PICICA: "La mayoría de los estudiantes de la
Universidad son jóvenes. Se están formando como especialistas en sus
carreras, sí, pero también están ahondando en su formación cívica. Para
muchos la Universidad es una escuela de vida más amplia que la
circunscrita a sus asignaturas. Al contrario que sus mayores, la mayoría
no suele tener empleos que perder, familias que atender ni achaques que
cuidar. Son jóvenes, y muy libres para la política. Es quizá el
segmento de población que más horas del día dedica a pensar, dialogar,
leer. Criticar. Y no es sorprendente que en la situación política y
económica que atraviesa nuestro país, con más de la mitad de los jóvenes
en paro, se dediquen a protestar."
Encierro en Somosaguas. 1996.
Entre los detenidos el pasado jueves
en el Campus de Somosaguas, dos pertenecen a econoNuestra. Participaban
pacíficamente en un encierro estudiantil contra la subida de tasas y los
recortes en la Universidad. Ahora enfrentan cargos por coacciones, con
penas de entre 6 meses y 3 años de prisión. Desde el Colectivo Novecento
queremos mostrar nuestra solidaridad con ellos y con el resto de
detenidos.
Hay asimismo tres chicos de entre 20 y 22 años que aún están en prisión preventiva
tras haber sido detenidos la noche anterior en Ciudad Universitaria
(Moncloa), en un caso que empieza a parecerse peligrosamente al de Alfon.
Desde aquí queremos reclamar su puesta en libertad, la igualdad de
todos ante la ley y la transparencia total de las autoridades en el
asunto.
El Manifiesto de econoNuestra sobre lo sucedido en Somosaguas se puede consultar aquí.
A continuación, el artículo que publiqué ayer en eldiario.es sobre esta misma cuestión:
Las
universidades son un espacio de crítica, reflexión y libertad. Hay quien
afirma que suelen situarse en las afueras de las ciudades para pensar
sin interferencias, para ensayar las teorías más extravagantes incluso,
en total libertad. Hay quienes sostienen en cambio que las Universidades
deberían estar en el centro de las ciudades, entremezcladas y abiertas a
que los ciudadanos pueblen también sus aulas, utilicen sus bibliotecas y
enriquezcan sus saberes.
El Campus de Somosaguas de la Universidad
Complutense de Madrid está fuera de la ciudad porque el régimen
franquista así lo decidió en 1968. Los estudiantes de Ciencias Políticas
y Económicas, precisamente por las materias que estudiaban —recordemos
los vectores principales de nuestra crisis— eran los más
reivindicativos. Fuera de la ciudad no cortaban calles, se limitaba su
influencia sobre el resto de la ciudadanía y se les podía controlar
mejor, con vigilantes policiales infiltrados y hasta un cuartelillo de la Guardia Civil en el Campus.
La mayoría de los estudiantes de la
Universidad son jóvenes. Se están formando como especialistas en sus
carreras, sí, pero también están ahondando en su formación cívica. Para
muchos la Universidad es una escuela de vida más amplia que la
circunscrita a sus asignaturas. Al contrario que sus mayores, la mayoría
no suele tener empleos que perder, familias que atender ni achaques que
cuidar. Son jóvenes, y muy libres para la política. Es quizá el
segmento de población que más horas del día dedica a pensar, dialogar,
leer. Criticar. Y no es sorprendente que en la situación política y
económica que atraviesa nuestro país, con más de la mitad de los jóvenes
en paro, se dediquen a protestar.
Tras el fin del franquismo se decidió que
la autonomía universitaria protegería la libertad del profesorado a la
hora de impartir sus materias, pero también dejaría los campus
universitarios libres de policías. La asfixiante presencia de los grises,
el antagonismo evidente que supone la fuerza bruta y la represión con
las bibliotecas y el cuidado de la palabra, hacían que esta norma se
erigiera como básica para cualquier régimen que se quisiera denominar
democrático. Tan solo las autoridades académicas podrían permitir, en
condiciones excepcionales, la entrada de la policía en la Universidad.
Esto supondría admitir, asimismo, un fracaso en su relación con alumnos y
asociaciones.
