PICICA: "[...]lo cierto es que el proceso descriminalizador que se llevó a cabo en Portugal ha servido como un ejemplo claro de que una mayor tolerancia a las personas consumidoras de drogas no conduce a un mayor consumo. Antes al contrario, en el caso de Portugal todos los indicadores demuestran que el uso de drogas ilícitas descendió tras aquella decisión, y que también se redujeron los problemas asociados a ese uso."
Portugal avanza hacia la regulación integral del cannabis
Una propuesta legislativa propone autorizar el autocultivo y la creación de Clubes Sociales de Cannabis
29 Octubre 2012
En los últimos años se ha hablado
mucho del llamado “modelo portugués”, basado en una iniciativa que
condujo a la descriminalización del consumo de drogas ilícitas en 2001.
De hecho, en muchos lugares podemos leer que Portugal fue el primer país
europeo en descriminalizar el consumo de drogas de jure, mientras que
España por ejemplo, dio ese paso de facto por primera vez en 1974, solo
que no fue a través de una ley específica, sino de una sentencia del
Tribunal Supremo.
En todo caso, lo cierto es que el
proceso descriminalizador que se llevó a cabo en Portugal ha servido
como un ejemplo claro de que una mayor tolerancia a las personas
consumidoras de drogas no conduce a un mayor consumo. Antes al
contrario, en el caso de Portugal todos los indicadores demuestran que
el uso de drogas ilícitas descendió tras aquella decisión, y que también
se redujeron los problemas asociados a ese uso.
Sin embargo, la descriminalización a la portuguesa
tiene enormes lagunas y contradicciones, como el hecho de que el
cultivo ilícito de plantas psicoactivas (de las cuales la más común es
el cannabis) se considere siempre un delito, incluso cuando va destinado
al consumo personal. Esta contradicción, que permite la posesión de
pequeñas cantidades y el consumo pero no el autoabastecimiento, provoca
una dependencia obligatoria de las personas usuarias respecto del
mercado negro. Por otro lado, la tenencia para el consumo se castiga por
vía administrativa. Se establecieron Comisiones de Disuasión
(integrados por asesores legales, psiquiatras y trabajadores sociales)
que pueden imponer multas o trabajo comunitario. También tienen la
función de persuadir a los adictos a entrar en programas de tratamiento.
La mayoría de las sentencias dictaminaron la suspensión de las acciones
judiciales emprendidas contra consumidores no adictos. En torno al diez
por ciento de los casos se saldaron con una multa.
Hace
tiempo que diversos sectores vienen planteando la necesidad de dar más
pasos en el camino de la descriminalización, mediante una regulación
coherente que abarque todos los aspectos del fenómeno y permita un
sistema de abastecimiento alternativo al mercado negro. El Bloco de
Esquerda, un partido de izquierdas muy similar en origen e ideología a
Syrisa en Grecia, y que en las últimas elecciones obtuvo alrededor de un
10% de los votos y 16 escaños en la Asamblea de la República (única
cámara del parlamento portugués, ya que no existe el senado), ya hizo
hace unos años otra propuesta
que iba en la línea del llamado “modelo holandés” y que proponía el
abastecimiento a través de establecimientos comerciales del estilo de
los coffee-shops.
No obstante, la aparición de los Clubes Sociales de Cannabis en España
ha provocado un cambio de actitud en muchos grupos que antes defendían
un modelo de regulación de carácter comercial. El propio Bloco de
Esquerda decidió abandonar aquella propuesta a la vista de las ventajas
del modelo basado en asociaciones sin ánimo de lucro, como la mayor
transparencia, la autogestión por parte de los propios consumidores, la
ausencia de intereses comerciales que reduce el riesgo de promoción del
consumo, la desaparición de la llamada “puerta trasera” [1],
y la posibilidad de ponerlo en marcha sin necesidad de reformar
previamente los tratados de la ONU, ya que los clubes cannábicos se
inscriben dentro del ámbito del consumo personal.
La nueva propuesta de ley del Bloco (que aún no ha sido presentada en el parlamento) abarca todos los aspectos del cannabis, desde la producción hasta la distribución. En su justificación se alude al fracaso del modelo represivo consagrado por la ONU, al éxito que supuso la descriminalización, que acalló los argumentos de los prohibicionistas al demostrar la viabilidad de enfoques más tolerantes, y a las contradicciones internas de la actual legislación, que contribuyen indirectamente al mantenimiento del narcotráfico.
