Gobierno mexicano y su plano para desarticular al Ejército zapatista

PICICA: "El Programa Ciudades Rurales Sustentables permite controlar a las comunidades, el expolio de sus tierras y sobre todo, cambiar sus costumbres. Se destruye el modo de vida campesino-indígena y se desintegra la vida comunitaria."

 
PLAN MESOAMÉRICA: CON LA EXCUSA DEL REALOJO, EL GOBIERNO MEXICANO DEJA VÍA LIBRE A MULTINACIONALES MINERAS EN CHIAPAS 

Ciudades rurales para controlar a los indígenas de Chiapas y explotar las tierras

El Gobierno realoja a indígenas de Chiapas en nuevos núcleos rurales más grandes, en teoría para mejorar su calidad de vida. Detrás se esconden intereses económicos y un plan para desarticular al Ejército zapatista.

 Las ciudades-reserva de Chiapas

Orsetta Bellani / San Cristobal de la Casas (México)

Martes 9 de noviembre de 2010.  Número 136  Número 137

 

Ismael Alonso

En los últimos meses hay un gran movimiento en Santiago El Pinar. Excavadoras que arañan el suelo, camiones que van y vienen, largas hileras de obreros que apilan ladrillos a las orillas de una calle en obras, con la boca cubierta por paliacates [pañuelos] para aislarse del polvo que levantan los coches y de los vehículos del ejército, que entran y salen continuamente del campamento militar de este pueblo.

Parece extraño tanto movimiento alrededor de una pequeña comunidad indígena de los Altos de Chiapas, a una hora de San Cristóbal de Las Casas. Un grupo de casas estrechas alrededor de una iglesia y una espléndida vista sobre las verdes montañas chiapanecas, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Allí se construye una de las llamadas Ciudades Rurales Sustentables. Ya existe una Ciudad Rural en Chiapas. Está en el norte del Estado y se llama Nuevo Juan de Grijalva. La ‘vieja’ Juan de Grijalva se vio afectada en 2007 por fuertes lluvias que obligaron a los habitantes de la zona a ser “reubicados” en estos nuevos núcleos urbanos.

Pero Juan Sabines, gobernador del Estado de Chiapas, anunció la construcción de estos nuevos núcleos mucho antes de que las aguas arrastrasen las casas de muchos indígenas chiapanecos. Las Ciudades Rurales forman parte de un plan que el gobernador anunció para acabar con la pobreza y que el presidente de México, Felipe Calderón apoya porque dice que estas ciudades permitirán vivir mejor a los habitantes de la zona. “En México hay una enorme dispersión de la población. Si el Gobierno tiene que llevar un cable de luz o un tubo de agua es más fácil llevarlos para mil personas que a diez familias”, argumentó Calderón en una visita a la zona.

Sin embargo, ésta no es una iniciativa del gobernador de Chiapas. La primera Ciudad Rural del Estado méxicano obedece a un plan político y económico diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo y, en especial, por el Banco Mundial, plan que se enmarca en un proyecto recogido en un informe publicado hace dos años denominado Nueva geografía económica. En 2008 los presidentes de México, Colombia y otros países de Centroamérica firmaron el acuerdo comercial Plan Mesoamérica, nueva versión del Plan Puebla Panamá, cuyo fin es crear corredores comerciales e infraestructuras que conecten el sur de México con Colombia. De esta forma las transnacionales tendrán vía libre para acceder a los recursos naturales de la región y trasladarlos a EE UU.

Las Ciudades Rurales representan un paso más para llevar a cabo el proyecto de expolio ideado por las transnacionales, muchas de ellas ya instaladas en Chiapas. Las comunidades que se encuentran en esta zona representan un obstáculo para las grandes empresas mineras. Ahora, las tierras abandonadas de las comunidades que se irán a vivir en los nuevos centros estarán por fin disponibles para las multinacionales mineras. Chiapas es rico en recursos naturales, y su naturaleza virgen proporciona también grandes potenciales turísticos. Para preparar el camino, durante los últimos años se han abierto muchas carreteras de acceso a las comunidades indígenas que viven en la selva.

La construcción de las Ciudades Rurales Sustentables se ha convertido asimismo en un negocio: muchas empresas mexicanas y extranjeras participan a través de sus fundaciones en el proyecto con fines lucrativos.

Pero el programa Ciudades Rurales va más allá, es parte del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, que, tras la fachada asistencialista, esconde la estrategia de contrainsurgencia del Gobierno del Estado contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La guerra de baja intensidad en Chiapas no se combate sólo entrenando a los paramilitares, sino también a través de programas de ayuda a las familias. Así se provoca la división de las comunidades, creando tensiones entre quien aceptan las ayudas del Gobierno y quien, como los zapatistas, no lo hacen. El Programa Ciudades Rurales Sustentables permite controlar a las comunidades, el expolio de sus tierras y sobre todo, cambiar sus costumbres. Se destruye el modo de vida campesino-indígena y se desintegra la vida comunitaria.

Las inundaciones de 2007 fueron el pretexto que permitió al Gobierno chiapaneco recolocar a la población dentro de la primera Ciudad Rural de Nuevo Juan Grijalva. No habría sido fácil convencer a centenares de personas de dejar sus casas para ser reubicados en un lugar aséptico e impersonal, donde la única posibilidad será la de convertirse en mano de obra barata para las minas, los centros turísticos, las maquiladoras o los grandes cultivos que surgirán en las tierras abandonadas por ellos.