El miércoles por la tarde el decanato de
Económicas de la Complutense decidió interrumpir las clases del aulario
central porque “venían los de Políticas” a encerrarse —en realidad iban
también de otros centros—. Esta actitud de las autoridades académicas no
presagiaba nada bueno. Un encierro en una facultad es una acción
política tradicional por la cual un grupo de estudiantes pasa la noche
en señal de protesta durmiendo en un edificio universitario. He
participado de estudiante en varios encierros, precisamente en ese
aulario y también en Francia. Por huelgas que avisaban de las medidas
neoliberales que hoy ya están encima. Contra una ley de extranjería
excluyente que deterioraba, a nuestro juicio, la democracia. Y
solicitando la admisión de varios estudiantes no comunitarios a los que
se había dejado sin residencias. Solo en este último caso logramos el
objetivo marcado. En todos esos encierros nocturnos me formé
políticamente, hablando y escuchando en las asambleas, dialogando sobre
libros y corrientes que las teorías dominantes de nuestras Facultades no
nos enseñaban. Pintando carteles. Cuidando unas de otros. Y sí, a veces
se cerraban las puertas y al día siguiente venían los cerrajeros. Nunca
acudió la policía. Generalmente el edificio amanecía decorado de
coloridas pancartas. Puede que incluso alguna pareja se tomara demasiado
literalmente el haz el amor pero no la guerra. Nada grave.
Por qué el miércoles el decanato desaloja
y cierra, como si estuviera ante una turba peligrosa, el aulario de
Económicas en Somosaguas es un misterio. Al día siguiente, tras pasar la
noche en Psicología y las primeras horas de la mañana en Políticas,
cuando el encierro estaba presto a su fin y apenas había estudiantes por
el campus, las autoridades académicas solicitaron que antidisturbios
armados irrumpieran en él para cargar y detener a varios estudiantes. El Rectorado se justifica
a partir de una agresión de los alumnos a cuatro trabajadores, así como
porque se “bloqueaba” el paso al personal del centro. Lo único que ha
trascendido hasta el momento es que un vicedecano sostiene que se le
agredió en un forcejeo por dejar abierta una de las puertas, y ha desvinculado a los agresores del movimiento estudiantil contra los recortes. Por otra parte, la plataforma de trabajadores de la UCM niega
que se hubieran sentido coaccionados, o que estuvieran retenidos,
afirmando que podían salir del edificio sin problemas. Es más, afirman
que solo sintieron miedo cuando llegaron 18 furgones de antidisturbios.
La pregunta que surge entonces es si el
recurso a un destacamento de la Unidad de Intervención Policial se
justifica por lo que estaba sucediendo. A todas luces parece que la
respuesta es negativa. Si esto es así, emerge otra inquietante cuestión:
¿hasta dónde se va a estar dispuesto a llegar para vender la decisión
como “justificable”?
Era una protesta estudiantil contra los
recortes educativos y por la subida de tasas que expulsará a muchos de
su Universidad, como llevaban días anunciando. A mi entender tampoco
habría ningún problema en que los estudiantes hubieran querido difundir
las movilizaciones de este 25 de abril en Madrid, algo que por cierto han desmentido
tajantemente. La libre actividad y discusión política es materia
primordial en un espacio universitario. Contra sus restricciones creció
en la Universidad de Berkeley el Free Speech Movement de 1964, auténtico despertar de toda una generación.
Esta escalada de represión y
criminalización contra jóvenes estudiantes, críticos y libres no es la
manera propia de la Universidad —¡menos aún de una Facultad de Ciencias
Políticas!— para resolver los conflictos. Los agudiza. En ella
utilizamos la palabra. El encuentro. El diálogo. Si el recurso a la
policía responde a una agresión concreta previa, esta protección deberá
ser siempre proporcionada. Las imágenes de antidisturbios en la
Complutense no parecen muy equilibradas.
Mi breve experiencia de apenas cinco años
como profesor me viene confirmando cada día que el sector más
responsable, valiente, honesto, libre y democrático que tenemos en la
Universidad es el estudiantado. No es por tanto casualidad que sean
ellos quienes en este momento crítico, de recortes brutales de lo
público y de las libertades, empiecen a ser detenidos por orden de
profesores con cargos académicos. Si se confirma que el rector o los
decanos del Campus autorizaron esta intervención de forma
desproporcionada e injustificada, parece inevitable exigirles las más
altas responsabilidades.
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