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REPRESIÓN EN PERÚ

"La minería ataca desde todos los frentes en Piura"
El 1 de noviembre, un ataque sorpresivo dejó el saldo de 3 muertos en el campamento minero de Monterrico Metals, justo cuando las denuncias de torturas a comuneros opuestos al proyecto Río Blanco se hacían públicas. Este extraño hecho demostró lo grave de la situación en Huancabamba (Piura), donde intereses oscuros estarían detrás de los sucesos. El dirigente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), Euler Jave, denunció que el ataque al campamento de la minera Río Blanco Copper, en El Carmen de la Frontera (Piura), habría sido planificado para militarizar la zona y lograr que la empresa continúe con sus operaciones, pese a no contar con la licencia de la población.

Propuesta de militarizar la zona
Tras la muerte de tres trabajadores del campamento de Monterrico Metals en un ataque armado sorpresivo, la empresa ha descartado que los comuneros hayan tenido alguna responsabilidad y éstos han sido los primeros en pedir se investigue a profundidad para hallar a los responsables. Sin embargo, el premier Javier Velásquez pidió la instalación de una base militar para defender la actividad minera, aunque el Ministerio de Defensa informó que esto aún está en evaluación. Autoridades de la zona donde se ubica el campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. (ex Majaz) rechazaron esta pretensión, pues eso acrecentaría las fricciones con la población, pondría en riesgo los acuerdos de paz –por ser zona de frontera–, y generaría mayores abusos de las fuerzas del orden. "El propósito (de la base) sería garantizar la presencia de la empresa a través de la militarización de la zona, lo cual rechazamos. Solicitamos se reinicie una mesa de diálogo con todas las autoridades y se dé una solución alternativa", afirmó Ismael Huayama, alcalde de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba.

Detención y torturas a comuneros
Las autoridades y dirigentes de las comunidades de Huancabamba continúan siendo víctimas de la represión y hostigamiento policial. El lunes 9 de noviembre, los comuneros Hilario y Martín Rojas, fueron trasladados a la comisaría de Huancabamba, siendo sindicados sin ninguna prueba como responsables del atentado al campamento minero el 1º de noviembre. El mismo día, en el Caserío de Lucho, la camioneta del Alcalde de Carmen de la Frontera fue atacada por miembros de la ONG INTEGRANDO vinculada a la empresa minera Río Blanco. Los dirigentes de las comunidades reconocieron como autores de este ataque a Daniel Guerrero Meza, Promotor de Integrando y Simeón Cano Neyra, comisario del Caserío de Limache. El 11 de noviembre, policías uniformados detuvieron arbitrariamente a los comuneros Filoteo y Gustavo Pusma Ibáñez, por los hechos del día 1, los detenidos fueron torturados durante las dos horas de detención.

El comunero Porfirio Clemente Huamán fue detenido y torturado durante dos días. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció estos hechos, exigiendo a la Policía Nacional cesar el hostigamiento contra dirigentes y comuneros de Huancabamba.

Una ONG "capataz"
Ha hecho su aparición la organización no gubernamental (ONG) Integrando, que contrata trabajadores para generar lealtades privadas que debiliten la cohesión comunal. Esta ONG no es transparente en indicar de dónde recibe financiamiento a pesar de reconocer que ha recibido entre 200 a 300 mil soles en donaciones, que se han invertido en obras sociales. La congresista piurana Marisol Espinoza, denunció que Integrando no está registrada en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Los comuneros afirman que Marco Vargas (directivo de Integrando) cuenta con el respaldo del gobierno gracias a que es militante del partido aprista e incluso postuló al cargo de subsecretario general en la región Piura. Integrando moviliza alrededor de doscientas personas. Algunos de ellos, cuando se embriagan y están en grupo, insultan y agreden como sucedió el 5 de junio en el local de la comunidad Segunda y Cajas, donde se realizaba una reunión de ronderos. La Coordinadora Nacional de Radio (CNR) recogió en julio el testimonio de Pedro José Vargas Lamela, ex trabajador de Integrando, quien aseguró que esta organización espiaba a los dirigentes de Piura que se oponen a la minería irresponsable y azuzaba a la violencia para causar división entre las comunidades. Integrando tuvo por primera estrategia promover la siembra de trigo con la promesa de ser comprada por la empresa ALICORP, pero esto fracasó. Ahora se dedica a hacer obras, caminos, para ganar simpatía de la población.