No está claro cuál será ahora el argumento que el Gobierno de Sabines inventará para convencer a los habitantes de las cuatro comunidades cercanas a Santiago El Pinar para que dejen sus casas. Ni siquiera se sabe por qué ha sido elegida justo esta zona para la construcción de la segunda Ciudad Rural de Chiapas.

Una estrategia contra el Ejército Zapatista
El norte del Estado de Chiapas es una base de operaciones del Ejército mexicano desde 1995. Santiago El Pinar linda con las comunidades autodeclaradas municipios autónomos zapatistas, San Juan de la Libertad y San Andrés Sakamch’en. La creación de la Ciudad Rural Sustentable en Santiago El Pinar, en la que, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, algunas de las casas en construcción ya están reservadas para un grupo de paramilitares mexicanos y sus familias, permitirá la instalación de torres de telecomunicaciones militares y policíacas. Estas instalaciones estarán literalmente encima de los dos municipios autónomos. Pero también se encuentran alrededor otros municipios como el Caracol zapatista de Oventic, que está a unos pocos kilómetros de Santiago El Pinar. Caracol que, como explica Japhy Wilson, de la Universidad de Manchester, “representa una alternativa concreta, donde las ‘comunidades dispersas’ están involucradas en un intenso proceso de desarrollo de sistemas autónomos de salud, educación y producción, fuera del control social del Estado mexicano y de la lógica acumulativa y destructora del capital”, señala Wilson.

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Fuente: Diagonal web

Ministério Público Federal afirma que o Exército submeteu índios a tratamento desumano em São Gabriel da Cachoeira

Imagem postada em exercito.gov.br
Índios foram submetidos a tratamento desumano pelo Exército no Amazonas, afirma Ministério Público Federal 


Militares do Pelotão de Fronteira, no Amazonas, são denunciados por terem espancado e amontoado índios numa jaula para onças, durante investigação de tráfico.

A reportagem é de Claudio Dantas Sequeira e publicada pela IstoÉ, 03-09-2010.

Uma espécie de Abu Ghraib parece ter se materializado no meio da selva amazônica. A sede do 3º Pelotão Especial de Fronteira do Exército é acusada de ter sido palco de crueldades semelhantes às praticadas nos porões da masmorra iraquiana, famosa depois da divulgação de fotografias de torturas impostas por soldados americanos a prisioneiros islâmicos. 

No caso brasileiro, as vítimas foram 12 índios. Presos por militares metidos numa investigação policial sobre tráfico de drogas, os indígenas relatam os horrores a que foram submetidos. “Nos colocaram numa gaiola de ferro e lá ficamos como animais”, contou Brígido Mariano Garrido, morador da comunidade de Uarirambã, a 320 quilômetros de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A gaiola era uma jaula de ferro para onças. “Um de meus colegas apanhou como se fosse um cachorro”, denunciou Fredy Sanches Amâncio, que foi obrigado a permanecer por quase duas horas deitado com o rosto no chão, sob a mira de um fuzil.

Esses e outros testemunhos de mais cinco índios foram anexados a um relatório encaminhado pela Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) a autoridades em Brasília e no Amazonas. A Justiça Militar entendeu que não tem competência para julgar o caso. Mas o Ministério Público Federal, depois de investigação preliminar, acaba de oferecer denúncia contra quatro militares. 

Na opinião do procurador Silvio Pettengill Neto, responsável pela ação, “a conduta dos denunciados amolda-se à prática de tortura”. Segundo ele, os sargentos Leandro Fernandes Rios de Souza, Ramon da Costa Alves e Walter Cabral Soares, sob o comando do 1º tenente do Exército, Samir Guimarães Ribas, praticaram atos de “abuso de autoridade e tortura, causando sofrimento físico e mental nos índios”.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, a ação truculenta dos militares foi motivada pelo relato de um morador local de que índios das comunidades de São Joaquim e Uarirambã estariam consumindo e comercializando drogas. Samir Ribas, então comandante do 3º Pelotão de Fronteira, determinou a formação de duas patrulhas para “identificar, localizar e proceder à prisão” dos suspeitos. 

Sem ordem judicial ou qualquer evidência do crime, segundo o procurador Pettengill Neto, os militares ingressaram nas residências dos índios no dia 29 de setembro de 2007 e efetuaram “prisões para averiguação”. “Às 11h35 da noite apareceu um sargento chamado Soares e mais três soldados dizendo que eu estava depositando droga dentro da minha casa”, lembra Gustavo Mariano. Seu colega Mario Mandu conta que foi preso diante da filha de 8 anos, o que “causou muita tristeza”. No desabafo, escrito com dificuldade em português, o indígena diz que perdoa seus agressores.

O procurador federal, no entanto, está disposto a conseguir o indiciamento dos militares, pelo que considera um “tratamento desumano e vil”. Na ação, ele detalha que, levados em voadeiras até a sede do Pelotão Especial de Fronteira (PEF), os indígenas foram ameaçados com armas e agredidos com socos e chutes. “O senhor tenente me chutou com o pé bem forte e quase chorei”, relembra Garrido, em seu depoimento. À violência física, os militares acrescentaram atos degradantes. “Foram colocados em uma jaula de ferro destinada a transporte de onça. Apertados no interior da jaula de ferro por longo período, alguns índios não resistiram e passaram a urinar naquele local. Em razão disso e sob a justificativa de limpar a sujeira e afastar o odor de urina, os militares despejaram baldes de água sobre os índios”, explica o procurador Pettengill Neto. A sessão de tortura, segundo ele, durou toda a madrugada.

