissionais, ela poderia ter postos de atendimento em todas as comarcas.
Ainda segundo números da Defensoria paulista, a população alvo (maiores de 10 anos, com renda mensal de até três salários mínimos) é de 23.252.323 pessoas; e, para cada defensor público, existem 58.130 potenciais usuários (no Estado do Rio de Janeiro, essa proporção é de 1 para 13.886 usuários).
Judiciário em crise?
Brigas entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), desentendimentos entre juizes federais e tribunais superiores, divergências técnicas entre magistrados. Um manda prender, outro manda soltar. As recentes reviravoltas nos casos envolvendo processos contra representantes da elite trouxeram à tona conflitos entre diversos setores do Poder Judiciário.
De um lado, juizes criticam os tribunais superiores, que estariam impondo dificuldades para prender suspeitos de crimes financeiros, como a concessão de ha-beas corpus em favor do banqueiro Daniel Dantas, e a liberdade concedida à empresária Eliana Tranchesi, dona da butique Daslu. De outro; as instâncias superiores defendem que tais prisões foram arbitrárias, e que o habeas corpus é um direito constitucional, que deve ser garantido a todos os cidadãos. A indagação que se faz é: o Poder Judiciário está em crise?
Para o cientista político e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Andrei Koerner, “esses conflitos dentro do Judiciário são muito positivos, pois revelam que, a partir da redemocratização, a tradição jurídica brasileira tem sido posta em questão”. Segundo ele, houve o fortalecimento dos papéis e poderes das diversas instituições judiciais e a redistribuição entre elas. “Os processos de mudança devem continuar ocorrendo, com o engajamento crescente de profissionais na realização dos princípios, regras e objetivos da Constituição de 1988″.
Já o juiz de direito Sérgio Mazina, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), acredita que é normal que uma decisão de primeira instância não prospere quando levada a um tribunal superior. Mas é claro que, quando, “há duas decisões opostas num período de 48 horas, surja um debate público em torno das desavenças”, diz, referindo-se ao caso de Daniel Dantas.
Na avaliação da juíza Kenarik Boujikian Felippe, tais divergências fazem parte da produção do pensamento jurídico. No entanto, lembra que o princípio da presunção de inocência é um direito ao qual todos deveriam ter acesso.
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