ALICORP es una empresa del poderoso grupo Romero, que se sospecha podría ser uno de los donantes directos o indirectos de los recursos que emplea Integrando. La entidad Agropecuaria Las Huaringas –perteneciente al Grupo Romero- tiene una opción de compra del 20 por ciento de las acciones de Monterrico Metals.

El gobierno apoya a la minería
La ONG CooperAcción ha observado que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) "no ha asumido su responsabilidad en el proceso de diálogo con las autoridades y comunidades representadas en el Frente de Desarrollo Sostenible", más bien, el premier, varios ministros, y el presidente regional se reúnen con la empresa Río Blanco "para definir temas de seguridad nacional" de espaldas a la población y sus autoridades locales.

El interés minero no se reduce al proyecto Río Blanco sino que existen siete proyectos y grandes intereses que pretenden crear un distrito minero en una zona de páramo que cumple una función estratégica en el abastecimiento de agua dulce a la región Piura.Monterrico Metals ya culminó su fase de exploración el año 2006, formalmente se encuentra en proceso de cierre y no tiene permiso de exploración ni estudio de impacto ambiental aprobado.

Su presencia en las comunidades es ilegal y rechazada por las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas, pues no tiene permiso válido para permanecer en sus territorios. Por afirmar estas verdades en medios locales de Piura, la abogada de CooperAcción Emma Gómez Moreno ha recibido una querella por difamación. Las autoridades se niegan a registrar las denuncias de agresión que sufren los comuneros pero se muestran solícitos y expeditivos cuando los denunciantes son voceros de la empresa nera Yanacocha; la persecución de líderes ambientales y la criminalización de la protesta en conflictos sociales (San Marcos, Porcón, entre otros), la vulneración del derecho de propiedad de las comunidades campesinas (como en el caso de la comunidad el Tingo, con la amenaza de desalojo por imposición de una servidumbre minera); y las actividades mineras artesanales, que además de poner en riesgo el medio ambiente implican explotación infantil, tráfico de tierras y corrupción.

"Dirigentes del Valle de Condebamba (San Marcos) y del distrito de Cochas (Provincia de Jesús) fueron absueltos por la Segunda Sala Especializada Penal de Cajamarca (Exp. 1060 - 2006) de la denuncia de robo y daños agravados interpuesta por trabajadores de la Empresa Minera Miski Mayo S.A.C. (Subsidiaria de la empresa Minera Vale). Los acusados fueron absueltos por falta de pruebas y contradicciones de los denunciantes.

Cajamarca lucha contra las minas
En un comunicado del 23 de octubre, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, expresó "haber encontrado casos evidentes de injusticia y vulneración de Derechos Humanos, como en el caso Choropampa, en el cual no se ha protegido integralmente a la población afectada abordando la solución de sus problemas prioritarios y urgentes como el de la salud ... la afectación del derecho al agua (evidenciados en los casos de Porcón, la Sacsha,caso las Lagunas de Alto Perú, entre otros); la vulneración del derecho a la salud ocupacional, como en el caso de los ex trabajadores de la empresa minera.

Yanacocha; la persecución de líderes ambientales y la criminalización de la protesta en conflictos sociales (San Marcos, Porcón, entre otros), la vulneración del derecho de propiedad de las comunidades campesinas (como en el caso de la comunidad el Tingo, con la amenaza de desalojo por imposición de una servidumbre minera); y las actividades mineras artesanales, que además de poner en riesgo el medio ambiente implican explotación infantil, tráfico de tierras y corrupción." Dirigentes del Valle de Condebamba (San Marcos) y del distrito de Cochas (Provincia de Jesús) fueron absueltos por la Segunda Sala Especializada Penal de Cajamarca (Exp. 1060 - 2006) de la denuncia de robo y daños agravados interpuesta por trabajadores de la Empresa Minera Miski Mayo S.A.C. (Subsidiaria de la empresa Minera Vale). Los acusados fueron absueltos por falta de pruebas y contradicciones de los denunciantes

(Lucha Indígena Nº 40, Diciembre de 2009, Director Hugo Blanco)

Fonte: [ATTAC] INFORMATIVO 530]