O antropólogo Mércio Gomes, ex-presidente da Funai, defende uma punição exemplar aos agressores para afastar qualquer suspeita de que o Exército acoberte excessos. “Imagino que torturar 12 índios de forma explícita seja contra os propósitos e a ética militar”, diz ele. Para Gomes, trata-se de uma excepcionalidade. “No cômputo geral, o Exército tem se portado com bastante consciência sobre seu papel na relação com as populações indígenas”, afirma. A última ocorrência de violência na região foi registrada em 2001. 

O antropólogo destaca que boa parte do contingente militar na fronteira amazônica é formada de indígenas. No entanto, entre os oficiais ainda predomina a presença de brancos, oriundos de Estados de fora da Amazônia. O 1º tenente Samir Ribas, que comandou a ação, por exemplo, é de Fortaleza. Os demais militares vêm de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Nenhum deles foi localizado para comentar o episódio. Questionado pela reportagem, o Exército diz que “aguarda decisão judicial transitada em julgado para adotar as providências determinadas pela Justiça”.

Francisco Loebens, responsável pela área de formação do escritório regional do Conselho Missionário Indígena (Cimi), sustenta, ao contrário do ex-presidente da Funai, que excessos de militares contra índios são comuns. A ausência de registros seria, segundo ele, decorrente do medo de represálias. Para o dirigente do Cimi, é preciso regulamentar a presença militar em terras indígenas, a fim de que “o direito desses povos seja resguardado”. “Difunde-se a lógica de que a segurança nacional está acima da segurança dos cidadãos, e que tudo é permitido em nome dela. Mas está claro que os índios são a parte vulnerável nessa equação e acabam sendo vítimas de abusos”, diz Loebens. Ele sugere que a “atuação militar em terras indígenas contemple as especificidades culturais de cada comunidade”. 

O presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, Abrahão de Oliveira França, da nação baré, afirma que as vítimas da ação militar não portavam droga nem tinham envolvimento com o tráfico. “E, mesmo que tivessem, isso não autoriza a conduta truculenta e desrespeitosa dos militares”, diz ele.
Para Loebens, existe um “ranço autoritário” na forma como as Forças Armadas atuam na região. Todos os militares que servem na fronteira amazônica precisam passar pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), que nos tempos da ditadura militar servia de base de ensino de técnicas de combate à guerrilha. Na ocasião do episódio das torturas dos índios, respondia pelo Comando Militar da Amazônia (CMA) o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, oriundo do Cigs e notabilizado pelas críticas à política indigenista do governo Lula, que classificou de “lamentável e caótica”. Hoje o general Ribeiro Pereira chefia o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, responsável pelo projeto “soldado do futuro”. Outro oficial treinado pelo Cigs foi o general Ivan Carlos Weber Rosas, que comandava a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, responsável pelo 3º PEF, em 2007. Rosas determinou uma sindicância interna para apurar o caso, mas não encontrou “qualquer ato delituoso por parte dos militares”.
Fonte: IHU

Por qué asesinan indígenas en Perú: Susana Deranger

Por qué asesinan indígenas en Perú: Susana Deranger from Peruanista on Vimeo.

Susana Deranger es una activista indígena de la nación Athabasca Chipewyan [First Nation], en Canadá. Susana trabaja con las comunidades indígenas Awajun y Wampis en la región de Cenepa, en el norte de Perú junto a la frontera con Ecuador.

Los Awajun y Wampis fueron parte de la protesta de Bagua, que fue reprimida por el gobierno de Alan García con una masacre el 5 de junio de 2010. Los nativos peruanos demandan el respeto de sus territorios, contra los planes del gobierno de permitir el ingreso de empresas privadas de minería, petróleo, madereras y de agro industria a esa región.

En esta entrevista, Susana Deranger explica detalles de la matanza de Bagua, del trabajo realizado en las Escuelas Ancestrales de la Organización Central de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, ODECOFROC; y finalmente nos da a los peruanos un mensaje que tenemos que escuchar y compartir.

Chiapas: paramilitares hostigan a comunidades indígenas

21-07-2010

Entrevista a Jorge Armando Gómez, coordinador del área de Trabajo Regional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

"Paramilitares en Chiapas: una estrategia de la Secretaría de Defensa mexicana"

Leandro Albani

Resumen Latinoamericano

Aunque el gobierno mexicano asegure que en el país se combate la violencia paramilitar, un recorrido por el estado de Chiapas muestra lo contrario. Estos grupos financiados, armados y entrenados con dinero del Ejecutivo e instructores del Ejército, todavía siguen en actividad. Si bien su presencia es más solapada y esporádica que a mediados de 1990, continúan armados y hostigando a comunidades indígenas, con el pretexto de detener el “avance zapatista”.

Las pruebas sobre la actividad paramilitar sobran: asesinatos, masacres como la ocurrida en el poblado de Acteal en 1997, robos de cosechas y ganado es un tema de conversación siempre presente cuando se recorren las comunidades. Todos los habitantes saben que están ahí, esperando nuevamente una orden para desenterrar sus armas y cometer toda clase de delitos. Quienes viven en las comunidades tienen claro también que las diferentes instancias gubernamentales sostienen una complicidad de muchos años con el paramilitarismo.