El texto de la propuesta define el
régimen jurídico aplicable al cultivo, consumo, adquisición y posesión
destinados al uso personal de cannabis y sus derivados, sin prescripción
médica. En efecto, los promotores de la iniciativa han evitado mezclar
el uso médico con el llamado “uso recreativo”, ya que consideran que no
se deben juntar los dos debates. También creen que la defensa del
derecho a usar cannabis no se debe basar en sus propiedades medicinales,
sino en la libertad personal.
La proposición – cuyo texto aún no es
definitivo – impone límites a la adquisición, al cultivo y a la
posesión. Se establece que la adquisición de derivados de cannabis para
el uso personal no exceda el consumo de un mes, para lo cual se basa en
el Decreto 94/96, de 26 de marzo, donde se estipulan las dosis diarias
estimadas para distintas drogas ilícitas. De esta manera, no se podrían
adquirir cada vez más de 75 gramos de marihuana, 15 de hachís o 7,5 de
aceite de hachís. El cultivo estaría limitado a un máximo de diez
plantas por persona y la posesión no podría exceder de las cantidades
anteriores, es decir, si se opta por cultivar se podrá almacenar el
producto de las diez plantas y si se adquiere a través de un club (o del
mercado negro) solo se podrá almacenar para un mes.
También se habla de un régimen de
autorizaciones, que serán intransferibles y podrán ser retiradas en caso
de incumplimiento de las obligaciones legales que conllevan, pero que
no afectan al uso personal. De esta forma, si la propuesta saliera
adelante, el consumo, cultivo, adquisición, y posesión de preparaciones
con cannabis destinadas al uso personal dejarían de ser, no solo delito,
sino también infracción administrativa, de forma que la despenalización
sería total, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora.
El Capítulo II de la proposición de ley está dedicado a los Clubes Sociales de Cannabis (CSC), que se regulan con cierto detalle. En el texto propuesto, un club se define como “una asociación civil sin fines lucrativos con la finalidad de estudio, investigación y debate sobre la cannabis, así como de cultivo y cesión a sus asociados de plantas, substancias o preparaciones de cannabis en establecimientos debidamente autorizados y en las condiciones definidas en este título”. En otras palabras, se plantea un tipo de entidad casi idéntico al modelo actualmente a debate en España. En este sentido, la propuesta del Bloco es pionera, ya que a pesar de estar basada en un modelo ya existente, Portugal podría ser el segundo país con legislación que permitiría a los clubes de cannabis. En Uruguay la propuesta es que el Estado otorgará licencias a los productores, ya sean domésticos o socios de clubes de cultivadores, como sucede en España.
A continuación, se establecen una serie
de límites y condiciones para el funcionamiento de los clubes: Los
miembros deberán tener más de 18 años y ser invitados a ingresar por
otra persona socia; no se podrán expender bebidas alcohólicas ni habrá
máquinas de juego; se deberán dejar 300 metros hasta el centro de
enseñanza más cercano; y los no-socios solo podrán acceder al club
acompañados por un miembro de pleno derecho. Tampoco se podrá hacer
publicidad y los productos dispensados no podrán tener marca ni
denominación comercial.
En cuanto a la adquisición de los
derivados de cannabis por parte de los miembros, se establece que no
podrán acceder a los clubes ni menores de edad ni personas con
“enfermedad mental manifiesta”, ni se les podrá proporcionar sustancia
alguna. El club tendrá a disposición de los socios solo la cantidad
necesaria para cubrir las necesidades mensuales de estos. Los
recipientes de los productos dispensados deberán indicar el origen, la
cantidad de substancias contenidas, los efectos y riesgos asociados al
consumo, y la denominación común internacional según la Organización
Mundial de la Salud.
Respecto a la fiscalización de las actividades de los clubes y del cultivo y distribución en general, se establece la competencia de INFARMED (Autoridad Nacional del Medicamento y Productos de Salud) para aprobar y retirar las autorizaciones para cultivar cannabis, que no serán necesarias en el caso del consumo personal. Los CSC deberán pedir permiso también para realizar extracciones de principios activos.
Además, corresponde a INFARMED la
“fiscalización de actividades de cultivo, extracción y fabricación,
distribución, importación, tránsito, adquisición, entrega y tenencia
para la puesta a disposición de los asociados a los Clubes Sociales de
Cannabis”. Por su parte, el control de la presencia de alcohol, juego,
menores, publicidad, etc., correspondería a los ayuntamientos. Tanto
éstos como INFARMED podrán inspeccionar en cualquier momento la
actividad de los clubes.