Entrevistado por Resumen Latinoamericano, Jorge Armando Gómez, coordinador del área de Trabajo Regional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), habló sobre la actualidad en Chiapas, la presencia paramilitar -ahora disfrazada en “organizaciones civiles”-, la complicidad de los gobiernos con estos grupos, y el rumbo que la mayoría de la clase política busca para México: la “colombianización” del país a través del Plan Mérida.

Conocido internacionalmente, el Frayba lleva a cabo un trabajo sistemático desde 1998 recolectando información y denunciando los crímenes, tanto de paramilitares como del Ejército. Quien lea algunos de sus informes anuales (www.frayba.org.mx), se encontrará con una situación crítica en Chiapas, donde la criminalización de la protesta está a la orden del día, mientras las comunidades indígenas resisten desde hace años toda clase de vejaciones.

-¿Cuál es la situación actual en Chiapas con respecto al paramilitarismo, sobre todo en relación con las comunidades indígenas?
-Para hablar de los grupos paramilitares hay que ver el antecedente. Estos se crearon como un experimento de la Secretaría de la Defensa Nacional para ciertas regiones de Chiapas donde, según documentos, el Ejército identificaba hacia dónde se podía expandir la influencia zapatista. En la zona que directamente estaba identificada como zapatista aplicaron la militarización. En la zona que ellos decían que se podía extender la influencia, crearon grupos paramilitares. Ellos cometieron miles de crímenes de lesa humanidad: desapariciones, ejecuciones, violaciones, además de muchos desplazados.

Esto empezó en 1995, sobre todo en la zona norte del Estado, en los municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua, y hacia la parte de Los Altos, donde la punta del iceberg fue la masacre en Acteal en 1997. Como esto es una estrategia creada desde la Secretaría de la Defensa Nacional , se va modificando, entonces si el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) ha caminado más por una vía civil y pacífica, modificaron esa estrategia. Entonces todos esos grupos paramilitares empezaron a esconderse en organizaciones civiles, sin embargo siguen existiendo, nunca fueron desarmados y tomaron causes “institucionales”. A lo que ahora se dedican es a hostigar a las comunidades, a las organizaciones y, principalmente, a las bases civiles del EZLN.

-¿Estos grupos paramilitares tuvieron entrenamiento directo del Ejército mexicano?
-Nosotros documentamos que tenían fuertes vínculos con el comandante de toda la región que va de Tuxtla hasta Tabasco. Fueron ellos quienes les dieron adiestramiento, las armas y el dinero. Para eso se utilizaron recursos de programas federales y estatales, entonces es todo un diseño de funcionarios que operan en esta lógica. También los presidentes municipales actuaron en esa lógica.

-Una de las justificaciones de la existencia del paramilitarismo por parte del discurso oficial, fue el supuesto conflicto entre las propias comunidades indígenas. Tanto paramilitares como gobierno, ¿esgrimen otras razones para justificar la violencia que llevan adelante?
-Esa es la razón donde buscan ocultar el conflicto. Esos grupos actúan movidos por funcionarios de gobierno, siempre terminamos documentando quiénes son los funcionarios y de dónde vienen las líneas de mando para hostigar. Lo que más bien se argumenta es que son conflictos comunitarios y de esta forma el Estado niega queson ellos y que están detrás de esa estrategia. Es lo que nosotros llamamos “estrategia integral de contrainsurgencia”, que es la militarización del Estado, la creación de grupos paramilitares para sembrar el terror, y toda la acción de las políticas de cooptación y división de las comunidades.

-¿Qué cantidad de grupos paramilitares pudo registrar el Frayba en todos estos años?
-Han ido cambiando, pero hay varios informes del Frayba donde están documentados todos los grupos. Uno de los más fuertes era el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), que se forma en la parte de Las Cañadas, en la zona donde está más militarizado. Otros grupos son Los Chinchulines, en la zona de Chilón, y los Máscaras Rojas que se identificaban en la zona de Los Altos. Pero ha ido cambiando esta estrategia y se han ido “institucionalizando”.
Lo que pasó, y que nosotros fuimos monitoreando en los últimos tres o cuatro años, es que estos grupos se unieron, formaron alianzas territoriales y tienen la misma lógica de expansión y ocupación que los militares. Hay una organización que se llama OPDDIC (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos), donde se fusionó el MIRA y Los Chinchulines, entonces la OPDDIC creció mucho en la zona de Las Cañadas y corre hacia la zona norte de Chilón. Otra organización es Paz y Justicia, donde son todos paramilitares, pero siempre fue una “organización civil” que en el interior tenía un grupo paramilitar. Paz y Justicia sigue existiendo y tiene su sede en la ciudad de Palenque. Por otro lado, la parte más radical de este grupo se dividió y se fue a la zona norte.

-¿Cómo analizan ustedes el hecho de que el paramilitarismo recluta gente de las propias comunidades indígenas?
-Este es uno de los grandes retos que se tienen. Es lamentable, porque esta es la parte psicológica de la estrategia de contrainsurgencia: sembrar el terror y la división en las comunidades. Lo bello, maravilloso y la gran riqueza y aporte histórico que tienen los pueblos indígenas a nuestro país y a nuestra América Latina, es el sentido comunitario de la vida, de la lucha y de la esperanza. El gobierno, lo que busca, es atentar contra el corazón del tejido comunitario y llenarlo de miedo y odio. Eso es un crimen contra la humanidad. ¿Entonces qué pasa? Las comunidades están divididas, llenas de odios y rencores, miedos muy presentes en las poblaciones, miedos a organizarse, la palabra “organización” en algunas partes, donde fueron más crudos los paramilitares, genera miedos. Pero hay que ir recuperando el sentido de esperanza, que ellos rompieron. Eso es lo más fuerte, ver cómo el gobierno atenta contra el sentido de esperanza, que es atentar contra el sentido final de la humanidad. Pero los pueblos vienen resistiendo más de quinientos años a guerras muy crudas, a estrategias de exterminios, entonces esto es un capítulo más y nosotros tenemos la esperanza que vamos a salir adelante. El aporte histórico de los pueblos indígenas es que logran salir adelante pese a todo.

-¿El Frayba tuvo algún registro de que los paramilitares fueron entrenados directamente o tuvieron algún contacto con la Central de Inteligencia estadounidense (CIA) o el Ejército norteamericano?
-A lo grupos paramilitares no, porque la CIA le daba la asesoría directamente a los militares mexicanos, entonces los militares ya operaban la estrategia. No tenemos registros de que hayan entrado en los pueblos, pero a partir de 1994 México comienza a enviar a todos sus mandos militares a lo que fue la Escuela de las Américas. Ahí se formaron todos los mandos militares que después estuvieron en Chiapas. Sí sabemos de la presencia de agentes de la CIA en México. El año pasado, la organización que desclasifica los archivos de seguridad nacional de Estados Unidos, reveló uno documentos que eran cables de sus enviados en México. Es una clara muestra de que aquí estaban presentes, además de toda la asesoría y educación en la contrainsurgencia de los militares mexicanos que fue por parte del Ejército de Estados Unidos.

-¿El Frayba cómo ve a futuro la presencia paramilitar y militar en Chiapas?
-Lo que nosotros estamos viendo es que México va rumbo a colombianizarse. Los políticos son cada vez más cínicos al decir que tenemos que ir hacia ese rumbo. Nosotros lo preveíamos cuando empezamos a monitorear cómo se estaba dando todo esto. Cada vez es más claro y los políticos son bastante cínicos para decir que tenemos que aplicar un Plan Colombia, aunque ahora está el Plan Mérida que es una cosa parecida. Esto va creciendo, lo que pasó en Chiapas está pasando en todo el país y vemos que se va a recrudecer. Esto va a suceder porque el sistema político mexicano está fracturado, debilitado, deslegitimado y cada vez hay más conflictos sociales por todas partes. Con un gobierno, representante del Estado, tan debilitado no les está quedando otra que aplicar la fuerza.

Es lo más claro que se vio en este cambio de cuando salió Vicente Fox y entró Felipe Calderón a la presidencia. Calderón entró con una alianza con los militares, a darles mucho dinero a los militares, eso está claro en los presupuestos. Llegó a militarizar las policías, sacar a los soldados del Ejércitos y enviarlos con todas sus prestaciones y rangos a la Policía Federal , que es la que se encargó de hacer la represión, por ejemplo en Atenco y en Oaxaca. Ante esto, el único recurso que le queda al gobierno es estar golpeando a la población, pero al seguir golpeando ellos creen que van a fortalecer su legitimidad, pero al contrario, se están deslegitimando más. Entonces hay dos escenarios: el que se quede pasmado y con miedo, o el que se organice y luche.

Nosotros tenemos esa gran esperanza, porque es la experiencia y aprendizaje que como Frayba tenemos de los pueblos indígenas en Chiapas. Ante tanto dolor y tanto sufrimiento, siempre está la esperanza, que es lo último que se pierde. Esos escenarios vemos, pero con muchas esperanzas, porque hay también muchos movimientos sociales en México. Invisibles cada vez más por los grandes medios, pero ahí están, hay mucha comunicación desde abajo. Y desde abajo vamos construyendo y sabemos que hay muchos compañeros y compañeras, organizaciones, colectivos, familias, comunidades, y por ahí vamos a caminar.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2073&Itemid=1&lang=es

Fuente de la fuente: Rebelión

NUEVO COMUNICADO DE MUNICIPIO DE SAN JUAN COPALA

Comunicado: 8 de junio del año 2010 quedará registrado en la historia

Junio 6, 2010

por autonomiaencopala

A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A las organizaciones sociales y civiles
A los organismos no gubernamentales de derechos humanos
A la otra campaña

El día martes 8 de junio del año 2010 quedará registrado en la historia de las comunidades indígenas de Oaxaca, recordando que la solidaridad desinteresada es la máxima expresión de ternura y amor en el ser humano.

Esta fecha también será recordada porque se podrá comprobar que aun en medio de la diferencia podemos caminar juntos para mostrar que hay todavía quizá una “última” esperanza en poder construir un mundo más justo y más humano; que seguramente empezará cuando el que mande, mande obedeciendo.

Agradecemos a todos esa ternura y ese amor. A los que caminan para conocer la propuesta política de San Juan Copala, y sabemos que los que acompañan esta caravana sabrán respetar nuestro proyecto de autonomía; que  estamos seguros es el camino hacia una vida de justicia y dignidad.