En cuanto a las infracciones, el
comercio de cannabis sin autorización se castigará con penas de cárcel
de hasta cuatro años en los casos leves y entre 4 y 12 años en los casos
graves, en función de la cantidad y circunstancias. El resto de
infracciones (consumo de alcohol, presencia de menores en un club, etc.)
se castigan por vía administrativa con multas que en la mayoría de los
casos van de 2.500 a 25.000 euros.
A finales del pasado mes de septiembre fui invitado por el Bloco de Esquerda a viajar a Portugal para, en nombre de la FAC, explicar en qué consiste y cómo funciona el modelo de los CSC. De esta manera, pude participar en diversos eventos, incluyendo una audición parlamentaria donde también hubo una representante socialista, la diputada Elsa Pais, que entre 2000 y 2002 fue presidenta del Instituto Portugués de la Droga y la Toxicodependencia (IDT).
En la misma audición, João Semedo,
médico y diputado del Bloco (además de ser el encargado de presentar la
propuesta cuando llegue el momento), habló de la necesidad de sumar
apoyos, por lo que han elegido la fórmula que les parece más aceptable
por parte del resto de fuerzas políticas portuguesas. En este sentido,
es fundamental el papel de Pais, que fue bastante contundente en su
intervención, en la que defendió que no se deben eludir estos temas en
el debate político, máxime teniendo en cuenta que este tipo de derechos y
libertades individuales son menos respetados en tiempos de crisis.
En opinión de Pais, la propuesta del
Bloco es muy positiva, ya que resuelve el problema de cómo abastecerse
sin recurrir al mercado negro. En su opinión, los CSC tienen un montón
de ventajas: Se basan en una estrategia de prevención de riesgos,
respetan los aparentemente intocables tratados de la ONU, retiran a los
traficantes al dejarlos sin clientela, y son un modelo probado que
refuerza la decisión informada y la responsabilidad de las personas
usuarias. Al final de su intervención, Pais se comprometió a intentar
convencer a sus compañeros de partido para que apoyen la propuesta. Esto
sería fundamental, ya que el Partido Socialista es la primera fuerza
del parlamento, con 97 escaños.
En todo caso, entre el Bloco y el PS suman un total de 113 votos en el parlamento, por debajo de los 116 necesarios para tener mayoría absoluta. Aún en el caso de que Pais convenciera a sus correligionarios, algo para nada seguro, aún sería necesario el apoyo de otra fuerza más. Esta podría ser la Coalición Democrática Unitaria (CDU) alianza de comunistas y verdes, cuya posición aún no parece estar definida. De forma que es de prever un debate prolongado antes de ver resultados concretos.
También será interesante ver qué postura adopta João Goulão,
presidente del IDT y del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías
(OEDT), a quien yo mismo tuve ocasión de explicar el funcionamiento de
los clubes cannábicos, y que se mostró abierto a debatir sobre ellos
como posible alternativa a la regulación vigente. Si Goulão, unos de
los padres de la exitosa política descriminalizadora portuguesa, apoyara
una regulación en la línea de la iniciativa del Bloco, esta tal vez
tuviera más posibilidades. Porque lo cierto es que, hoy por hoy, las
perspectivas de que sea aprobada tal cual son escasas. En todo caso, el
debate se promete interesante.
[1] El problema de la ‘puerta trasera’: los coffee shops en Holanda pueden vender hasta cinco gramos de cannabis a los consumidores (‘la puerta principal’), pero tienen que adquirir sus suministros en el mercado ilegal (‘la puerta trasera’). Para que los coffee shops puedan funcionar al margen de toda actividad tipificada como delito, se debería regular el cultivo del cannabis.
Martín Barriuso Alonso es representante de la Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis (FAC) y el autor del informe Los Clubes Sociales de Cannabis en España - Una alternativa normalizadora en marcha, Serie reforma legislativa en materia de drogas no. 9, enero de 2011.
Véase también de Barriuso:
• El cannabis llega al parlamento: El debate sobre la regulación de los clubes sociales de cannabis en el País Vasco, TNI weblog, 26 de junio, 2012.
• Entre la autogestión y la mercantilización: Los Clubes Sociales de Cannabis en la encrucijada, TNI weblog, 9 de agosto, 2012
Más información en Altibajos de la reforma de la política para el cannabis.
Fonte: Transnational Institute
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