Todos sabemos que las nuevas amenazas que hoy aparecen en medios escritos de comunicación lanzadas por el dirigente de una banda de criminales que opera en la región triqui obedecen la orden criminal del poderoso que mal gobierna nuestro estado, y son las mismas amenazas que este sicario había lanzado días anteriores al 27 de abril, fecha en que dieron muerte a nuestros compañeros Bety Cariño y Jiry Antero, quienes ofrendaron su vida por nuestro proyecto y nuestro sueño.

Por lo tanto, exigimos que los gobiernos estatal y federal asuman su responsabilidad de garantizar el libre tránsito y la seguridad de la Caravana y de nuestros compañeros y compañeras de San Juan Copala. Ante su ausencia y silencio los hacemos responsables de cualquier acto de provocación que pudiera sufrir esta misión humanitaria; porque con su actitud están permitiendo que el sicario asesino y su grupo criminal amenacen e intimiden con total impunidad.

Así mismo denunciamos que este grupo de criminales ha bloqueado, en la noche de ayer y madrugada de hoy, la carretera a la altura de la comunidad de la Sabana con piedras muy grandes que colocaron en tres diferentes puntos, seguramente con maquinaria pesada para que no puedan ser removidas fácilmente.
Exigimos al mal gobierno de Oaxaca que ordene a este grupo paramilitar a su servicio, que despejen la carretera; pues la ayuda que esta caravana trae consigo es la esperanza para que más de setenta familias, donde la mayoría son niños y ancianos, sobrevivan. De lo contrario estaríamos viendo como, poco a poco, se irán muriendo de enfermedades curables y de hambre.

Sabemos que esta caravana está conformada por gente de varias organizaciones civiles, centros de Derechos Humanos, Iglesias, grupos solidarios, organizaciones políticas, sindicatos, medios de comunicación, colectivos, hermanos indígenas, y por personas en lo individual; por eso pedimos de manera fraterna a quienes la integran se conduzcan con respeto y tolerancia, al mismo tiempo acaten las indicaciones que les darán los coordinadores que la asamblea comunitaria de San Juan Copala ha designado para este fin, pues de esto dependerá el éxito de tan noble tarea.

Así mismo, les pedimos a todas las organizaciones, colectivos y personas que se han solidarizado con nuestra causa y que han exigido el castigo de los responsables de los asesinatos de nuestros compañeros Bety y Jyri alrededor del mundo, a que se sumen espiritual y políticamente desde sus países y ciudades de origen a la Caravana del 8 de junio, con acciones solidarias y manifestaciones frente a las embajadas y consulados de México en sus países; solicitando a las autoridades mexicanas en esos países información sobre la caravana y sobre las condiciones de vida de San Juan Copala, o con cualquier otra acción que consideren buena para solidarizarse y apoyar.

Reafirmamos que estos comunicados son la forma de dar a conocer nuestra palabra y añadimos que todos los comunicados o boletines deben llevar al menos una firma de quien la comunidad designe para esta comisión. Así mismo les damos la dirección del blog que se ha creado para conocer su palabra y que conozcan la nuestra si así lo tienen a bien, y que es el único del que  nos responsabilizamos: http://autonomiaencopala.wordpress.com/

Respetuosamente,

Municipio Autónomo de San Juan Copala

Casimiro Martínez Aguilar
Vocero.

Nota de desagravo da ANAI à revista Época em defesa ao povo Tupinambá

Nota de desagravo da ANAI à revista Época em defesa ao povo Tupinambá

Fonte: Centro de Midia Independente

Nota de desagravo do povo Tupinambá, alvo de matéria da Revista Época de 23/11/09, intitulada O Lampião Tupinambá: Quem é Babau, o Tupinambá que aterroriza o Sul da Bahia.

Nota de desagravo da ANAI à revista Época em defesa ao povo Tupinambá

No último dia 23 de novembro, a Revista Época publicou matéria intitulada o “Lampião Tupinambá”, com a manchete de capa: Índio em Guerra: Quem é Babau o Tupinambá que aterroriza o sul da Bahia?

Tal matéria, como tantas outras que costumam ser veiculadas na mídia nacional, reveste-se de sensacionalismo e de uma clara preocupação com determinados interesses econômico-fundiários, ao tempo em que demonstra, por outro lado, profundo desconhecimento acerca dos processos políticos, identitários e culturais dos povos indígenas no Nordeste.

Rosivaldo Ferreira da Silva, o Cacique Babau, líder de destaque no cenário dos povos indígenas do Nordeste, foco da reportagem da Época, representa 130 famílias tupinambás da Serra do Padeiro que vêm se destacando pelo crescente fortalecimento da sua cultura e luta pelo direito à terra de seus antepassados, da qual foram historicamente esbulhados. Essa luta está intrinsecamente relacionada ao culto aos encantados, a própria localidade da Serra do Padeiro sendo considerada, pelos índios aí estabelecidos, como morada dos encantados. É oportuno lembrar que os Tupinambá (da Serra do Padeiro, no município de Buerarema, e de Olivença, município de Ilhéus) são descendentes de famílias indígenas do aldeamento jesuítico de Nossa Senhora. da Escada de Olivença, criado no século XVII para reunir índios sobretudo das etnias Tupinambá/Tupiniquim, tradicionais habitantes da região costeira de Ilhéus.

A história Tupinambá é fortemente marcada por espoliações de terra, massacres e torturas e pela atuação destacada de grandes protagonistas, símbolos da resistência indígena, a exemplo de Marcelino José Alves, "o caboclo" Marcelino, que, no período compreendido entre 1929 - 1936, foi vítima de perseguição policial e considerado o inimigo público número um do sul da Bahia, sendo comparado -- assim como o cacique Babau o é, hoje -- ao bandido social Lampião, e suas ações às da Coluna Prestes e do líder Luis Carlos Prestes, numa época em que o comunismo era considerado o terror vermelho. A imprensa do período tratava-o ora como um bugre (índio não domesticado/selvagem), ora com um bandido comum, não índio, que pretendia se fazer passar por tal motivado por interesses escusos.

É lamentável que em pleno século XXI a imprensa continue utilizando as mesmas práticas de criminalização de valorosos líderes indígenas, mediante rótulos que ao tempo em que os estigmatizam, defendem os interesses de latifundiários e grandes "empreendedores", tais como aqueles que fizeram de Olivença, no passado, uma estância hidromineral para o lazer das famílias abastadas de Ilhéus e adjacências, às custas da expulsão dos Tupinambá.

Reafirmamos, nesta oportunidade, o nosso apoio incondicional à luta Tupinambá por seu território tradicional, assim como saudamos o povo Tupinambá e seus líderes.

Salvador da Bahia, 04 de Dezembro de 2009

Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAÍ)

Programa de Pesquisas Sobre Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro (PINEB/UFBA)

* * *

Declaração de Solidariedade ao Cacique Babau e de apoio as lutas dos povos indígenas.

A Organização Popular Aymberê (OPA), manifesta sua solidariedade ao Cacique Tupinambá Babau, mais uma vítima da ação do Estado Brasileiro de criminalizar a pobreza e os movimentos sociais.

Entendemos que a luta dos povos indígenas, assim como as lutas nos campos e nas cidades são práticas populares legítimas, que possuem como reivindicação comum a luta pela terra, além da garantia de demais elementos materiais e espirituais necessários a vida humana.

Pelas lutas populares!

Em defesa das lutas dos povos indígenas!

Pela libertação imediata do Cacique Babau!

Contra a criminalização da pobreza e dos movimentos sociais!

Organização Popular Aymberê
www.opaymbere.wordpress.com

Cimi emite nota sugerindo intervenção federal em MS

Acesse http://www.cimi.org.br/

Cimi emite nota sugerindo intervenção federal em MS
26/11/2009 - 16:15 h (do Dourados Informa)

O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) emitiu agora à tarde uma nota pública onde sugere a intervenção federal em Mato Grosso do Sul por causa das ações do Governo do Estado para impedir os estudos antropológicos da Funai e dos ataques sofridos pelos índios.

Veja a íntegra:

"NOTA PÚBLICA
Intervenção Federal em Mato Grosso do Sul: única forma de conter o processo de genocídio em curso

O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) manifesta seu repúdio e sua indignação diante das ações do governo de Mato Grosso do Sul em impedir que os grupos de trabalho criados pela Fundação Nacional do Índio (Funai) procedam os estudos antropológicos na região, agredindo com isso os direitos constitucionais dos povos indígenas, especialmente dos Guarani-Kaiowá e do povo Terena.

Indignamo-nos também com o descaso do Governo Federal que nada faz diante dos ataques praticados por "agentes de segurança" dos fazendeiros contra comunidades indígenas; com a falta de segurança aos grupos de trabalho que desenvolvem os estudos de identificação das áreas; e com a morosidade na execução dos procedimentos de demarcação das terras naquele estado, conforme determinam as portarias do órgão indigenista.

No mês de outubro, os barracos de duas comunidades Guarani-Kaiowá (Laranjeira Ñanderu e Apyaka´y) foram incendiados por "agentes de segurança" das fazendas. Na ocasião, o indígena Eugênio Gonçalves, de 62 anos, foi baleado.

No mês de novembro, após um violento despejo ilegal praticado por "agentes de segurança", dois professores Guarani-Kaiowá, Genivaldo Vera e Rolindo Vera, foram arrastados pelos cabelos e sequestrados. Dias depois, o corpo de um deles foi encontrado com marcas de violência, preso a um galho de árvore, no córrego Ypoi, distante 30 quilômetros do local do crime. A polícia suspendeu as buscas ao professor desaparecido, ao mesmo tempo em que o governador André Puccineli levantou, na imprensa local, a infame suspeita de que o professor não encontrado teria fugido após assassinar o parente, com quem atuava na educação e na reconquista do territíorio de seu povo.

Outro fato criminoso ocorreu no dia 19 de novembro, agravando ainda mais o clima de tensão e violência. Naquela ocasião, um batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul protegeu 80 homens armados de uma milícia particular que realizou o despejo de uma comunidade Terena, à revelia da decisão do Tribunal Regional Federal, 3ª Região, que determinou que o povo Terena permanecesse naquelas terras, até que a ação principal movida contra a demarcação fosse julgada.

Fomos informados que a comunidade de Kurussú Ambá, do povo Guarani-Kaiowá, realizou na noite de 24 de novembro uma retomada de parte de seu território tradicional, na divisa entre Amambaí e Coronel Sapucaia. De acordo com informações recebidas das lideranças indígenas, em resposta a esta ocupação, na noite de ontem, 25/11, mais de 10 veículos transportando homens armados, acompanhados por viaturas do DOF/Polícia Militar, dispararam dezenas de tiros contra a comunidade e ameaçaram fazer o despejo dos indígenas, à luz do dia e a qualquer custo. Nos anos de 2007 e 2008, somente nessa comunidade, três indígenas foram assassinados sem que nenhuma investigação tenha sido concluída.

Diante de tais fatos, exigimos que o Ministério da Justiça investigue, através da Polícia Federal, os atos de violência e promova o desarmamento das milícias particulares envolvidas em ações contra os povos indígenas, bem como determine que se proceda a uma séria e ampla investigação quanto às ações ilegais de fazendeiros e os denuncie judicialmente. Enfatizamos que a garantia da integridade física dos povos indígenas é responsabilidade do Governo Federal.

O Cimi, que defende o Estado Democrático de Direito, aponta para a necessidade de uma intervenção federal em Mato Grosso do Sul, como única forma de conter o processo de genocídio contra os povos indígenas iniciado naquela unidade da federação e garantir os direitos constitucionais de todos.

Uma vez mais afirmamos que a demarcação das terras indígenas é fundamental para que os povos possam viver dignamente. O Cimi conclama a sociedade brasileira a se unir à luta dos Guarani-Kaiowá, Terena e demais povos ameaçados em sua sobrevivência física e cultural.

Somamo-nos aos Guarani-Kaiowá que afirmam não entender um país em que um boi vale mais que uma criança.

Luziânia-GO, 26 de novembro de 2009

Cimi Conselho Indigenista Missionário"

Professores Guarani foram assassinados

Índigenas guaranis
Foto postada em ceget.blogspot.com

5/11/2009 - Professores Guarani foram assassinados

“A gente não tem mais o que esperar. Depois de cinco dias e cinco noites a gente mesmo vai ao local tentar encontrar nossos professores. Não é só os parentes que estão muito preocupados. Toda a comunidade de Pirajuí (quase três mil indígenas) estamos preocupados e vamos tomar providencias. Estamos reunidos dia e noite. Que as autoridades acompanhem. Tem que morrer mais dois ou três pra nois ter um pedacinho de terra?” pergunta uma das lideranças do grupo.

O artigo é de Egon Heck, coordenador do CIMI-MS, escrito no dia 04-11-2009.

Visivelmente revoltados e preocupados com o silêncio e nenhuma informação a respeito dos professores Guarani Rolindo Véra – 23 anos, filho de Catalino e Cilda Gimenes Vera, e Genivaldo Véra, 22 anos, filho de Bernando e Francisca Véra, os indígenas, em meio à angustiante situação, buscam organizar ações na perspectiva de localizar os professores. A cada hora que passa mais cresce o temor de que tenham sido assassinados. Bernando, pai de um dos professores, que mal consegue falar em algo em português, disse que não conseguiria falar a respeito, pediu que outra liderança contasse o que estão sentindo neste momento.

A polícia federal já está há três dias na região, buscando informações sobre os professores desaparecidos e autores das violências contra os índios.

Fazendeiro foragido

Conforme informações da região, o fazendeiro da fazenda São Luiz, Firmino Escobar, onde se localiza o tekoha Ypo’i, evadiu-se. Como cresce a hipótese de assassinato dos dois professores, certamente a consciência dos responsáveis deve ter pesado, dando lugar à fuga. Conforme os indígenas ele já teria retirado todas as suas coisas da fazenda.

Indígenas das aldeias de Jaguapiré e Sassoró, município de Tacuru, estão a caminho da aldeia Pirajuí para ajudar na busca dos professores desaparecidos. Igualmente os da aldeia de Amambaí. Juntos procuram notícias sobre os desaparecidos.

Notícias sobre os corpos encontrados

A partir do inicio da tarde começaram a chegar as informações de que os corpos dos dois professores indígenas foram encontrados. Apesar de não se dispor de informações mais detalhadas é essa a lamentável informação. O pior. Não queríamos até há pouco acreditar nesta hipótese.

Esta confirmação demonstra a continuidade dessa guerra declarada contra os Guarani e Kaiowá no reconhecimento de suas terras. Não restam dúvidas quanto ao processo genocida em curso. Chama atenção o fato de jovens professores indígenas estarem sendo assassinados por lutarem pelo sagrado direito de seu povo à terra. Escrevem com letras de sangue seu compromisso com a vida e futuro de seu povo. Talvez o gesto heróico de Rolindo e Genivaldo seja o início de um processo de reconhecimento das terras Kaiowá Guarani. Que os responsáveis pela perpetuação desse conflito, pela não demarcação das terras, exigidas à 30 anos pelo Estatuto do Índio e há 16 anos pela Constituição, sejam responsabilizados pelas centenas de vidas sacrificadas ao altar de um chamado “progresso”, que não verdade tem significado decreto de morte de povos, comunidades e lideranças indígenas.

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Nueva orden de aprehensión en contra de David Valtierra, fundador de Radio Ñomndaa

Herman@s, compañer@s de lucha, organizaciones sociales, organizaciones y comunidades indígenas, Centros independientes de Derechos Humanos, ONGs, Colectivos y compañer@s en lo individual, Radios y Medios Libres y comunitarias: Una vez más nos dirigimos a ustedes para solicitar su solidaridad y darles a conocer la situación que estamos viviendo como pueblo, como organización y en especial la [...]